El Ejecutivo impugnar¨¢ la nueva consulta del 9-N

Se llame como se llame la consulta que las fuerzas pol¨ªticas nacionalistas y el Gobierno de la Generalitat han convocado para el d¨ªa 9 de noviembre tiene los mismos elementos de inconstitucionalidad que la que fue paralizada el mes pasado por el Tribunal Constitucional. As¨ª lo consider¨® ayer el Consejo de Estado por unanimidad de los miembros de su Comisi¨®n Permanente, que atendi¨® los argumentos que le present¨® el Gobierno de Espa?a y ve indicios de inconstitucionalidad y, por tanto, argumentos para que el Gobierno lo impugne ante el Tribunal Constitucional. Es m¨¢s, esta consulta tiene mayor gravedad ¡°porque carece de garant¨ªas constitucionales¡±, se?alan.

El reproche jur¨ªdico de que con esta convocatoria se comete un fraude de ley recorre todo el informe del Consejo de Estado, que termina con la advertencia de que ¡°las autoridades tienen la obligaci¨®n de cumplir las decisiones del Tribunal Constitucional, con las responsabilidades a que ello pudiera dar lugar¡±.

Se trata de la misma pregunta y de las mismas intenciones que ya fueron impugnadas por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional, seg¨²n el Consejo de Estado. El hecho de que ni el presidente Artur Mas ni su Gobierno hayan aprobado un decreto de convocatoria del ¡°proceso de participaci¨®n ciudadana¡± en modo alguno impide apreciar la existencia de un acto jur¨ªdico administrativo de convocatoria por parte de Mas, ¡°al tiempo que evidencia un prop¨®sito de eludir el control de la jurisdicci¨®n constitucional¡±, se lee en el informe. En este como en el anterior, el Gobierno cuestiona la competencia de la Comunidad Aut¨®noma de Catalu?a para convocar la consulta ¡°y la naturaleza referendaria del procedimiento que pretende utilizarse a tal fin¡±. Es decir, solo el Estado puede convocar referendos y esa consulta lo es aunque reciba otro nombre. En el informe se recogen numerosas declaraciones del presidente de la Generalitat, en las que no deja dudas de que la convocatoria del pr¨®ximo 9 de noviembre es para que los catalanes decidan en refer¨¦ndum si quieren un Estado independiente.

El rastreo de las declaraciones de Mas que ha realizado el Gobierno y que recoge el Consejo de Estado es exhaustivo con el fin de demostrar las intenciones de los convocantes. ¡°Como el Tribunal Constitucional todav¨ªa no ha levantado la suspensi¨®n del decreto de convocatoria de la consulta que el presidente firm¨® el pasado 30 de septiembre, Mas ha explicado que no se har¨¢ de acuerdo con este decreto, sino que ¡°la Generalitat se acoger¨¢ a marcos legales preexistentes¡± que les dan ¡°competencia en materia de participaci¨®n ciudadana¡±, seg¨²n resaltan los consejeros para cargarse de razones. ¡°Como estos marcos existen y est¨¢n plenamente vigentes, nosotros, bajo este concepto, somos competentes para hacer estos procesos y convocaremos a la gente el 9 de noviembre¡±, dijo el presidente Mas en alguna ocasi¨®n.

Toda la log¨ªstica anunciada por el Gobierno catal¨¢n ¡ªel Consejo de Estado solo se refiere a declaraciones del presidente por ser la autoridad del Estado¡ª desemboca para el ¨®rgano consultivo en los supuestos de inconstitucionalidad que aprecia el Ejecutivo y los consejeros tambi¨¦n. Se citan varios ¡°vicios competenciales¡± como el de participaci¨®n pol¨ªtica reconocido en el art¨ªculo 23.1 de la Constituci¨®n.

El conflicto de competencias entre administraciones es el principal argumento del Gobierno

En segundo t¨¦rmino, se reputan los art¨ªculos constitucionales que atribuyen la convocatoria de cualquier refer¨¦ndum consultivo sobre ¡°decisiones politicas de especial trascendencia¡± al Rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. Adem¨¢s, se considera infringido el art¨ªculo 149.1.32a de la Constituci¨®n, que contempla la competencia del Estado para la autorizaci¨®n de consultas populares por v¨ªa de refer¨¦ndum. En este informe, como en el anterior, se se?ala que ¡°en lo tocante a la unidad de la naci¨®n espa?ola, est¨¢ reservada a la decisi¨®n del conjunto del pueblo espa?ol en el seno del procedimiento de reforma constitucional¡±.

Se enumera un cat¨¢logo de ¡°vicios materiales¡± como llamar al voto a los mayores de 16 a?os, y a los extranjeros. Adem¨¢s, no hay censo electoral, que reside en la Administraci¨®n General del Estado. El Gobierno aprobar¨¢ hoy impugnar la consulta del 9-N ante el Tribunal Constitucional, que la estudiar¨¢ el martes.