4.500 inmigrantes fueron internados en los CIE de Madrid y Barcelona en 2013

Patricia Johnson paseaba por la Gran V¨ªa de Madrid el 1 de diciembre de 2013 cuando fue interceptada por una pareja de polic¨ªas. Fue detenida por no tener los papeles de residencia en regla y trasladada al Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, en la capital. "En ese momento, mi mayor preocupaci¨®n era mi hijo de diez a?os, que estaba en el colegio", explica esta madre nigeriana. "Durante los primeros d¨ªas no pude llamarle, no pude avisar a nadie para que fueran a casa para ver si el ni?o estaba bien", relataba este martes en un aula de la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid. Ella es una de las 4.500 personas que fueron recluidas en los Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid y Barcelona durante 2013, seg¨²n la ONG jesuita Pueblos Unidos. Sin conocer los datos del total de internos en toda Espa?a en 2013, la cifra supone casi un tercio de los casi 12.000 que fueron recluidas el a?o anterior.

La organizaci¨®n,? que accede a diario al CIE madrile?o, ha realizado m¨¢s de 1.200 entrevistas a 300 internos en 2013, de los que un 73% eran hombres y un 28% acababan de llegar a Espa?a. La mitad carec¨ªa de antecedentes penales.

Sus conclusiones y las de la Fundaci¨®n Migrastudio de Barcelona, que visita el CIE de la Zona Franca, han quedado reflejadas en el informe Criminalizados. Internados. Expulsados, que resalta que la principal raz¨®n por la que muchas personas acaban en uno de estos centros ¡ªocho en Espa?a¡ª es por carecer de residencia legal pese a llevar muchos a?os en el pa¨ªs. "Son personas muy arraigadas pero que cuentan con una orden previa de expulsi¨®n porque no han podido regularizarse o renovar sus tarjetas de residencia, generalmente por haber perdido su empleo", explica Cristina Manzanedo, abogada de la ONG. De los entrevistados, 221 ten¨ªan una orden de expulsi¨®n, pero 83 ya hab¨ªan disfrutado de un permiso de residencia legal anteriormente.

El caso de Patricia es significativo; sali¨® de Nigeria en 2001 y lleg¨® a Espa?a en 2005. Por el camino tuvo un hijo. "Llegamos el d¨ªa de su segundo cumplea?os, y desde entonces vivimos en Parla. Nunca hemos tenido ning¨²n problema", relataba a los micr¨®fonos escondida tras unas gafas de sol que usa para no ser reconocida. Carece de antecedentes penales, como la mitad de los entrevistados, lleva m¨¢s de siete a?os en el pa¨ªs, como el 43% de ellos, est¨¢ a cargo de un menor, como otro 10%, y fue detenida en la v¨ªa p¨²blica, como 263 de los 300 consultados. "Se sigue arrestando a personas mediante redadas racistas", ha denunciado la ONG en base a este ¨²ltimo dato. Solo 37 fueron internados en el CIE tras una denuncia previa.

Pese a que no todos tienen antecedentes penales, la ONG ha advertido de que el discurso de la polic¨ªa y de Interior criminaliza a los inmigrantes retenidos en los CIE. "Se busca asentar la idea en la opini¨®n p¨²blica de que solo se expulsa a delincuentes ilegales y muy peligrosos", ha alertado Manzanedo. Tambi¨¦n ha asegurado que la polic¨ªa "infla las cifras", incluyendo meras denuncias o antecedentes policiales.

En base a casos como el de Patricia, numerosas ONG, ahora Pueblos Unidos, han denunciado repetidamente que en Espa?a se abusa del internamiento, una medida excepcional seg¨²n las legislaciones espa?ola y europea que incluso requiere autorizaci¨®n judicial previa para ejecutarse. La organizaci¨®n denuncia que m¨¢s de la mitad de las personas internadas en un CIE nunca llegan a ser expulsadas del territorio espa?ol. En 2012 fueron el 52,3%, seg¨²n la memoria de la Fiscal¨ªa Feneral del Estado. En 2013, un 54% fue puesto en libertad en Barcelona y en Madrid, donde a¨²n no hay datos oficiales, la ONG estima que un 37% salieron y un 35% fueron expulsados. Las puestas en libertad se deben a que el juez estima los recursos de los abogados, a la imposibilidad de documentar el pa¨ªs de origen del inmigrante o a que son menores de edad.

Mientras, el coste de mantener los ocho CIE en funcionamiento supuso para las arcas p¨²blicas 9,27 millones de euros al a?o, seg¨²n el Ministerio de Interior. "Se abusa del internamiento sin que en muchos casos haya perspectivas razonables de que vaya a poder ejecutarse la expulsi¨®n", ha declarado la abogada, que tambi¨¦n ha asegurado que, de eliminarse estas pr¨¢cticas abusivas, la poblaci¨®n de los CIE se rebajar¨ªa notablemente.

Pueblos Unidos tambi¨¦n ha detectado casos de personas con necesidades de protecci¨®n no atendidas: posibles refugiados, menores, enfermos y mujeres v¨ªctimas de trata. La ONG asegura que el trabajo de identificaci¨®n de esta poblaci¨®n susceptible de protecci¨®n no existe, que en los CIE no se da informaci¨®n de asilo y son las ONG quienes informan sobre la posibilidad de pedirlo. "Hemos visto en Motril autos colectivos de internamiento", ha relatado Daniel Izuzquiza, coordinador de Incidencia P¨²blica de Pueblos Unidos. "Hasta 50 personas pasaron a disposici¨®n judicial en una vista ¨²nica de internamiento donde era imposible hacer una valoraci¨®n de cada caso individual como marca la ley".

?Qui¨¦n es responsable del abuso de las ¨®rdenes de internamiento? Jueces, polic¨ªa, Fiscal¨ªa y tambi¨¦n abogados, seg¨²n la ONG, a quienes esta hace una serie de recomendaciones hasta que se decrete el cierre de los CIE. A la Justicia, han pedido que las competencias sobre internamiento sean trasladadas de los juzgados de Instrucci¨®n a los de lo Contencioso-Administrativo y que se refuerce la formaci¨®n de jueces desde el ¨¢mbito acad¨¦mico. "A veces parece que dictan internamientos a ciegas, sin saber en qu¨¦ consiste", se ha quejado Izuzquiza.

Tambi¨¦n han hecho una llamada a la responsabilidad de los abogados de los internos, a los que reprochan no hacer bien su tarea en ocasiones. "Hay casos de inmigrantes con hijos menores a su cargo en los que el letrado ni siquiera ha presentado el certificado de ese hijo", ha a?adido Izuzquiza.