El juez investiga a alcaldes del PP por malversar fondos en autopropaganda

La segunda fase del caso P¨²nica, investigaci¨®n judicial abierta contra una heterog¨¦nea trama de corrupci¨®n instalada en administraciones p¨²blicas, ha puesto ahora el foco sobre los contratos a dedo adjudicados por diversos ayuntamientos a un empresario imputado en la causa, Alejandro de Pedro, que ofrec¨ªa a alcaldes del PP servicios en la red para mejorar su imagen y contrarrestar informaciones negativas.

Entre los ayuntamientos investigados ahora figuran el de Madrid, gobernado por Ana Botella, que abandona la pol¨ªtica; y el de Alcobendas, cuyo alcalde es Ignacio Garc¨ªa de Vinuesa, quien el pasado martes tom¨® posesi¨®n de su esca?o de diputado auton¨®mico del PP y opta a revalidar su cargo municipal en el pleno del pr¨®ximo s¨¢bado.

Los servicios de reputaci¨®n que ofrec¨ªa De Pedro con dos de sus empresas, Eico y Madiva, se pagaban en muchos casos con fondos p¨²blicos de los ayuntamientos donde gobernaban los pol¨ªticos implicados en estos procedimientos supuestamente corruptos, seg¨²n la investigaci¨®n judicial. El juez Eloy Velasco, instructor del caso P¨²nica, sostiene que existen indicios de malversaci¨®n de fondos p¨²blicos en estas pr¨¢cticas. La Ley permite contratar a empresas para hacer publicidad de los servicios que prestan las instituciones, pero proh¨ªbe usar dinero p¨²blico para financiar trabajos de propaganda o autobombo de los miembros del Gobierno municipal.

El magistrado mantiene imputados por hechos parecidos a los que ahora investiga en la segunda fase del caso P¨²nica a ex altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, entre ellos el exconsejero de Presidencia, Salvador Victoria, y la exconsejera de Educaci¨®n, Luc¨ªa Figar. Ambos contrataron a De Pedro para servicios de seguimiento de noticias o de posicionamiento en la red de las consejer¨ªas que dirig¨ªan. La investigaci¨®n judicial, basada en documentos incautados, en la intervenci¨®n de comunicaciones y en el testimonio de trabajadores de las empresas de De Pedro, sostiene que con dinero p¨²blico de la Comunidad de Madrid se pagaron servicios para contrarrestar informaciones negativas de los altos cargos del Gobierno regional.

En el caso del Ayuntamiento de Madrid, la Guardia Civil interrog¨® en calidad de testigos el pasado martes a dos asesores del Gobierno municipal de Ana Botella quienes habr¨ªan tenido tratos con De Pedro en relaci¨®n con un contrato mayor de 60.000 euros para posicionamiento en red y otros servicios de reputaci¨®n. El contrato nunca lleg¨® a consumarse. La investigaci¨®n s¨®lo tiene acreditado un pago de casi 5.000 euros a De Pedro por inserciones publicitarias del Ayuntamiento de Madrid en los diarios digitales del empresario.

Los investigadores de la guardia civil tambi¨¦n interrogaron a un asesor del Gobierno municipal de Alcobendas en relaci¨®n a los fondos p¨²blicos (17.281 euros) con los que este Ayuntamiento pag¨® a la empresa Madiva por inserciones publicitarias en el diario digital AlcobendasTodoNoticias entre 2012 y 2014. Adem¨¢s, Alcobendas contrat¨® con Eico, otra empresa de Alejandro de Pedro, distintas auditorias y servicios en 2011 (17.680 euros), 2012 (21.630 euros) y 2013 (14.390 euros). Todos los contratos se hicieron a dedo. Se fich¨® a las empresas de De Pedro porque los responsables municipales las conoc¨ªan "de o¨ªdas", seg¨²n indicaron a este peri¨®dico.

Trabajadores de Madiva y Eico han declarado al juez Velasco que parte de su trabajo consist¨ªa en colocar noticias positivas de dirigentes del PP en diarios digitales que creaba el empresario De Pedro y amplificar el eco de esas informaciones a trav¨¦s de miles de cuentas en twitter que gestionaban. Con este sistema, consegu¨ªan supuestamente que las noticias positivas aparecieran en los primeros lugares de los buscadores de internet. De esa manera intentaban contrarrestar esc¨¢ndalos de corrupci¨®n o noticias negativas de los dirigentes del PP. Este servicio se pagaba, seg¨²n la investigaci¨®n judicial, con fondos p¨²blicos.