El Gobierno est¨¢ dispuesto a permitir el 9-N si la Generalitat no participa

A dos d¨ªas de la consulta independentista prevista en Catalu?a para el domingo, rebautizada por la Generalitat como ¡°proceso participativo¡±, Mariano Rajoy y Artur Mas se observan mutuamente para decidir qu¨¦ hacer finalmente el 9-N en funci¨®n de los movimientos del contrario. El Gobierno sugiri¨® este jueves, por boca del ministro de Justicia, Rafael Catal¨¢, que permitir¨¢ celebrar la consulta si esta no es ¡°promovida¡± en su ¡°desarrollo¡± por la Generalitat; si solo es un ejercicio ciudadano de ¡°libertad de expresi¨®n¡±. Es decir, si en el ¨²ltimo momento el 9-N queda en manos de asociaciones privadas soberanistas, sin intervenci¨®n de organismos p¨²blicos. Y ello aunque la consulta, la pregunta, las papeletas y las urnas sean las mismas que impuls¨® la Generalitat.

Una f¨®rmula ¡ªla de desvincular el proceso de la instituci¨®n p¨²blica a ¨²ltima hora¡ª que, seg¨²n fuentes del Ejecutivo, podr¨ªa evitar el choque total entre las dos Administraciones; y que la Generalitat, que ha citado hoy a las entidades del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir para definir la recta final de la consulta, tambi¨¦n contempla desde hace d¨ªas. Sin embargo, no est¨¢ nada claro que esa sea la f¨®rmula por la que opte la Generalitat, porque es rechazada por buena parte de los partidos y grupos soberanistas, que exigen que la participaci¨®n del Gobierno catal¨¢n se mantenga hasta el final. Adem¨¢s, aunque el ministro de Justicia se mostr¨® este jueves m¨¢s expl¨ªcito de lo habitual, el Gobierno a¨²n no ha tomado una decisi¨®n definitiva. El Ejecutivo, en cualquier caso, cree que lo m¨¢s importante fue lograr que Mas renunciase a la consulta inicial, y opina que lo que suceda el domingo no tendr¨¢ valor jur¨ªdico ni simb¨®lico.

¡°Si la Generalitat, que es a quien se ha dirigido el Tribunal Constitucional [orden¨¢ndole que suspenda la consulta], no promueve actuaciones en el desarrollo de una consulta no autorizada, si eso no sucede, no parece que sea necesario requerir ni al Constitucional ni a [otros] jueces y tribunales para actuar, porque no hay infracci¨®n del ordenamiento jur¨ªdico¡±, afirm¨® el ministro Catal¨¢ en conferencia de prensa, tras una reuni¨®n sectorial con los consejeros de Justicia de las comunidades aut¨®nomas a la que no acudi¨® el titular catal¨¢n.

Est¨¢ en el aire si el domingo de la votaci¨®n, la Generalitat optar¨¢ por ceder el testigo a las asociaciones soberanistas

El ministro subray¨® que eso es precisamente lo que est¨¢ ¡°analizando¡± ahora el Gobierno: ¡°Qu¨¦ actuaciones se desarrollan¡± y ¡°qui¨¦n las desarrolla¡±. Para ¡°comprobar¡±, dijo, que la suspensi¨®n dictada por el Constitucional se respeta y que las ¡°actuaciones¡± relacionadas con la consulta no son ¡°ejecutadas¡± por ninguna instituci¨®n p¨²blica. Apunt¨®, adem¨¢s, que si la Fiscal¨ªa o la Abogac¨ªa del Estado aprecian alg¨²n incumplimiento ejercer¨¢n ¡°las acciones que correspondan¡±, y que cualquier ciudadano particular podr¨ªa denunciarlo tambi¨¦n.

Catal¨¢ no mencion¨® espec¨ªficamente la posibilidad de que en el ¨²ltimo momento sean las asociaciones privadas soberanistas las que tomen el testigo de la Generalitat. Pero cuando fue preguntado por si el Gobierno intervendr¨ªa para evitar una consulta celebrada en la calle, no en colegios y locales p¨²blicos, y no con la participaci¨®n visible ese d¨ªa de la Generalitat, respondi¨®: ¡°En una sociedad democr¨¢tica como es la espa?ola, en el marco de la Constituci¨®n, cada d¨ªa en muchos ¨¢mbitos se producen movimientos populares de recogida de firmas, de toma de opiniones... Lo que estamos desde hace meses poniendo de manifiesto es que un Gobierno o un Parlamento no pueden promover una consulta contraria a la Constituci¨®n. El ejercicio de la libertad de expresi¨®n de los ciudadanos... eso nadie va a impedirlo¡±. ¡°Puede parecer un matiz, pero es muy importante¡±, a?adi¨®.

La consulta independentista del 9-N ha sido promovida desde el primer d¨ªa por el Gobierno de Artur Mas. Las papeletas y las urnas las ha pagado la Generalitat, as¨ª como la campa?a ¡°informativa¡±, que a¨²n sigue en marcha, a pesar de que forma parte de las ¡°actuaciones vinculadas¡± a la consulta que el Constitucional orden¨® suspender. Algunos elementos del proceso previstos inicialmente ¡ªsobre todo, el censo y la comisi¨®n de control que iba a ejercer de Junta Electoral¡ª no llegaron a crearse, y la Generalitat cambi¨® el nombre de ¡°consulta¡± por el de ¡°proceso participativo¡± cuando el Constitucional la prohibi¨® por primera vez. Lo que est¨¢ en el aire ahora es si en el ¨²ltimo momento, el mismo domingo de la votaci¨®n, la Generalitat ceder¨¢ el testigo a asociaciones soberanistas y no abrir¨¢, por ejemplo, los colegios e institutos p¨²blicos para acoger las urnas.

Catal¨¢ s¨ª se?al¨® que cualquier ciudadano particular, o la Fiscal¨ªa, de oficio, pueden presentar una denuncia si consideran que el 9-N se produce alguna actuaci¨®n que vulnere la suspensi¨®n dictada por el alto tribunal. No aclar¨® en qu¨¦ casos lo har¨¢ la Fiscal¨ªa ni la Abogac¨ªa del Estado.

La Generalitat rebautiz¨® la consulta del 9-N como "proceso participativo" cuando el Constitucional la suspendi¨® por primera vez

La delegada del Gobierno en Catalu?a, Llanos de Luna, remiti¨® este jueves sendas cartas a la vicepresidenta catalana, Joana Ortega, y a la consejera de Ense?anza, Irene Rigau, en las que subraya que el ¡°proceso participativo¡± del 9-N ha sido tambi¨¦n suspendido por el Constitucional. La misiva recuerda a ambas que, en su calidad de autoridades p¨²blicas, deben ajustarse al ordenamiento jur¨ªdico, informa ?ngels Pi?ol. Las mismas cartas fueron remitidas a los presidentes de las cuatro Diputaciones, a los de los 41 Consejos comarcales y a los m¨¢s de 900 alcaldes catalanes. La Generalitat reaccion¨® con un escueto comunicado en el que dio acuse de recibo y record¨® su compromiso con el ¡°principio de legalidad¡±.

Oriol Junqueras, l¨ªder de ERC, quien intervino en un acto en la Universidad de Barcelona, se mostr¨® tajante: ¡°Negociar la independencia es inviable¡±. Por su parte, la entidad Societat Civil Catalana, contraria a la consulta, present¨® una denuncia ante la Fiscal¨ªa por las cartas que ha enviado la Generalitat a millones de ciudadanos explicando c¨®mo participar en el 9-N. La entidad cree que se est¨¢n usando de forma ilegal esos datos personales, obtenidos del Registro de Poblaci¨®n, del que es titular el Instituto de Estad¨ªstica de Catalunya. Societat Civil Catalana sostiene que, seg¨²n la Ley de Protecci¨®n de Datos, esa informaci¨®n solo puede ser usada con fines estad¨ªsticos. La Generalitat envi¨® las cartas a trav¨¦s de una empresa privada.