El PP fij¨® el camino al Constitucional

"Vamos a solicitar adem¨¢s que la suspensi¨®n, en caso de ser acordada, sea comunicada expresamente a la presidenta del Parlamento catal¨¢n". En esta frase aparentemente inocua de la intervenci¨®n de ayer de Mariano Rajoy est¨¢ el camino por el que el Gobierno quiere transitar en el pr¨®ximo mes para hacer frente al desaf¨ªo soberanista en Catalu?a. El presidente apunta en esa frase a la v¨ªa que estableci¨® solo con los votos del PP en la reforma expr¨¦s del Tribunal Constitucional que aprobaron las Cortes hace un mes y que es la pista de aterrizaje de la estrategia jur¨ªdica de La Moncloa. El Ejecutivo quiere seguir por ese camino y aparca para m¨¢s adelante la posibilidad del art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n y la v¨ªa penal. Ninguna de las dos ser¨ªa necesaria, seg¨²n la previsi¨®n de Rajoy, antes de las elecciones del 20 de diciembre, porque la resoluci¨®n no es ejecutiva y porque es posible que hasta enero no haya Gobierno en Catalu?a para ejecutarla y luego todo puede cambiar en funci¨®n del resultado electoral.

Sin presidente en Catalu?a no es posible desarrollar las leyes previstas en la resoluci¨®n independentista.

Los estudios no contemplan el 155 como necesario a¨²n y la v¨ªa penal es m¨¢s que prematura, porque, por ejemplo, el art¨ªculo 544 del C¨®digo Penal, el que regula el delito de sedici¨®n, exige circunstancias que se contemplan todav¨ªa como lejanas. En concreto se refiere a quienes "se alcen p¨²blica y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las v¨ªas legales, la aplicaci¨®n de las leyes", es decir, requiere tumultos.

El Gobierno entiende que la del Constitucional es m¨¢s inocua. Se basa en el art¨ªculo 87 de la Ley Org¨¢nica del Constitucional que ha introducido el PP y que se?ala que el Tribunal "podr¨¢ acordar la notificaci¨®n personal de sus resoluciones a cualquier autoridad o empleado p¨²blico que se considere necesario". Es decir, que como apunt¨® ayer Rajoy, la presidenta del Parlamento de Catalu?a se haga responsable de que se cumpla la suspensi¨®n que a finales de esta semana decrete el Tribunal. A continuaci¨®n, el reci¨¦n aprobado art¨ªculo 92 prev¨¦ que las partes, en este caso La Moncloa a trav¨¦s de la Delegaci¨®n del Gobierno en Catalu?a, vigilen el cumplimiento de la suspensi¨®n. "Las partes podr¨¢n promover el incidente de ejecuci¨®n", asegura y explica que "en caso de advertirse que una resoluci¨®n dictada en el ejercicio de su jurisdicci¨®n pudiera estar siendo incumplida, el Tribunal, de oficio o a instancia de alguna de las partes del proceso en que hubiera reca¨ªdo, requerir¨¢ a las instituciones, autoridades, empleados p¨²blicos o particulares a quienes corresponda llevar a cabo su cumplimiento para que en el plazo que se les fije informen al respecto". Si se constata el incumplimiento Forcadell podr¨ªa ser sancionada con multa de 3.000 a 30.000 euros o con la suspensi¨®n de su cargo.