Jueces y registradores llevar¨¢n a medias el Registro Civil hasta 2017
El Gobierno sacar¨¢ a concurso la nueva plataforma digital en los pr¨®ximos tres meses
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el real decreto ley por el que se delega en los registradores mercantiles la gesti¨®n del Registro Civil, que ahora llevan los jueces. Ese cambio de manos (solo de gesti¨®n, porque la titularidad seguir¨¢ siendo p¨²blica) se har¨¢ en varias fases: hasta julio de 2015 todo seguir¨¢ igual, mientras se desarrolla una nueva plataforma tecnol¨®gica para informatizar los tr¨¢mites; entre julio de 2015 y enero de 2017, los registradores se har¨¢n cargo de las nuevas inscripciones pero los jueces y funcionarios judiciales continuar¨¢n expidiendo las copias de certificados antiguos y colaborando en la reorganizaci¨®n del servicio. A partir del 1 de enero de 2017, el Registro Civil ser¨¢ ¨ªntegramente gestionado por los registradores mercantiles, seg¨²n ha explicado el subsecretario de Justicia, Juan Bravo. Todos los tr¨¢mites seguir¨¢n siendo gratuitos para el ciudadano.
El Registro Civil, donde los ciudadanos inscriben nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, adopciones, etc¨¦tera, realiza 3,3 millones de tr¨¢mites al a?o. De las 5.600 personas (440 jueces, cerca de 400 secretarios judiciales y 4.800 funcionarios judiciales) que lo gestionan ahora se pasar¨¢ a una plantilla de apenas 1.600: los 120 registradores mercantiles que hay en Espa?a y su personal contratado. Y de 440 oficinas se pasar¨¢ a 60. Bravo sostiene que eso no ser¨¢ un problema: alega que, al informatizar el servicio, todo se agilizar¨¢. De hecho, el compromiso del ministerio es que, cuando el sistema est¨¦ a pleno rendimiento, para el "80% de los tr¨¢mites" los ciudadanos "no tendr¨¢n que acercarse f¨ªsicamente al registro", porque el intercambio de documentaci¨®n ser¨¢ directamente entre administraciones.
Esa plataforma tecnol¨®gica, que Justicia sacar¨¢ a concurso en los pr¨®ximos tres meses, tendr¨¢n que pagarla los registradores mercantiles, aunque ser¨¢ "de titularidad p¨²blica", ha dicho Bravo. Tambi¨¦n ser¨¢ p¨²blica la gigantesca base de datos que reunir¨¢ los datos de todos los ciudadanos, y para la que el ministerio quiere dise?ar unas medidas de seguridad "extremas". El real decreto se?ala que el Servicio Civil "seguir¨¢ siendo gratuito, sin excepci¨®n de ning¨²n tipo".
El cambio de gesti¨®n del Registro Civil ha sido criticado por partidos de oposici¨®n y sindicatos, que ven en ¨¦l un paso hacia la privatizaci¨®n, algo que el Gobierno niega. Los registradores mercantiles son funcionarios, aunque de un tipo particular: acceden por oposici¨®n y dependen del Gobierno, pero no cobran un sueldo p¨²blico sino aranceles a sus clientes, y contratan a sus propias plantillas. El Colegio de Registradores ha reiterado hoy su "absoluta disconformidad con la decisi¨®n del Gobierno", esto es, obligar a los registradores mercantiles a asumir el Registro sin cobrar por ello, y a costear adem¨¢s la inversi¨®n tecnol¨®gica. Por otro lado el Colegio teme que se vaya a provocar un cisma en el cuerpo de registradores, entre los de la propiedad y los mercantiles, porque el decreto ley establece que estos ¨²ltimos tendr¨¢n que integrarse en una "nueva corporaci¨®n de derecho p¨²blico".
Puestos de trabajo en riesgo
El colectivo de secretarios judiciales y los sindicatos CSI-F y CC OO tambi¨¦n han arremetido contra el cambio de gesti¨®n del Registro. No solo porque temen la privatizaci¨®n a medio o largo plazo sino porque sostienen que acabar¨¢ con miles de puestos de trabajo.? El subsecretario de Justicia ha afirmado que en los pr¨®ximos d¨ªas se aprobar¨¢ una "norma complementaria" en la que explicar¨¢ c¨®mo se reubicar¨¢ a los funcionarios judiciales que dejen de trabajar en el registro, y ha asegurado que todos los puestos de trabajo, funcionarios e interinos, que dependen del ministerio se mantendr¨¢n.
La mayor parte de los puestos de trabajo, sin embargo, dependen de las comunidades, porque la Administraci¨®n de Justicia est¨¢ transferida a todas las comunidades menos a cinco (Castilla-La Mancha, Castilla-Le¨®n, Extremadura, Baleares y Murcia). De los 4.800 funcionarios judiciales que realizan ahora labores de Registro Civil, unos 3.400 dependen de las comunidades aut¨®nomas, y 700 de estos son interinos.
Inscripci¨®n inmediata de medidas cautelares
Desde enero de 2015, cualquier medida cautelar contra un acusado que adopte un tribunal en el curso de un procedimiento judicial ser¨¢ grabado de forma inmediata en el Registro Central de Medidas Cautelares (para que desde ese momento tengan conocimiento jueces, fiscales y fuerzas de seguridad), sin necesidad de esperar a que la medida le sea comunicada al imputado como ocurre ahora. As¨ª, el Gobierno pretende evitar "situaciones de riesgo para la v¨ªctima", como las que se dan cuando la notificaci¨®n al imputado no es posible porque est¨¢ en paradero desconocido.
Ese registro inmediato de la medida cautelar, que ya se aplicaba en casos de violencia machista, se extiende ahora al resto de delitos, seg¨²n figura en el real decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros y en el que se modifica la regulaci¨®n del "sistema de registros administrativos de apoyo a la administraci¨®n de justicia", una red interna de registros (no p¨²blica) que sirve de apoyo a jueces, fiscales, fuerzas de seguridad y otros ¨®rganos administrativos. En ese mismo decreto se establece que las comunicaciones judiciales con la Direcci¨®n General de Tr¨¢fico (por ejemplo, una pena por seguridad vial) ser¨¢n por v¨ªa telem¨¢tica y no en papel; se crea un fondo documental de requisitorias (¨®rdenes de b¨²squeda) accesible desde cualquier ¨®rgano judicial, y se regula que cuando un ciudadano de la UE solicite un certificado de antecedentes penales espa?ol estar¨¢ obligado a tramitar tambi¨¦n el certificado de penales de su pa¨ªs de origen.
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