El Gobierno quiere limitar la instrucci¨®n de causas a seis meses

El Gobierno pretende limitar la instrucci¨®n de los sumarios judiciales a seis o 18 meses seg¨²n la complejidad de los casos. Esa medida est¨¢ incluida en el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que el titular de Justicia, Rafael Catal¨¢, tiene previsto presentar en el Consejo de Ministros de ma?ana.

El plazo de seis meses se contabilizar¨¢ desde el inicio del sumario. Si la investigaci¨®n es compleja, el plazo ser¨¢ de 18 meses, que podr¨¢ ser prolongado por igual plazo o por uno inferior, previa audiencia de las partes personadas en la causa. Solo de forma excepcional y con resoluci¨®n motivada, y recurrible, podr¨¢ ampliarse el plazo m¨¢ximo de 18 meses.

Esta propuesta de Justicia est¨¢ sujeta a cambios en el Consejo de Ministros y posteriormente en su tramitaci¨®n tras los informes preceptivos y en las Cortes cuando llegue a principios de 2015.

Si se aprueba esta norma, ser¨¢ la primera vez que se establezcan por ley tiempos m¨¢ximos de instrucci¨®n. Lo m¨¢s parecido es el l¨ªmite de seis meses que tienen los fiscales para practicar sus diligencias antes de judicializarlas.

Esta idea estaba contenida en el borrador de C¨®digo Procesal Penal que elabor¨® el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, apoyado en un informe de una comisi¨®n de expertos que encabez¨® Manuel Marchena, ahora presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. La diferencia sustancial es que en aquel texto se cambiaba por completo el sistema procesal y, para agilizarlo, se otorgaba a los fiscales la potestad de instruir los casos, bajo el control de jueces de garant¨ªas. Ahora estas medidas se incluyen en una reforma parcial por falta de tiempo para tramitarla en lo que resta de legislatura.

Aquel texto que se abandon¨® en 2013, en el que se basa el anteproyecto que ver¨¢ ma?ana el Gobierno, tasaba las causas por las que se pod¨ªa considerar que una investigaci¨®n es compleja y, por tanto, se pod¨ªa pasar de seis a 18 meses. En concreto, que ¡°recaiga sobre grupos u organizaciones criminales; tenga por objeto numerosos hechos punibles; involucre a gran cantidad de encausados o v¨ªctimas; exija la realizaci¨®n de pericias que impliquen el examen de abundante documentaci¨®n o complicados an¨¢lisis; implique la realizaci¨®n de actuaciones en el extranjero; precise de la revisi¨®n de la gesti¨®n de personas jur¨ªdicas privadas o p¨²blicas y que sea un delito de terrorismo¡±.

En el caso de las grandes investigaciones por corrupci¨®n, uno de los problemas es que las comisiones rogatorias superan esos plazos. Por ejemplo, as¨ª ha ocurrido con la investigaci¨®n sobre Luis B¨¢rcenas, extesorero del PP, en la que, adem¨¢s, los datos de Suiza se han demorado por recursos del encausado.

Otra de las novedades del texto ser¨¢ facilitar que los grandes casos puedan trocearse y evitar as¨ª los macroprocesos como, por ejemplo el de los ERE de Andaluc¨ªa. Para ello, la norma no obligar¨¢ a mantener la investigaci¨®n sobre hechos que tengan conexidad entre s¨ª. De esa forma, se obligar¨¢ a lo que algunos jueces ya estaban haciendo por su cuenta, como en el caso del juez Jos¨¦ Castro, instructor del caso Urdangar¨ªn, que lo dividi¨® en hasta 26 piezas separadas.

El texto del Gobierno prev¨¦ solucionar una de las grandes carencias del proceso penal como es el vac¨ªo legal en la intervenci¨®n de comunicaciones. Hace un mes, el Tribunal Constitucional anul¨® grabaciones de conversaciones de detenidos estando en comisar¨ªa, lo que afect¨®, entre otros, al caso de Asunta, la ni?a asesinada en Santiago. El anteproyecto permitir¨¢ esas escuchas como instrumento de investigaci¨®n.

La falta de tiempo limita el alcance de los cambios que plane¨® Gallard¨®n

La actual ley de Enjuiciamiento es tan antigua que no recoge la interceptaci¨®n de comunicaciones por internet o de correos electr¨®nicos. Por primera vez se regular¨¢n tomando como base el trabajo que hizo en 2013 Manuel Marchena, especialista en nuevas tecnolog¨ªas, comunicaciones y derecho. Desde hace a?os est¨¢ tambi¨¦n pendiente tras varias condenas del tribunal europeo de derechos humanos la extensi¨®n de la doble instancia penal que ahora se establecer¨¢.

Otra forma de quitar carga de trabajo a los tribunales ser¨¢ la desjudicializaci¨®n de asuntos sin autor conocido. Por ejemplo, peque?os hurtos cuyas denuncias llegan a los juzgados y cuya denuncia no pasar¨¢ ahora de las Fuerzas de Seguridad del Estado que tendr¨¢n ahora en su mano esa desjudicializaci¨®n.

La norma extender¨¢ tambi¨¦n los acuerdos de conformidad para asuntos de tr¨¢fico, reduciendo el tr¨¢mite judicial, seg¨²n el Gobierno.

Para la pr¨®xima semana el Gobierno prev¨¦ aprobar la reforma de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial. Tambi¨¦n en este caso, se abandona la ambiciosa reforma promovida por Gallard¨®n que, por ejemplo, pretend¨ªa por primera vez que tres jueces pudieran instruir un caso complejo.

La reforma legal ser¨¢ mucho m¨¢s limitada entre otras cosas tambi¨¦n por falta de tiempo para tramitarla. Las medidas tendr¨¢n que ver sobre todo con la organizaci¨®n de los juzgados.

As¨ª, una de las medidas m¨¢s pol¨¦micas que se estudian es la que afecta a las normas de reparto, de tal forma que procedimientos de juzgados con carga de trabajo superior a la establecida puedan pasar a otros parte del trabajo. El Gobierno cita como ejemplo que en Madrid los juzgados de violencia de g¨¦nero no tienen casi carga de trabajo, mientras que los de Majadahonda (Madrid) est¨¢n desbordados. En ese caso, el juez decano podr¨¢ hacer que los de Madrid asuman esa sobrecarga. El riesgo es afectar al derecho al juez natural y predeterminado.

El Ejecutivo olvida la instrucci¨®n de los fiscales y reduce las macrocausas

Estos anteproyectos ser¨¢n remitidos al Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal para informe, con la idea de que vuelvan al Consejo de Ministros antes de fin de a?o. El Gobierno deber¨¢ agilizar los tr¨¢mites, de forma que esas instituciones tendr¨¢n que emitir sus informes en menos de 15 d¨ªas. Es decir, el hecho de que el Ejecutivo haya frenado m¨¢s de un a?o estas reformas se traducir¨¢ en renunciar a una parte sustancial de ellas y, adem¨¢s, aprobarlas ahora de forma r¨¢pida. Las Cortes tendr¨¢n entre febrero y julio para tramitarlos, dado que el periodo de sesiones que se iniciar¨¢ en septiembre de 2015 no ser¨¢ completo por la obligada disoluci¨®n de las Cortes.

El Gobierno aparca la reducci¨®n de aforados

El Gobierno no prev¨¦ abordar la reducci¨®n del n¨²mero de aforados, seg¨²n fuentes del Ministerio de Justicia. Salvo cambio de opini¨®n, el Ejecutivo renunciar¨¢ a incluir esa modificaci¨®n en la reforma de la Ley del Poder Judicial cuyo anteproyecto ver¨¢ previsiblemente la pr¨®xima semana el Consejo de Ministros.

El pasado verano, el entonces ministro Alberto Ruiz-Gallard¨®n propuso en EL PA?S una reforma completa para pasar de los 17.621 aforados actuales a 22: afectaba a jueces y fiscales (a trav¨¦s de la Ley del Poder Judicial), a ministros y parlamentarios (lo que implicar¨ªa modificar la Constituci¨®n) y a diputados auton¨®micos (con cambios en los Estatutos de autonom¨ªa). Lo confirm¨® de forma m¨¢s limitada la vicepresidenta Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa. Ahora esa idea ha sido desechada.

De hecho, no estaba en el cat¨¢logo de medidas mencionadas por Mariano Rajoy la pasada semana en el Pleno del Congreso, y el presidente respondi¨® de forma gen¨¦rica a Rosa D¨ªez (UPyD) cuando se lo pidi¨®.

Por otro lado, el Gobierno se inclina, en principio, por no modificar la consideraci¨®n legal de los imputados, aunque no hay una decisi¨®n definitiva. El borrador de C¨®digo Penal Procesal que estudi¨® Gallard¨®n sustitu¨ªa ese t¨¦rmino por el de encausados, pero no es probable que esa f¨®rmula est¨¦ en el anteproyecto que previsiblemente ver¨¢ el Consejo de Ministros ma?ana, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catal¨¢. Tampoco estar¨¢ en esa reforma legal la dimisi¨®n obligatoria de cargos con procedimientos abiertos por corrupci¨®n. El Gobierno quiere que, en todo caso, sea la futura reforma del Reglamento del Congreso la que incluya la obligaci¨®n de dejar el esca?o cuando se abra juicio oral por corrupci¨®n. Esa reforma avanza tan despacio que hay dudas de su aprobaci¨®n.

Se tratar¨ªa de ampliar el art¨ªculo 21 del Reglamento, que ya se?ala que el diputado perder¨¢ la condici¨®n de tal ¡°cuando, concedida por la C¨¢mara la autorizaci¨®n objeto de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se hallare en situaci¨®n de prisi¨®n preventiva y mientras dure esta¡±. Algunos grupos creen que deber¨ªa establecerse un mecanismo de suspensi¨®n de los imputados; otros, como el PSOE, no ven sentido a limitarlo a delitos de corrupci¨®n y piden extenderlo a delitos graves.