La justicia investigar¨¢ a los organizadores del 9N por desobedecer
El juez abre una investigaci¨®n tras la denuncia de UPyD y Plataforma per Catalunya
La justicia no ha interferido en el desarrollo del 9-N, pero perseguir¨¢ a sus organizadores. Los partidos y particulares que han acudido este domingo a los juzgados de guardia de Catalu?a para pedir la retirada de las urnas toparon, de entrada, con el criterio un¨¢nime de los fiscales: nada de medidas cautelares (por ¡°desproporcionadas¡±) y, en todo caso, v¨ªa libre para investigar, con calma, si las ¡°autoridades y funcionarios¡± que han orquestado el proceso han cometido alg¨²n delito. Esa fue la senda seguida por la mayor¨ªa de jueces de guardia que recibieron denuncias.
A primera hora, en paralelo a la apertura de locales, el juez de guardia de Barcelona, Gonzalo de Dios, recibi¨® tres denuncias similares: de un concejal del PP, de la xen¨®foba Plataforma per Catalunya y de UPyD. Esta ¨²ltima era la de mayor enjundia, ya que adem¨¢s de solicitar el desalojo de los edificios p¨²blicos donde se votaba y la incautaci¨®n de medios materiales, pretend¨ªa detener al presidente de la Generalitat, Artur Mas, y de dos de sus consejeros: Irene Rigau (Educaci¨®n) y Ramon Espadaler (Interior).
El magistrado hab¨ªa tomado su decisi¨®n a la hora de comer: rechaz¨® las medidas cautelares porque ¡°no guardan proporcionalidad¡±. El auto, de 12 p¨¢ginas, concluye que ¡°no existen razones de urgencia o relativas al orden p¨²blico que aconsejen¡± la irrupci¨®n de la polic¨ªa y la retirada de las urnas. La Generalitat se asegur¨® as¨ª calma durante toda la jornada, pero no durante las pr¨®ximas semanas o meses: el magistrado admiti¨® a tr¨¢mite la denuncia y orden¨® a los Mossos d¡¯Esquadra que elaboren un informe ¡°sobre los hechos y sus responsables¡±.
La investigaci¨®n pretende aclarar si los responsables del Gobierno catal¨¢n han cometido un delito de desobediencia, prevaricaci¨®n e incluso malversaci¨®n de fondos. El auto sit¨²a en la primera l¨ªnea a las ¡°autoridades¡± que han organizado el 9-N, aunque no descarta que los delitos puedan extenderse tambi¨¦n a los funcionarios que han participado. Al otro lado de la barrera deja, sin embargo, a los ciudadanos que acudieron a votar, y que est¨¢n exentos de cualquier responsabilidad.
El magistrado avala, en cierto sentido, el proceso de participaci¨®n: ¡°El acto en s¨ª mismo considerado de la votaci¨®n, participaci¨®n ciudadana o como quiera denominarse a los actos de canalizaci¨®n de la voluntad popular¡± no supone delito alguno. El juez de guardia incide en ese punto y subraya que el ciudadano "es libre de expresar su opini¨®n cuando desde los poderes p¨²blicos se le convoca y se le facilita que lo haga".
Por la tarde, el juez recibi¨® otras 12 denuncias; una de ellas, de nuevo, de UPyD, que pidi¨® detener a la vicepresidenta del Gobierno, Joana Ortega, por informar sobre la participaci¨®n. Abri¨® diligencias por todas ellas, que seguir¨¢n su curso habitual. Su decisi¨®n se apoya en el informe del fiscal de guardia de Barcelona y transmitido por la Fiscal¨ªa Superior de Catalu?a al resto de fiscales que estaban de guardia, y que asumieron esa tesis. Las denuncias de diversas formaciones, incluida la Falange, fueron un goteo en los partidos judiciales catalanes y seg¨²n fuentes judiciales, no hay constancia de que ninguno hubiera acordado medidas cautelares.
En el caso de Tarragona, el juez de guardia recibi¨® dos denuncias de particulares. Y aunque no acord¨® la retirada de urnas, s¨ª orden¨® a los Mossos que identificasen "los locales p¨²blicos¡± donde se vot¨® y tambi¨¦n a las personas que autorizaron su uso.
Reproches al Constitucional
Los jueces que rechazaron ayer retirar las urnas apelan a la ¡°desproporci¨®n¡±, pero tambi¨¦n a la falta de iniciativa del Tribunal Constitucional. Pese a suspender la consulta alternativa planeada por Artur Mas, el Constitucional no pidi¨® ayuda a otros ¨®rganos judiciales para hacer ejecutar su resoluci¨®n. El magistrado de Barcelona recuerda que los poderes p¨²blicos est¨¢n obligados a cumplir las resoluciones del Constitucional. Y que los juzgados deben prestarle el ¡°auxilio jurisdiccional¡±, incluso ¡°con car¨¢cter preferente y urgente¡±, pero siempre que lo solicite el propio Constitucional. En el caso del 9-N, a?ade la resoluci¨®n, ¡°no consta¡± que lo haya hecho.
Si el Constitucional no ha solicitado auxilio, carece de sentido, razona el juez, que se adopten ¡°medidas de urgencia a solicitud de particulares, aun cuando ostenten cargo p¨²blico¡±, en alusi¨®n a los partidos pol¨ªticos que presentaron las denuncias. Un juez de guardia, a?ade, debe ¡°ce?irse a hechos concretos¡±. Algo similar a?ade el juez de guardia de Badalona, que tambi¨¦n rechaz¨® paralizar la votaci¨®n, como ped¨ªa un particular. No consta, razona ese otro magistrado, que se haya pedido auxilio por parte del Constitucional ¡°ni indicaci¨®n de qui¨¦n debe ejecutar la providencia¡± que, seg¨²n la denuncia, se ha vulnerado.
El pasado 4 de noviembre, el Constitucional suspendi¨®, por unanimidad, las actuaciones y los actos de preparaci¨®n (cartas a los alcaldes reclamando locales, web de la Generalitat, campa?a institucional) del ¡°proceso de participaci¨®n ciudadana¡±. El tribunal, sin embargo, no accedi¨® a otra de las reclamaciones del Gobierno: que advirtiera al presidente de la Generalitat, Artur Mas, de que estaba obligado a cumplir esa resoluci¨®n.
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