El informe jur¨ªdico de la Junta ve legal la concesi¨®n de Aznalc¨®llar

La concesi¨®n de la mina de Aznalc¨®llar ¡°se ajusta a derecho¡±. Esta es la conclusi¨®n de un informe elaborado por los servicios jur¨ªdicos de la Junta tras conocer el auto de la titular del Juzgado de Instrucci¨®n 3 de Sevilla, Patricia Fern¨¢ndez, que considera que la adjudicaci¨®n se hizo ¡°sin el m¨ªnimo rigor¡±. El texto legal de la Junta defiende su actuaci¨®n y contradice las tesis de la investigaci¨®n de la Unidad de Delitos Econ¨®micos y Financieros (UDEF) en la que se basa la actuaci¨®n judicial por supuestos de prevaricaci¨®n, cohecho, tr¨¢fico de influencias y negociaci¨®n ilegal.

Seg¨²n el auto, ¡°no se aprecia¡± que Minorbis ¡°cumpliese las exigencias m¨ªnimas, ni siquiera para superar la primera fase del concurso de adjudicaci¨®n¡±. Tampoco ¡°observa el m¨¢s m¨ªnimo rigor en la actuaci¨®n de la Administraci¨®n¡±, cree que deber¨ªa haberse suspendido el contrato y detallado el compromiso inversor de las partes asociadas.

El informe establece que el procedimiento seguido para la adjudicaci¨®n de la explotaci¨®n est¨¢ ¡°excluido del ¨¢mbito de aplicaci¨®n de la Ley de Contratos¡± y debe regirse por el decreto 9/2013 de 17 de diciembre, por la legislaci¨®n minera y por la patrimonial. Entiende la Junta que la norma sobre contrataci¨®n es de aplicaci¨®n ¡°supletoria¡± en caso de ¡°dudas o lagunas¡±.

El decreto al que hace referencia el gabinete jur¨ªdico de la Consejer¨ªa de Econom¨ªa es el que articula los "procedimientos necesarios para la reapertura de la mina de Aznalc¨®llar" y en el que se argumenta que "la tardanza estatal en aprobar una norma legal b¨¢sica en materia de minas hace que se mantenga vigente una legislaci¨®n estatal inadaptada al r¨¦gimen constitucional de distribuci¨®n de competencias". "Esta tardanza no puede impedir el ejercicio leg¨ªtimo de sus competencias por parte de Andaluc¨ªa", a?ade la Junta en el decreto.

Tambi¨¦n defiende el texto que no se present¨® recurso especial contra la adjudicaci¨®n y que, de haberse presentado, no hubiera sido admitido en virtud de la normativa reguladora de esta concesi¨®n, ajena a la de contratos.

En este sentido, la Junta defiende que no se acord¨® la suspensi¨®n temporal del expediente porque el "recurso especial" fue anunciado pero no presentado. A?ade que, adem¨¢s, de haberse formalizado, esta v¨ªa solo se puede utilizar en determinados tipos de contratos, que no es el utilizado para la concesi¨®n minera. De esta forma, alega la Junta que incluso la tramitaci¨®n del mismo no hubiera supuesto la paralizaci¨®n del proceso al no ser de aplicaci¨®n la legislaci¨®n de Contratos del Sector P¨²blico.

En relaci¨®n con la falta de informes sobre su capacidad a trav¨¦s de la oficina consular, la Junta argumenta que "no fue exigido a Grupo M¨¦xico por cuanto en el concurso p¨²blico convocado para la adjudicaci¨®n (...) no interven¨ªa como licitador" sino que esta figura reca¨ªa en Minorbis SL, entidad con residencia en Sevilla". Entiende as¨ª la Administraci¨®n que los informes "no eran exigibles".?

Sobre la solvencia de la empresa concesionaria, Minorbis (filial Magtel) y Grupo M¨¦xico, los servicios jur¨ªdicos de la Junta consideran que ¡°a la vista de la documentaci¨®n presentada por la licitadora y a la valoraci¨®n realizada por el t¨¦cnico especializado¡±, la mesa de adjudicaci¨®n consider¨® ¡°acreditada¡± la capacidad t¨¦cnica y econ¨®mica de la sociedad.

El grupo que tom¨® la decisi¨®n sobre la empresa que obtuvo el permiso para explotar la mina tuvo en cuenta que Grupo M¨¦xico, que participaba a trav¨¦s de la espa?ola Minorbis, presentaba fondos propios de 10.090 millones de d¨®lares, por lo que se superaba el 30% del importe necesario requerido. La mesa de contrataci¨®n exigi¨® a Minorbis que avalara que la empresa americana respaldaba econ¨®mica y financieramente el proyecto, por lo que se present¨® una "declaraci¨®n conjunta de compromiso".

La adjudicaci¨®n fue denunciada por Emerita Resources Espa?a SLU, una de las dos empresas que accedieron a la fase final del concurso, resuelto por la Junta de Andaluc¨ªa el pasado 20 de febrero en favor de la entidad Minorbis-Grupo M¨¦xico (filial de Magtel). La juez investiga la presunta comisi¨®n de delitos de prevaricaci¨®n, cohecho, tr¨¢fico de influencias y negociaci¨®n ilegal vinculados con el concurso p¨²blico para la adjudicaci¨®n de la reapertura de la mina.