17 millones de posible fraude en el caso de la patronal madrile?a
El esc¨¢ndalo apenas ha salpicado al Gobierno regional de la Comunidad de Madrid, del PP
El esc¨¢ndalo de los cursos de formaci¨®n fraudulentos que ha removido a la patronal madrile?a se ha saldado de momento con 13 imputados y una investigaci¨®n judicial que contin¨²a bajo secreto de sumario. Es el conocido como caso Aneri, en referencia al empresario cordob¨¦s Jos¨¦ Luis Aneri, ¨²nico presunto cabecilla de la trama que contin¨²a en prisi¨®n desde que ingres¨® el pasado 1 de marzo en la c¨¢rcel de Soto del Real. La fiscal ha solicitado tambi¨¦n prisi¨®n para los otros dos presuntos cabecillas, los empresarios Alfonso Tezanos y V¨ªctor Porta, que introdujeron a Aneri en el mundo empresarial madrile?o. Ambos son exdirectivos de la C¨¢mara de Comercio de Madrid, que dirige el presidente de la patronal madrile?a CEIM, Arturo Fern¨¢ndez.
El esc¨¢ndalo apenas ha salpicado al Gobierno regional de la Comunidad de Madrid, presidida por Ignacio Gonz¨¢lez (PP). La esposa de este, Lourdes Cavero, dimiti¨® de su cargo de vicepresidenta de la CEIM el pasado marzo, en plena campa?a electoral de la patronal. Arturo Fern¨¢ndez la nombr¨® hace tres a?os como la ¨²nica de los 19 vicepresidentes con derecho a sueldo (120.000 euros). Cavero indic¨® que no quer¨ªa perjudicar la campa?a de Fern¨¢ndez, aunque distintas fuentes subrayaron su inc¨®moda posici¨®n como representante de las asociaciones empresariales a las que el Gobierno regional que preside su marido reclama ya la devoluci¨®n de parte de las cantidades defraudadas.
La trama ha gestionado desde 2010 m¨¢s de 17 millones de fondos p¨²blicos para formaci¨®n. La mayor¨ªa corresponden a fondos estatales (12 millones) y el resto proviene de dinero regional, sostenidos con las cuotas de los trabajadores y con fondos europeos.
La Comunidad no denunci¨® el caso ante los tribunales en un principio y se person¨® despu¨¦s de las primeras detenciones en la investigaci¨®n abierta tras la denuncia de distintas asociaciones empresariales. Las pesquisas comenzaron tras la remisi¨®n de una denuncia del Servicio P¨²blico de Empleo Estatal (SEPE) a la Unidad Central de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) en diciembre de 2012. La polic¨ªa determin¨® que ninguno de los 10.000 alumnos incluidos en esos primeros cursos los hab¨ªan realizado.
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