De la Mata cierra la investigaci¨®n de la rama jerezana del ¡®caso G¨¹rtel¡¯

El juez de la Audiencia Nacional Jos¨¦ de la Mata ha dado por concluida la investigaci¨®n sobre la rama del caso G¨¹rtel centrada en el Ayuntamiento de Jerez. El magistrado, en una resoluci¨®n conocida este jueves, propone llevar a juicio a nueve personas, entre las que no se encuentra la exalcaldesa jerezana y senadora del PP Mar¨ªa Jos¨¦ Garc¨ªa Pelayo, cuya causa est¨¢ en el Tribunal Supremo. La pieza separada investiga la contrataci¨®n directa de las empresas de Francisco Correa para el stand de Jerez en Fitur en 2004 y la celebraci¨®n de un espect¨¢culo ecuestre en la Plaza Mayor y uno de flamenco en el parque madrile?o del Retiro con motivo de la feria tur¨ªstica. El importe de los contratos era de 355.391 euros.

De la Mata relata en su auto la "grosera ilegalidad" que supuestamente cometi¨® Jerez en la contrataci¨®n de las empresas de Correa. Las sociedades del cerebro de G¨¹rtel prestaron sus servicios sin que existiera una adjudicaci¨®n formal para ello por parte del Instituto de Promoci¨®n y Desarrollo de la ciudad de Jerez (IPDC), un ¨®rgano que, adem¨¢s, no era el competente para ello. Y seg¨²n explica el magistrado, los contratos y dem¨¢s documentos administrativos fueron elaborados una vez finalizada Fitur 2004. Los contratos se lanzaron sin concurso p¨²blico y, en algunos casos, como contratos menores y sin publicidad.

El juez individualiza las conductas de los imputados, entre otros, el entonces secretario del Ayuntamiento de Jerez y las dos interventoras del Consistorio, a quienes les imputa el suscribir distintos documentos administrativos para dar apariencia de legalidad a toda la actuaci¨®n investigada. Las empresas adjudicatarias elaboraron los presupuestos de los tres contratos y presentaron sus ofertas con posterioridad a la celebraci¨®n de Fitur 2004 y, por tanto, con posterioridad a la propia prestaci¨®n de sus servicios, con lo que se demuestra que los expedientes administrativos "se construyeron" en realidad en febrero de 2004 y que "todas las fechas consignadas en todos los documentos obrantes en los mismos son falsas".

Los hechos relatados encajan, seg¨²n el juez, en un delito de prevaricaci¨®n continuada, en tanto que se produjeron actos administrativos decisorios, "objetivamente arbitrarios, todos ellos esenciales, que ampararon una situaci¨®n en la que se prescindi¨® total y completamente del procedimiento establecido por ley". Un delito que, en sentido estricto, se imputa a las personas indicadas en la definici¨®n legal, pero que tambi¨¦n se puede atribuir como cooperador necesario a quien con sus actos realiza aportes sin los cuales los hechos no se hubieran podido cometer.