El Congreso pide a G¨®mez de la Serna datos de su empresa

El Congreso ha pedido explicaciones a 23 diputados sobre sus actividades al margen del esca?o que han declarado, antes de concederles la compatibilidad en el pleno. Entre ellos destaca Pedro G¨®mez de la Serna, que fue elegido en las listas del PP, que ahora est¨¢ en el Grupo Mixto y que est¨¢ siendo investigado por la Audiencia Nacional por el presunto cobro de comisiones. La Comisi¨®n del Estatuto ha denegado a Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, la posibilidad de pertenecer al Centro de Asuntos Taurinos de Madrid.

La Comisi¨®n del Estatuto del Diputado del Congreso se ha dirigido a 23 diputados para pedirles aclaraciones sobre las actividades que han declarado al margen del esca?o.

En teor¨ªa la actividad parlamentaria es incompatible con cualquier otra, salvo que la C¨¢mara lo autorice expresamente. La limitaci¨®n es que no pueden tener relaciones con ninguna administraci¨®n, ni recibir ninguna retribuci¨®n p¨²blica diferente a la del Congreso o, en caso contrario, optar entre un ingreso u otro.

No tiene el Congreso capacidad para investigar si los datos aportados son ciertos o no, ni siquiera para verificar si se cumplen las incompatibilidades. De hecho, la mayor¨ªa absoluta del PP impidi¨® en la pasada legislatura que se pidieran cuentas a diputados como Miguel Arias Ca?ete por declarar que su empresa no contrataba con las administraciones o a Vicente Mart¨ªnez-Pujalte por cobrar de una consultora.

Ahora, antes de someter al Pleno todas las actividades declaradas, la Comisi¨®n del Estatuto se ha dirigido a 23 parlamentarios para que aclaren los datos aportados. Son 13 del PP; dos del Grupo Mixto, cuatro de ERC, uno de Podemos, uno de DL, uno del PNV y uno de Ciudadanos. No hay ninguno del PSOE.

El m¨¢s significativo es Pedro G¨®mez de la Serna, al que se pide "precisar tipo de relaci¨®n con la referida entidad (titularidad y/o administraci¨®n), objeto social, con aportaci¨®n de sus estatutos sociales; ¨¢mbito nacional o internacional de su actuaci¨®n, obligaciones de desplazamiento que supone su dedicaci¨®n a la misma, y relaci¨®n con el sector p¨²blico estatal, auton¨®mico o local, as¨ª como entes p¨²blicos o privados de otros estados". La empresa por la que se le pregunta es Scardovi S. L. con la que presuntamente cobr¨® comisiones en diversos pa¨ªses y por la que es investigado.

En la mayor¨ªa de los casos son aclaraciones sobre fechas de jubilaci¨®n o sobre baja en la prestaci¨®n del desempleo, como es el caso de Juan Gabriel Rufi¨¢n de ERC, al que se le pide que precise la fecha en que dej¨® de recibir el paro.

Entre los del PP hay nueve que son concejales y se les pide que aclaren si reciben retribuciones p¨²blicas o solo dietas. El diputado por M¨¢laga Jos¨¦ Mar¨ªa Garc¨ªa Urbano declar¨® ser registrador de la propiedad y se le pide que lo aclare porque se trata de una actividad incompatible con el esca?o, es decir, que tendr¨ªa que optar entre ambas actividades.

Dolores de Cospedal, n¨²mero dos del PP, declar¨® pertenecer como vocal al Consejo de Administraci¨®n del Centro de Asuntos Taurinos, "¨®rgano sin personalidad dependiente de la Consejer¨ªa de Presidencia de la Comunidad de Madrid". El Congreso le responde que esa actividad "no es compatible conforme a la Ley Org¨¢nica de R¨¦gimen Electoral General por si quiere modificar su declaraci¨®n antes de que la comisi¨®n se pronuncie sobre la actividad".

Ese centro tiene funciones asesoras para los regidores de la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid y sus miembros no reciben retribuci¨®n alguna.

Al diputado del PP Jos¨¦ Ram¨®n Garc¨ªa Ca?al se le impide ejercer como vocal de la empresa Caser.

A Carles Campuzano, diputado de Democracia i Llibertad, se le pide que aclare el objeto social y su relaci¨®n con ocho fundaciones.

A Teresa Jord¨¢, de ERC, se le pide que aclare su vinculaci¨®n a la empresa Nerinet, dedicada a la prestaci¨®n de servicios de limpieza y maquinaria industrial, para saber si "tiene relaci¨®n con el sector p¨²blico".