El TSJ de Valencia suspende hasta junio el primer juicio de G¨¹rtel

El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha decidido este mi¨¦rcoles suspender hasta el 11 de junio?el primer juicio a la trama G¨¹rtel y varios antiguos cargos de la Generalitat valenciana, a quienes la Fiscal¨ªa y los socialistas atribuyen el ama?o de concursos p¨²blicos por importe de cinco millones de euros. El aplazamiento del proceso hab¨ªa sido solicitado por las defensas de los 13 acusados de ama?ar concursos p¨²blicos. El ministerio fiscal y el PSOE, que ejerce la acusaci¨®n popular, se hab¨ªan opuesto, recordando que el Tribunal Supremo inst¨® a finales de 2014 a los jueces valencianos a celebrar el juicio "sin dilaciones". Los magistrados han considerado que as¨ª podr¨¢ darse tiempo a las partes para estudiar a fondo la documentaci¨®n que procede de la parte troncal de la causa y para que la abogada de oficio de una de las acusadas, M¨®nica Magari?os, pueda ponerse al d¨ªa respecto a la causa.

Durante la segunda jornada del juicio la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha rechazado las ¡°alegaciones masivas de nulidad¡± planteadas por los acusados y a los excargos de la Generalitat valenciana. El ministerio p¨²blico ha defendido el trabajo de Baltasar Garz¨®n, que inici¨® la instrucci¨®n de la causa en la Audiencia Nacional, y ha atribuido a las defensas de los presuntos cabecillas de la red corrupta haber desplegado una ¡°maniobra dilatoria¡± e incurrir en un ¡°aut¨¦ntico fraude procesal¡±.

Contra lo que dijo el abogado de Francisco Correa en la primera jornada del juicio que se celebra en el Tribunal Superior valenciano, los fiscales han mantenido que no se le detuvo ilegalmente en febrero de 2009, cuando el caso sali¨® a la luz. ¡°Es sorprendente que tras seis a?os de procedimiento, y pese a haber presentado multitud de recursos en su momento para solicitar la libertad cuando se hallaba en prisi¨®n, sea la primera vez que se alegue una vulneraci¨®n tan grave. Esto demuestra la debilidad del argumento¡±.

Seg¨²n la Fiscal¨ªa, el supuesto no es similar al ocurrido en el caso Malaya porque Correa fue detenido ¡°para llevar a cabo diligencias indispensables¡±, como registros en varias dependencias. Durante el periodo de 72 horas desde su arresto fue puesto a disposici¨®n judicial, lo que desde el punto de vista del ministerio p¨²blico implica que volvi¨® a ¡°computarse el plazo¡± de detenci¨®n legal. Anticorrupci¨®n considera que el Supremo ya aval¨® una situaci¨®n parecida hace dos a?os.

Frente a las alegaciones de politizaci¨®n del proceso y mala fe por parte de los fiscales realizadas por las defensas en la primera jornada del juicio, el ministerio p¨²blico ha respondido este mi¨¦rcoles que desarrolla su labor ¡°con pleno respeto a los derechos fundamentales¡± y ajust¨¢ndose a su funci¨®n de ¡°defender la legalidad y a la sociedad con absoluta imparcialidad¡±. ¡°Si tenemos que tomar iniciativas que beneficien a los acusados, lo haremos, como establece nuestro estatuto org¨¢nico¡±, ha a?adido.

No existe, para la Fiscal¨ªa, violaci¨®n de derechos en la intervenci¨®n de las comunicaciones

El ministerio p¨²blico ha defendido la "imparcialidad" del tribunal, que considera "fuera de toda duda". "Ser¨¢ la representaci¨®n de Pablo Crespo quien piense que nos encontramos ante un juicio pol¨ªtico, porque nos encontramos ante un juicio penal. No nos corresponde a ninguno de nosotros valorar cuestiones pol¨ªticas", ha afirmado la Fiscal¨ªa. Sobre la recusaci¨®n de uno de los tres magistrados de la Sala, Juan Climent, por haber trabajado en la Consejer¨ªa de Presidencia del Ejecutivo valenciano a principios de la d¨¦cada de los a?os ochenta, cuando gobernaban los socialistas, el ministerio p¨²blico ha considerado que "por el momento en que se alega" (el primer d¨ªa de juicio) y por "las imprecisiones" con que se efectu¨® "deber¨ªa rechazarse". Crespo "puede tener dudas en su mente" sobre la imparcialidad de Climent, pero para recusarlo, seg¨²n Anticorrupci¨®n, deber¨ªa especificarse "qu¨¦ amistad ¨ªntima o enemistad manifiesta" lo justifican, como recoge la ley.

Tampoco existe, para la Fiscal¨ªa, violaci¨®n de derechos en la intervenci¨®n de las comunicaciones autorizadas judicialmente, cuya legalidad fue respaldada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y fueron utilizadas en el juicio del caso de los trajes celebrado en Valencia. El ministerio fiscal se ha opuesto a la petici¨®n de los letrados de los jefes de G¨¹rtel de anular el procedimiento debido a la grabaci¨®n de conversaciones entre Pablo Crespo, considerado n¨²mero dos de la red, y su abogado en prisi¨®n. Unas intervenciones de las comunicaciones que fueron expulsadas del procedimiento e implicaron la condena del juez Garz¨®n por parte del Tribunal Supremo. Seg¨²n los fiscales, la justicia ya suprimi¨® entonces las pruebas conectadas ¡°¨ªntimamente¡± con tales grabaciones. Y los acusados, seg¨²n el ministerio p¨²blico, ¡°fueron incapaces de concretar ninguna otra prueba que debiera anularse¡±.