El juez abre la v¨ªa para juzgar a Jos¨¦ Blanco por tr¨¢fico de influencias

El juez del Tribunal Supremo Jos¨¦ Ram¨®n Soriano ha pedido que se tramite el suplicatorio ¡ªla solicitud al Congreso para proceder contra una persona con inmunidad parlamentaria¡ª, para poder imputar formalmente y en su caso juzgar al exministro socialista de Fomento y actual diputado Jos¨¦ Blanco en relaci¨®n a un delito de tr¨¢fico de influencias. La infracci¨®n penal habr¨ªa consistido en influir ante un alcalde socialista para que su amigo, el empresario Jos¨¦ Antonio Orozco, se ahorrase entre 150.000 y 500.000 euros en la obra de una nave junto al aeropuerto del Prat (Barcelona). El magistrado ha rechazado que el suplicatorio se refiera tambi¨¦n a un delito de prevaricaci¨®n, como ped¨ªa el fiscal.

Jos¨¦ Blanco, que asegura que dimitir¨¢ como diputado si se llega a abrir juicio oral contra ¨¦l, ha anunciado que recurrir¨¢ la decisi¨®n del juez ante la Sala de lo Penal. Aunque el exministro ya declar¨® como imputado en el procedimiento en enero de 2012, el suplicatorio no se hab¨ªa tramitado porque el exministro solicit¨® en su d¨ªa declarar voluntariamente. Pero es necesario si el juez tiene intenci¨®n de continuar con el procedimiento y para que, eventualmente, Blanco pueda ser juzgado.

A lo largo de la investigaci¨®n se han ido modificando los hechos y los delitos por los que se acusa al exministro. La causa se inici¨® hace un a?o y medio por un supuesto pago de 200.000 euros en billetes de 500 recibido por el exministro de manos de un empresario, Jorge Dorribo, imputado en Lugo por fraude de subvenciones p¨²blicas. Presuntamente, el pago se habr¨ªa llevado a cabo para que Blanco realizara dos gestiones: una ante el Ministerio de Econom¨ªa para una subvenci¨®n y otra ante Sanidad para que se agilizara una licencia para comercializar medicamentos unidosis en favor de la empresa de Dorribo. Pero las ayudas no llegaron a concederse y, ante la falta de pruebas para seguir adelante, el delito de cohecho no aparece ni en el auto del juez ni en la petici¨®n que en su d¨ªa present¨® el fiscal para tramitar el suplicatorio.

El fiscal ci?¨® en ese momento los delitos a dos: tr¨¢fico de influencias y prevaricaci¨®n (dictar una resoluci¨®n injusta a sabiendas). Pero los argumentos para defender este ¨²ltimo ¡ªintroducido a ¨²ltima hora despu¨¦s de que el fiscal general del Estado celebrara una serie de reuniones consultivas con cuatro fiscales de Sala¡ª no quedaban explicados en el escrito del ministerio p¨²blico.

El juez, que ha aceptado las tesis de la defensa de Blanco en este punto y no pide el suplicatorio por prevaricaci¨®n, argumenta que ¡°no acaba de detectar el prop¨®sito del fiscal¡± con la referencia al delito de prevaricaci¨®n, que reduce a dos alternativas: o Blanco, con el tr¨¢fico de influencias, indujo a alguna autoridad a emitir una resoluci¨®n injusta o la inducci¨®n a la prevaricaci¨®n es una calificaci¨®n subsidiaria.

En cualquier caso, como Blanco no dict¨® ninguna resoluci¨®n, lo ¨²nico que pudo hacer fue inducir a la prevaricaci¨®n, no prevaricar directamente. Y el juez considera an¨®malo que el fiscal pretenda dirigirse contra el inductor ¡°sin exigir responsabilidades penales al autor o autores directos¡±: los que concedieron la licencia supuestamente injusta. El magistrado, en todo caso, reserva el derecho al fiscal para que en lo sucesivo pueda acusar por prevaricaci¨®n, pero se?ala que ¡°de momento parece inadecuado procesalmente imputar¡± este delito a Blanco.

As¨ª pues, el delito por el que el juez pide la tramitaci¨®n del suplicatorio es uno: tr¨¢fico de influencias. ?C¨®mo se lleg¨® a este delito desde el presunto cohecho inicial? Fundamentalmente, a trav¨¦s de unas conversaciones telef¨®nicas que seg¨²n el fiscal apuntan a que Blanco habr¨ªa favorecido la entrega de una licencia para una nave en Sant Boi, en cuyo Ayuntamiento gobernaba el PSOE, en favor de su amigo Orozco, y encomendado la gesti¨®n de llamar al alcalde a su secretario de Estado de Transportes, Isa¨ªas Taboas.

Blanco neg¨® haber pedido que se llevara a cabo esa llamada. Pero el juez defiende que Orozco, ante las dificultades que surgieron para conseguir la licencia ambiental para construir la nave industrial, busc¨® ¡°otras v¨ªas¡± para obtenerla que no pasaran por alternativas que le iban a suponer importantes desembolsos econ¨®micos. Para ello, supuestamente, habr¨ªa pedido a Blanco que intercediera en su favor con el alcalde socialista. ¡°Es determinante el cambio de actitud del Ayuntamiento despu¨¦s de las reuniones con el alcalde, provocadas por el aforado¡±, indica el magistrado. ¡°Tales reuniones buscaban una soluci¨®n pol¨ªtica al tema (el alcalde no es t¨¦cnico en la materia) cuando la raz¨®n denegatoria de la licencia ten¨ªa su base en el incumplimiento de las condiciones t¨¦cnicas¡±.

El t¨¦cnico del Ayuntamiento de Sant Boi encargado del asunto declar¨® que la llamada del secretario de Estado no influy¨® en la concesi¨®n de la licencia. Pero el juez habla del poder de influencia de un ministro sobre un alcalde. ¡°En la declaraci¨®n del Secretario de Estado, Sr. Isa¨ªas T¨¢boas, qued¨® claro que actuaba como mandatario del primero \[...\] No es preciso que se especifique en sus detalles la capacidad de influir del ministro, vicepresidente del Gobierno y alto cargo del Partido Socialista, en una autoridad que pertenece a un partido hermano \[...\] En cualquier caso, la jurisprudencia ha entendido que la afinidad pol¨ªtica y el desempe?o de ciertos cargos de tal naturaleza puede constituir una forma de presi¨®n o influencia en la persona que tiene que dictar la resoluci¨®n¡±, concluye el juez. Y agrega: ¡°Tal extremo ha de quedar reservado a la valoraci¨®n del tribunal sentenciador si la causa llegara a ese tr¨¢mite¡±.