Cuenta atr¨¢s para la Infanta

Jos¨¦ Castro, juez instructor del caso Urdangarin, emitir¨¢ esta semana, a partir del martes, un auto en el que despejar¨¢ la gran inc¨®gnita: si imputa, o no, a la infanta Cristina en las diligencias que abri¨® hace tres a?os contra su marido por corrupci¨®n. El juez Castro trabaja desde hace diez d¨ªas en la redacci¨®n del auto.

Castro ha mantenido en los ¨²ltimos meses ¡°una l¨ªnea de investigaci¨®n tendente a acreditar, o descartar¡± si la Infanta cometi¨® blanqueo de capitales y tambi¨¦n un delito fiscal. Las pesquisas concretas sobre do?a Cristina las abri¨® Castro hace ocho meses, despu¨¦s de que la Audiencia de Palma de Mallorca le bloqueara y anulara, en mayo de 2013, un auto en el que s¨ª imputaba a la hija del Rey. La Audiencia se?al¨® entonces a Castro que con los elementos que constaban en la causa no cab¨ªa en ese momento la imputaci¨®n. Y le exhort¨® a explorar la actividad econ¨®mica y tributaria de do?a Cristina entre los a?os 2002 y 2012 para ver si de ella cab¨ªa deducir alguna imputaci¨®n. Y en ello ha estado Castro en los ¨²ltimos ocho meses.

Precisamente este s¨¢bado, Rafael Spottorno, jefe de la Casa del Rey, en una entrevista en TVE, se?al¨® que los tres a?os de instrucci¨®n del caso N¨®os han sido ¡°un martirio¡±. ¡°Hay que confiar en la justicia. Nosotros siempre hemos respetado las actuaciones del magistrado. Y lo ¨²nico que pedimos es que termine pronto (...) Entiendo que se han hecho todas las diligencias que ten¨ªan que hacerse y pienso que el se?or magistrado entender¨¢ que est¨¢ ya en condiciones (...) de cerrar el sumario¡±, indic¨® Spottorno.

A instancias del juez Castro, la actividad financiera y tributaria de do?a Cristina de Borb¨®n ha sido investigada por la Agencia Tributaria y por la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) de la Polic¨ªa.

Aunque no est¨¢ imputada, la Infanta s¨ª figura personada en la causa a trav¨¦s de sus abogados, que suelen refutar los escritos de Diego Torres, el exsocio de I?aki Urdangarin. La postura de Torres es que si su esposa ha sido imputada por Castro, lo mismo ha de ocurrir con la Infanta, pues ambas ten¨ªan la misma intervenci¨®n en las sociedades mercantiles de sus maridos.

El juez Castro tiene sobre su mesa desde hace semanas informes de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y de la Abogac¨ªa del Estado que concluye que no hay indicios suficientes como para imputar a do?a Cristina. La acusaci¨®n popular, que ejerce el sindicato Manos Limpias, s¨ª pide la imputaci¨®n de do?a Cristina. Sostiene que ella conoc¨ªa los turbios tejemanejes de su esposo y Diego Torres. A trav¨¦s del Instituto N¨®os ¡ªentidad que se declar¨® sin ¨¢nimo de lucro¡ª, Torres y Urdangarin se embolsaron seis millones de euros de caudales p¨²blicos por sus relaciones privilegiadas con los gobiernos de Baleares, en la ¨¦poca del expresidente Jaume Matas, y de la Comunidad Valenciana, en tiempos de Francisco Camps, ambos del PP.

La ¨²ltima palabra la tiene el juez. Si la imputa, la llamar¨¢ a declarar. No obstante, una eventual imputaci¨®n de la hija del Rey es recurrible y podr¨ªa ser bloqueada, otra vez, por la Audiencia de Palma. La imputaci¨®n de alguien no significa una condena. Solo son indicios.

A juzgar por sus actos, Castro trabaja desde hace tiempo en la hip¨®tesis de una previsible imputaci¨®n. Entiende que hay que ¡°evitar que la inc¨®gnita [sobre el rol de la infanta] se perpet¨²e¡±. El juez se posicion¨® as¨ª cuando decidi¨®, en abril de 2013, que do?a Cristina de Borb¨®n declarara por su cooperaci¨®n, indirecta, con los supuestos negocios sucios de su marido. Urdangarin y su exsocio Diego Torres est¨¢n imputados por corrupci¨®n desde hace m¨¢s de dos a?os, y es previsible que ambos tengan que sentarse en el banquillo de los acusados en compa?¨ªa del expresidente de Baleares, Jaume Matas, que les facilit¨® dinero p¨²blico.

El fiscal reclamar¨¢ posiblemente penas de m¨¢s de 12 a?os de c¨¢rcel para Urdangarin y Torres. Ambos cargan ya con una fianza civil de m¨¢s de seis millones de euros, que fue dictada por el juez Castro, y luego ratificada por la Audiencia, para resarcir a la Administraci¨®n en caso de condena.