El Gobierno choca con Torres-Dulce
El fiscal general del Estado no se plantea dimitir, pese a la presi¨®n
El Gobierno est¨¢ inquieto por la poca celeridad con la que la fiscal¨ªa est¨¢ tramitando la querella relativa a la celebraci¨®n de la consulta alternativa del 9-N, seg¨²n fuentes de los ministerios de Justicia e Interior. El Ejecutivo hubiera preferido que se presentara antes para no dar imagen de vac¨ªo pol¨ªtico en la reacci¨®n ante el desaf¨ªo soberanista. Pero el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, decidi¨® marcar su propio camino y mantener los tiempos con los que se trabaja jur¨ªdicamente, y no los que marca la actualidad pol¨ªtica.
Fuentes de la fiscal¨ªa admiten haberse sentido presionados despu¨¦s de que se filtrara que estaban ¡°ultimando¡± la querella contra Artur Mas y su vicepresidenta, Joana Ortega, y que la propia l¨ªder del PP catal¨¢n, Alicia S¨¢nchez-Camacho, incluso fijara los plazos y los supuestos delitos que se iban a imputar.
Torres-Dulce no se ha planteado su dimisi¨®n. Y el Gobierno no le puede destituir porque, por ley, el mandato del fiscal general del Estado tiene una duraci¨®n de cuatro a?os y antes de que concluya ¨²nicamente puede cesar a petici¨®n propia, por incurrir en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones, por incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo, por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones o cuando cesa el Gobierno que lo ha propuesto.
Pese a que se trata de un nombramiento del Ejecutivo, el fiscal general tiene autonom¨ªa y, a su vez, primac¨ªa jer¨¢rquica sobre el resto de fiscales espa?oles. Aun as¨ª, existe la posibilidad de que el Gobierno pida a la fiscal¨ªa que promueva ¡°las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del inter¨¦s p¨²blico¡±, como recoge el propio Estatuto fiscal. ¡°Cuando el presidente del Gobierno lo estime necesario podr¨¢ dirigirse directamente al mismo¡±, se?ala la misma ley. Pero no ha sido as¨ª porque ese requerimiento precisa de publicidad y de la convocatoria de una Junta de Fiscales para estudiar la viabilidad o procedencia de las actuaciones interesadas.
¡°El fiscal no tolera presiones de nadie¡±, a?adieron las mismas fuentes que, junto a otras de la Fiscal¨ªa Superior de Catalu?a, sostienen que tambi¨¦n la Generalitat se est¨¢ empleando para que, en su caso, la acusaci¨®n no siga adelante. ¡°La justicia debe tomar distancia de los acontecimientos¡±, consideran fuentes del ministerio p¨²blico, que a?aden que ¡°cada uno debe hacerse cargo de su responsabilidad¡±. Al igual que hizo el Tribunal Constitucional, que no quiso pronunciarse sobre una advertencia que el Gobierno pidi¨® hacer al presidente de la Generalitat, Artur Mas, si incumpl¨ªa las resoluciones judiciales, la fiscal¨ªa considera que tampoco est¨¢ para resolver problemas pol¨ªticos.
Con todo, las mismas fuentes destacan el pronunciamiento que se hizo el mismo domingo, al admitir las denuncias presentadas por UPyD y la Plataforma per Catalunya al considerar que hab¨ªa indicios de criminalidad que deb¨ªan ser investigados.
La situaci¨®n de Torres-Dulce no resulta nueva, ya que en los ¨²ltimos a?os ha tenido una relaci¨®n dif¨ªcil con los dos sucesivos ministros de Justicia: Alberto Ruiz-Gallard¨®n y ahora Rafael Catal¨¢. Hace poco m¨¢s de un a?o, se revelaron esas discrepancias por decisiones concretas del anterior ministro que orillaban la opini¨®n de la fiscal¨ªa. Por ejemplo, decisiones sobre nombramientos, renovaci¨®n de instituciones y reformas legales, entre otras.
Torres-Dulce no ocult¨® esas diferencias p¨²blicas, por ejemplo, para cuestionar la necesidad de elevar las penas en el nuevo C¨®digo Penal como hizo Gallard¨®n o en el acierto de las medidas para luchar contra la corrupci¨®n que propone el Ejecutivo. Tampoco ve¨ªa con buenos ojos el anteproyecto de C¨®digo Procesal Penal, que preparaba el anterior ministro, y no logr¨® ver cumplidas sus peticiones de aumento de plantilla de la carrera fiscal.
Esa relaci¨®n no ha mejorado con el actual titular de Justicia y se ha agravado estos d¨ªas por la falta de sinton¨ªa en la tramitaci¨®n de la querella, por su plazo de presentaci¨®n y por su alcance.
La norma
Tanto el Gobierno central como los Ejecutivos auton¨®micos pueden pedir al fiscal que intervenga:
El art¨ªculo octavo del Estatuto fiscal se?ala: ¡°El Gobierno podr¨¢ interesar del fiscal general del Estado que promueva ante los tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del inter¨¦s p¨²blico¡±.
El art¨ªculo once del Estatuto fiscal indica: "En el marco de sus competencias y cuando los ¨®rganos de Gobierno de las comunidades aut¨®nomas interesen la actuaci¨®n del Ministerio Fiscal en defensa de inter¨¦s p¨²blico se dirigir¨¢n al fiscal superior de la comunidad aut¨®noma, que lo pondr¨¢ en conocimiento del fiscal general del Estado, quien, o¨ªda la Junta de Fiscales de Sala, resolver¨¢ lo procedente¡±.
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