Claves del varapalo del Consejo de Estado a la reforma local

El dictamen que el Consejo de Estado ha emitido sobre el anteproyecto de ley para la reforma de los Ayuntamientos es una aut¨¦ntica bofetada en la cara del Ministerio de Hacienda porque cuestiona una de las reformas estrella del ministro, Crist¨®bal Montoro y por extensi¨®n del Gobierno de Rajoy. Un trago amargo para el Ejecutivo que lleva la firma de Jos¨¦ Manuel Romay Beccar¨ªa, uno de los padres pol¨ªticos del presidente.

Una semana esper¨® el organismo para hacer p¨²blico el dictamen que da?a la columna vertebral de la reforma. Fuentes pr¨®ximas a Hacienda consideran, sin embargo, que el ministerio seguir¨¢ adelante con el proyecto despu¨¦s de aplicar unos cuantos cambios m¨¢s o menos cosm¨¦ticos. "Har¨¢n un apa?o para salir del paso. Si la norma se recurre y es inconstitucional, para cuando se pronuncien los jueces ya se habr¨¢n desmantelado los municipios", reflexiona un una fuente cercana al proceso.

La pista de que nada parar¨¢ al Gobierno la dio el secretario de Estado de Administraciones P¨²blicas, Antonio Beteta, que asegur¨® tras conocer el informe que el texto "deja clara la legitimidad constitucional del Gobierno para legislar una regulaci¨®n normativa uniforme y de vigencia en todo el territorio espa?ol", en ejercicio de las competencias reconocidas en la Constituci¨®n. "No puede afirmarse que la regulaci¨®n en proyecto atente contra la garant¨ªa institucional de la autonom¨ªa local, por m¨¢s que de ello resulte un marco competencial m¨¢s estrecho que el que se defin¨ªa hasta ahora en la Ley de Bases de R¨¦gimen Local", afirm¨® Beteta. En cualquier caso para Beteta se trata de un simple problema t¨¦cnico con observaciones "en su mayor parte procedimentales", y de car¨¢cter "no esencial".

Un juicio que ni siquiera comparten sectores del Partido Popular. El presidente de la Federaci¨®n Gallega de Municipios, Jos¨¦ Manuel Rey Varela (PP), advirti¨® que el varapalo del consejo "debe hacer reflexionar" a Hacienda para "reabrir la negociaci¨®n y buscar un gran consenso".

La oposici¨®n en bloque, y en especial el PSOE, que se ha empleado a fondo contra la reforma, aplaude la valoraci¨®n del Consejo de Estado. "Avala todos nuestros argumentos", se?al¨® el secretario de Pol¨ªtica Municipal, Gaspar Zarr¨ªas. "Queda claro que es inconstitucional y un ataque injustificado a los Ayuntamientos y al ciudadano. El informe viene a poner en cuesti¨®n las bases de la reforma", se?al¨®. Los socialistas exigen al ministro que retire el anteproyecto y que negocie desde cero a partir de septiembre. El representante de IU en la FEMP y alcalde de Rivas Varciamadrid, Jos¨¦ Masa, tambi¨¦n exige al Gobierno un cambio de rumbo aunque el dictamen del organismo no sea vinculante.

Las claves del examen del Consejo de Estado

Competencias municipales. La reforma del Gobierno reduce las competencias propias de los municipios y, en l¨ªneas generales, los despoja de contenido social. Convierte lo que hasta ahora se defin¨ªa en el art¨ªculo 25 de la Ley de Bases de R¨¦gimen Local (el listado de atribuciones), en una serie mucho m¨¢s limitada y adem¨¢s cercena la autonom¨ªa de los Ayuntamientos para desarrollar las llamadas "competencias impropias", las que no le atribuye la ley, que siempre supeditan al cumplimiento de la estabilidad presupuestaria . El dictamen reconoce la "considerable constricci¨®n de la autonom¨ªa de los municipios", que pretende el Gobierno pero apunta a que el planteamiento del anteproyecto no atenta "contra la garant¨ªa institucional de la autonom¨ªa local". Pero m¨¢s adelante recuerda la jurisprudencia del TC para se?alar que "el legislador puede disminuir o acrecentar las competencias, pero no eliminarlas por entero y, lo que es m¨¢s, el debilitamiento de su contenido solo puede hacerse con raz¨®n suficiente y nunca en da?o del principio de autonom¨ªa, que es uno de los principios b¨¢sicos de nuestra Constituci¨®n"

Coste est¨¢ndar. El coste estandar es un nuevo y pol¨¦mico concepto muy cuestionado. El Ejecutivo determinar¨¢ a trav¨¦s de un Real Decreto unos costes m¨¢ximos que los Ayuntamientos no podr¨¢n superar a la hora de prestar un servicio. Si se pasan, la prestaci¨®n de ese servicio se trasladar¨¢ autom¨¢ticamente a las diputaciones provinciales. Al Consejo de Estado le llama la atenci¨®n que una herramienta tan importante de la norma se despache sin apenas explicaciones: "Siendo el coste est¨¢ndar un valor al que se anuda la funci¨®n ablativa de las competencias municipales, lo ¨²nico que el anteproyecto establece en relaci¨®n con su determinaci¨®n es que el Gobierno lo fijar¨¢". Ataca que la "falta de concreci¨®n", sobre c¨®mo se regular¨¢ este principio y alerta de que su aplicaci¨®n puede reducir "en exceso", las competencias municipales garantizadas por la Constituci¨®n. No se queda ah¨ª. El coste estandar puede terminar convirti¨¦ndose en lo contrario de lo que pretende el Ejecutivo -una herramienta de ahorro- porque el dictamen cuestiona su misma esencia, al alertar de que el traspaso de las competencias a las diputaciones se realiza sin ning¨²n tipo de cautela. "No se considera que la diputaci¨®n a la que se encomiende la prestaci¨®n se encuentre en una situaci¨®n de debilidad presupuestaria". Tampoco se tiene en cuenta que una diputaci¨®n decida no asumir un servicio. Incluso ataca el hecho de que todos los servicios se equiparen: "No parece que deba aplicarse el mismo r¨¦gimen de intervenci¨®n al servicio de transporte urbano que al de polic¨ªa local". El dictamen concluye recomendando al Gobierno que revise de arriba a bajo la regulaci¨®n en este punto. "a fin de que se presente m¨¢s completa y dotada de mayor claridad y coherencia".

El poder de las diputaciones. Si el coste estandar se cuestiona, el "vaciamiento competencial", que esa herramienta podr¨ªa generar se ataca sin reparos. Si las competencias se trasladan a las Diputaciones, "que son entidades representativas de segundo grado no sujetas a mecanismos de elecci¨®n directa", eso implica que "no quepa exigir a estas entidades responsabilidad pol¨ªtica", si gestionan mal los servicios, "lo que en ¨²ltima instancia puede desvirtuar el principio democr¨¢tico". Recuerda adem¨¢s que el Gobierno no somete a las diputaciones a las mismas reglas del "coste estandar". Recomienda que se adopten "f¨®rmulas alternativas m¨¢s respetuosas con la autonom¨ªa municipal", y desliza que podr¨ªan ser las mancomunicades las que presten servicios.

Fusi¨®n de municipios. Los alcaldes se pusieron desde el primer momento en contra de la intenci¨®n de Rajoy de fusionar Ayuntamientos. El Consejo de Estado sin embargo sugiere que podr¨ªan impulsarse estos procesos para garantizar una base "poblacional y econ¨®mica s¨®lida", a cada consistorio. "El anteproyecto podr¨ªa precisar en qu¨¦ supuestos y bajo qu¨¦ condiciones la insuficiencia de recursos [...] podr¨ªa llevar a iniciar un proceso de fusi¨®n".

Mancomunidades. Sobre la posibilidad de que desaparezcan, el informe es contundente al indicar que se violan las competencias de las Comunidades Aut¨®nomas. Esa "intromisi¨®n", la califica como "no admisible desde el punto de vista del esquema constitucional". Otro argumento para los que ven la reforma contraria a la Carta Magna.

Entidades locales menores. Beteta califico eufem¨ªsticamente la reforma como un paso para "esponjar organismos". Es decir, la reforma elimina o contribuye a debilitar todo lo que no sean Ayuntamientos de tama?o medio o grandes consistorios. Por el camino, adem¨¢s de las mancomunidades, est¨¢n en peligro miles de entidades locales menores. Unas agrupaciones con un gran patrimonio forestal que pasar¨ªa a formar parte de los municipios y que tienen un caracter fundamentalmente cooperativo. El Cosejo de Estado se pronuncia en este punto demandando "reglas necesarias para garantizar la seguridad jur¨ªdica". La Federaci¨®n Espa?ola de Concejos cree que el texto "manifiesta que el Estado no es competente para regular los aspectos relativos a la creaci¨®n y extinci¨®n de las Entidades Locales Menores" y que, por lo tanto, el Estado no puede de un plumazo modificar su naturaleza jur¨ªdica oblig¨¢ndolas a extinguirse.

Servicios sociales. El texto dedica una reflexi¨®n a que el anteproyecto quiera terminar con las competencias "relativas a la salud, la educaci¨®n y servicios sociales". Pero se?ala que el Estado no puede ordenar a las Comunidades Aut¨®nomas que las hereden "por afectar al ¨¢mbito competencial auton¨®mico que escapa a las competencias b¨¢sicas del legislador estatal". Adem¨¢s, sugiere que tal supresi¨®n "no impida" que los Ayuntamientos presten servicios sociales bajo otra denominaci¨®n. "Podr¨ªa valorarse", dice el dictamen, "que sigan prest¨¢ndolas como competencias impropias".