Dos expulsados de la Isla de Tierra denuncian a Espa?a ante Estrasburgo

Espa?a viol¨® los derechos de estos sin papeles al no respetarse el procedimiento establecido en la Ley de Extranjer¨ªa, que obliga a estudiar individualmente si cada inmigrante re¨²ne los requisitos necesarios para entrar en territorio espa?ol. La demanda incide en que no se les ofreci¨® la posibilidad de tener un abogado, ni un int¨¦rprete, ni una tutela judicial. Ni siquiera se identificaron los perfiles vulnerables de no ser expulsados, como las v¨ªctimas de tratas o refugiados pol¨ªticos. "Emmanuelle Mahop se vio obligado a huir de Camer¨²n y quer¨ªa solicitar asilo en Espa?a", explica Jos¨¦ Antonio Rubio, portavoz de la Comisi¨®n Espa?ola de Ayuda al Refugiado. Otra de las consecuencias ha sido la imposibilidad de recurrir la decisi¨®n de ser expulsados ante los tribunales, que es obligatorio. Se viol¨® el principio de no devoluci¨®n a pa¨ªses donde puedan sufrir torturas o tratos denigrantes", explica la demanda.

El conflicto surgi¨® en septiembre de 2012, cuando un grupo de 89 personas de varios pa¨ªses africanos acamparon en la isla de Tierra, un pe?asco espa?ol diminuto situado en el archipi¨¦lago de Alhucemas, 120 kil¨®metros al este de Melilla. Llegaron en dos tandas, la primera el 29 de agosto y la segunda el 2 de septiembre. Alegaron que, al estar en territorio espa?ol, deb¨ªan ser trasladadas a la Pen¨ªnsula, pero no fue as¨ª. Tras dos d¨ªas de conversaciones, Espa?a acord¨® con Marruecos aplicar el acuerdo bilateral que ambos pa¨ªses firmaron en 1992 y que contempla la readmisi¨®n de inmigrantes ilegales cuando se demuestra que estos provienen del reino alauita.

Hasta la fecha, este convenio solo se hab¨ªa aplicado en contadas ocasiones y casi siempre con nacionales marroqu¨ªes, ya que no es f¨¢cil demostrar el lugar de origen de inmigrantes rescatados en pateras porque pueden proceder tambi¨¦n de Argelia. En el caso de la isla de Tierra, el acuerdo volvi¨® a aplicarse porque los hombres y mujeres que ocuparon la isla solo hab¨ªan podido llegar a ella desde la vecina costa. Espa?a accedi¨® a hacerse cargo de las personas m¨¢s vulnerables: 16 menores, madres y mujeres embarazadas que fueron trasladados a Melilla, donde recibieron atenci¨®n sanitaria. Los otros 73 fueron recogidos en una zodiac la madrugada del 5 de septiembre por la Guardia Civil y entregados a las autoridades marroqu¨ªes.

Un portavoz del Ministerio del Interior ha asegurado que todo se realiz¨® bajo la m¨¢s estricta legalidad y ha declinado ahondar en el conflicto. En su momento, el Gobierno consider¨® que se hab¨ªa resuelto de una forma ¡°muy satisfactoria¡±. La ocupaci¨®n del islote se hab¨ªa convertido en un verdadero quebradero de cabeza para el Ejecutivo porque pod¨ªa suponer una nueva v¨ªa de entrada a Espa?a de inmigrantes indocumentados, mucho m¨¢s sencilla que atravesar el Estrecho.

Marruecos deb¨ªa haber devuelto a estas personas a su pa¨ªs de origen, pero eso no ocurri¨®, hecho que viola el art¨ªculo 5 del convenio bilateral entre ambos pa¨ªses, que contempla que el Estado (marroqu¨ª) se asegurar¨¢ de que los retornados regresen a su pa¨ªs de origen. Estas 73 personas no tuvieron acceso a ning¨²n procedimiento legal para pedir asilo ni pudieron ejercer sus derechos, sino que fueron conducidas en autobuses a la frontera con Argelia y obligadas a que regresaran a sus pa¨ªses. La mayor¨ªa regres¨® a pie a la ciudad de Oujda, ciudad marroqu¨ª a pocos kil¨®metros de la frontera, y busc¨® cobijo en bosques de los alrededores y en la Universidad.?

Cuando la expulsi¨®n se hizo efectiva, numerosas ONG y juristas recriminaron al Gobierno su actuaci¨®n, plagada de posibles irregularidades, e incluso la Defensora del Pueblo denunci¨® que Espa?a se hab¨ªa saltado la ley. "Casos como estos hacen saltar las d¨¦biles costuras que unen a la legislaci¨®n espa?ola de extranjer¨ªa con el acuerdo hispano-marroqu¨ª", explica Iv¨¢n Jim¨¦nez Aybar, abogado experto en derecho internacional y profesor de la Universidad Aut¨®noma de Barcelona. "Mientras que la Ley exige asistencia letrada en todas las modalidades de procedimientos de expulsi¨®n, el acuerdo ni lo prev¨¦, permiti¨¦ndose actuaciones por la v¨ªa de los hechos consumados, sin vuelta atr¨¢s y sin posibilidad de recurso".

Fuentes gubernamentales replicaron entonces que la situaci¨®n era muy complicada y que no se pod¨ªa trasladar a Espa?a a todos los que hab¨ªan entrado en la isla de Tierra porque, de haberlo hecho as¨ª, podr¨ªa producirse un efecto llamada y el problema se hubiera convertido en algo imposible de gestionar.