Primer archivo masivo en los ERE para 12 empresarios por prescripci¨®n

La juez del caso ERE, Mar¨ªa N¨²?ez, ha archivado las acusaciones contra 12 empresarios de la Sierra Norte sevillana por haber prescrito los delitos despu¨¦s de 10 a?os sin que la justicia actuara desde que la Junta andaluza concedi¨® las subvenciones. La decisi¨®n de la magistrada llega despu¨¦s de que la Audiencia de Sevilla decretara las dos primeras prescripciones de delitos la semana pasada y por tanto marcara la senda a la instructora.

La Audiencia aclaraba en su auto que la actuaci¨®n de la juez Mercedes Alaya provoc¨® la exculpaci¨®n de dos ayudas al empresario Luis Garc¨ªa por 270.000 euros y a Juan Manuel Prieto por 180.000 euros, ya que ambos no hab¨ªan sido imputados de manera formal durante cuatro a?os de instrucci¨®n hasta el 6 de febrero de 2015. Y ese auto de Alaya lleg¨® demasiado tarde, por lo que los delitos quedar¨¢n impunes.

Alaya respondi¨® ayer a las cr¨ªticas por su dilaci¨®n en una conferencia en Sevilla. La juez considera que las prescripciones no deben achacarse a su actuaci¨®n ni a la Guardia Civil, sino que se debe a la complejidad de las ¡°tramas delictuales¡± que sobrepasan los medios personales y materiales de la justicia. Sin embargo, el 11 de marzo de 2013 Alaya rechaz¨® dos jueces de apoyo que le brind¨® el Poder Judicial porque consider¨® que ella sola pod¨ªa asumir todas las investigaciones. ¡°La culpa de esas tramas delictuales no las tenemos ni la polic¨ªa ni la Guardia Civil ni los jueces. Es porque se ha consentido durante mucho tiempo que la corrupci¨®n pol¨ªtica exista y adem¨¢s con el conocimiento casi notorio por parte de mucha gente¡±, aleg¨® ayer.

En su auto, la juez N¨²?ez ampl¨ªa el arco de la prescripci¨®n de delitos a 12 empresarios, uno de ellos ya fallecido, por ayudas como la de Jos¨¦ Reina, por 300.000 euros a su empresa Eustaquio Reina, o Beatriz P¨¦rez, de la firma Producciones Barataria, que recibi¨® 210.000 euros de la Junta andaluza. Las ayudas suman un total de 1,2 millones, aunque la prescripci¨®n no significa que la Administraci¨®n no pueda recuperar dicho dinero. Para ello, los empresarios pasan a ser responsables civiles de los delitos y nueve de ellos declarar¨¢n en el juzgado como testigos.

El auto de esta semana responde a la Audiencia, que se bas¨® asimismo en el criterio de la fiscal¨ªa expresado hace un a?o para que todas las ayudas menores a 450.000 euros estuvieran sujetas al plazo de prescripci¨®n de 10 a?os y no de 15 a?os por su especial gravedad. En la resoluci¨®n la instructora imputa a seis nuevas personas, entre ellas el actual alcalde socialista de Cazalla de la Sierra, Sotero M. Mart¨ªn, antiguo responsable de la empresa Cortansa, al que cita a declarar el pr¨®ximo 26 de mayo.