El juez consulta a Hacienda si los duques de Palma tienen bienes en extranjero

El instructor del caso N¨®os, Jos¨¦ Castro, volvi¨® a ampliar ayer las l¨ªneas de investigaci¨®n econ¨®mica y fiscal que dict¨® sobre la infanta Cristina en relaci¨®n con la trama de supuesto fraude de su esposo, I?aki Urdangarin. Ahora ha solicitado a la Agencia Tributaria en Catalu?a que le informe si los duques de Palma han declarado tener bienes, fondos y derechos en el extranjero desde 2002. El juez trabaja para documentar indicios de delitos fiscales y blanqueo de capitales de la hija del Rey, seg¨²n la senda que le marc¨® la Audiencia de Palma. Tres comisiones rogatorias en Andorra, Luxemburgo y Suiza detectaron meses atr¨¢s cuentas opacas de la trama de N¨®os, en especial de Diego Torres, exsocio del duque. La comisi¨®n judicial de Suiza no ha concluido y alude supuestamente a un negocio de Urdangarin.

Las nuevas indagaciones abarcan a los dos socios del Instituto N¨®os y a sus parejas y a otros imputados: el secretario de las infantas, Carlos Garc¨ªa Revenga, y los hermanos Miguel y Marco Tejeiro, asesores fiscales. Hacienda debe filtrar las operaciones y registros de la malla de fundaciones y empresas pantalla y reales que se extendi¨® desde N¨®os, con hasta 15 referencias societarias. Torres y Urdangarin cruzaron y triangularon facturas para aparentar actividad econ¨®mica, gastos y aminorar impuestos, seg¨²n la Fiscal¨ªa.

El juez Castro cree que los cargos valencianos? "se doblegaron" ante I?aki Urdangarin?

El juez hab¨ªa ampliado a la ¨²ltima d¨¦cada (2002-2012) el per¨ªodo de rastreo exhaustivo de los inspectores de Hacienda sobre el patrimonio, cuentas y cuotas tributarias de la Infanta, a la que hab¨ªa reclamado sus declaraciones del IRPF de este per¨ªodo. El instructor, en esta ¨²ltima encomienda a Hacienda del examen de los posibles bienes en el exterior, atiende a una petici¨®n del pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias, que pidi¨® que se comprobase si los investigados usaron el modelo de declaraci¨®n tributaria 720, obligatorio para quienes tienen bienes en el extranjero.

El yerno del Rey carga con una acusaci¨®n inicial de tres delitos fiscales, dos por el IRPF y uno por el impuesto de sociedades. Su exsocio afronta una acusaci¨®n de fraude fiscal por el impuesto de sociedades. La Audiencia de Palma sospecha que la Infanta pudo ser ¡°supuesta cooperadora omisiva de socio no administrador¡± en el fraude fiscal y el blanqueo, por su papel de copropietaria con Urdangarin de la compa?¨ªa familiar Aizoon, que fue usada, seg¨²n el tribunal, como sociedad pantalla para defraudar.

Por otra parte, el juez ha enmarcado en una exposici¨®n razonada de 70 folios hasta cuatro posibles delitos de los que ve indicios para que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana impute al expresidente regional Francisco Campos y la alcaldesa de Valencia, Rita Barber¨¢. El instructor, que imput¨® al expresidente balear Jaume Matas por hechos semejantes, cree que Camps y Barber¨¢ pudieron cometer malversaci¨®n, prevaricaci¨®n, fraude a la administraci¨®n y falsedad en documento oficial. Valencia destin¨® 3,5 millones a la red de N¨®os y Baleares, 2,3. La condici¨®n de aforados de Camps y Barber¨¢ obliga a Castro a inhibirse.

El instructor desgrana el encuentro que Urdangarin convoc¨® con ambos, en 2004, en el palacio de la Zarzuela ¡°para mayor impacto psicol¨®gico¡± y cerrar el primero de los convenios. Ambas autoridades se ¡°doblegaron a las exigencias de don I?aki Urdangarin¡±. ¡°Sin el benepl¨¢cito¡± de Camps, indica el juez, ¡°no se comprende ese sometimiento de la Generalitat Valenciana a las exigencias¡± de Urdangarin, ¡°cuya presencia detr¨¢s de la Asociaci¨®n Instituto N¨®os era de dominio p¨²blico en el ¨¢mbito de dicha Administraci¨®n¡±. Las sociedades p¨²blicas que vehicularon los pagos, sin control ni apoyo jur¨ªdico, fueron la Fundaci¨®n Turismo Valencia Convention Bureau y Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa). En la causa, resalta el juez, la ex alto cargo de Cacsa Elisa Maldonado se neg¨® a pagar facturas que libr¨® N¨®os por 1,98 millones. ¡°Todas las contrataciones se adjudicaron ¡®a dedo¡¯, asintiendo verbalmente los aforados [Camps y Barber¨¢] a cuanto se les ofrec¨ªa, sin estudios previos de viabilidad t¨¦cnica ni de mercado, en marcos geogr¨¢ficos absolutamente impropios y orillando por completo las normas sobre las contrataciones p¨²blicas¡±, escribe Castro.