El Poder Judicial pide apoyo para los jueces que llevan casos de corrupci¨®n
El presidente del CGPJ propone hacer una radiograf¨ªa de carencias y disfunciones
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha anunciado que en las pr¨®ximas semanas propondr¨¢ al ¨®rgano de gobierno de los jueces la adopci¨®n de una serie de medidas dirigidas a mejorar la lucha judicial contra la corrupci¨®n, incluida la creaci¨®n de una Unidad de Apoyo para Causas por Corrupci¨®n (UACC).
Durante su comparecencia ante la Comisi¨®n de Justicia del Congreso de los Diputados, Lesmes ha explicado que la UACC se constituir¨ªa como una unidad t¨¦cnica dependiente de la Secretar¨ªa General del Consejo que tendr¨ªa como finalidad la detecci¨®n y evaluaci¨®n de los problemas que surjan en los ¨®rganos judiciales que lleven causas por delitos de corrupci¨®n.
La Unidad de Apoyo podr¨ªa proponer a la Comisi¨®n Permanente cualquier medida o actuaci¨®n que redunde en la mejora de la respuesta judicial a este tipo de procedimientos, entre ellas, iniciativas dirigidas a garantizar la independencia judicial cuando ¨¦sta se pudiera ver amenazada o perturbada en la tramitaci¨®n y resoluci¨®n de procedimientos por corrupci¨®n.
Adem¨¢s, Lesmes propone medidas de refuerzo judicial, de personal o de medios materiales en los ¨®rganos que lleven este tipo de causas y el seguimiento especial de determinados procedimientos por corrupci¨®n o de ¨®rganos judiciales encargados de su instrucci¨®n o enjuiciamiento.
Entre las propuestas se incluyen modificaciones normativas que puedan mejorar la respuesta judicial en las causas por corrupci¨®n y la puesta en marcha de foros y encuentros de jueces y magistrados que conozcan procedimientos por corrupci¨®n para que pongan en com¨²n sus experiencias, fijen protocolos de actuaci¨®n y propongan las medidas y reformas necesarias para que la respuesta judicial en esta materia sea la adecuada.
El presidente del Supremo y del CGPJ ha a?adido que, junto a la creaci¨®n de la UACC, propondr¨¢ otra serie de medidas que implican la actuaci¨®n de los Servicios de Inspecci¨®n, de Relaciones Internacionales y de formaci¨®n del ¨®rgano de gobierno de los jueces.
Entre ellas figura la asignaci¨®n a un grupo de inspectores de la Unidad Penal del Servicio de Inspecci¨®n del examen de posibles carencias y disfunciones en ¨®rganos judiciales que lleven casos de corrupci¨®n de modo que se pueda ofrecer apoyo al juez y la elaboraci¨®n de un protocolo de actuaci¨®n que permita obtener una informaci¨®n completa y uniforme sobre el funcionamiento de esos Juzgados y Tribunales.
Tambi¨¦n plantear¨¢ la designaci¨®n de un letrado del Servicio de Relaciones Internacionales para que preste el auxilio t¨¦cnico necesario a los Jueces y Magistrados que deban llevar a cabo diligencias judiciales en materia de corrupci¨®n fuera del territorio nacional, con la finalidad de garantizar la mayor eficacia y celeridad de dichas actuaciones.
Por ¨²ltimo, procurar¨¢ que se habiliten programas de formaci¨®n especializada para jueces y magistrados que conozcan causas por corrupci¨®n, tanto en los ¨¢mbitos de derecho sustantivo y procesal como en otras ¨¢reas de conocimiento necesarias para la instrucci¨®n y enjuiciamiento de ese tipo de procedimientos (econ¨®mico, financiero, contable, etc.), as¨ª como en la gesti¨®n de procedimientos complejos y macrocausas.
Carlos Lesmes, que espera que todas estas medidas se implementen a lo largo de 2015, ha se?alado que la capacidad del sistema judicial para imponer sanciones penales disuasorias desempe?a un importante papel y es una clara se?al de que la corrupci¨®n no se tolera, aunque las medidas represivas no bastan por s¨ª solas para hacer frente a la corrupci¨®n de manera eficaz.
En este sentido, el presidente del TS y del CGPJ ha insistido en que la transparencia es el mejor ant¨ªdoto contra la corrupci¨®n y ha dicho que impulsando ¨¦sta en todos los ¨¢mbitos de actuaci¨®n, p¨²blicos o privados, la lucha contra la corrupci¨®n avanzar¨¢ decididamente y de manera correlativa y aumentar¨¢ la confianza de los ciudadanos en nuestro orden pol¨ªtico y constitucional.
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