La Oficina de Conflictos de Intereses expedienta al director del Teatro Real

El procedimiento sancionador tiene car¨¢cter reservado. La Oficina, que depende org¨¢nicamente del Ministerio de Hacienda y Administraciones P¨²blicas, no desvela el motivo de la incoaci¨®n de este o de cualquier otro expediente, pero fuentes conocedoras del caso adelantaron a EL PA?S que el origen es el encargo de un informe de cuentas a una auditora privada.

A preguntas de este diario, una portavoz del Teatro Real explic¨® que no fue el director general, sino la comisi¨®n ejecutiva del teatro, a instancias de su presidente, la que acord¨® por unanimidad en 2013 encargarle un estudio a Deloitte para ¡°acreditar la solvencia de la instituci¨®n¡±.

Por aquellas fechas, varios medios de comunicaci¨®n hab¨ªan publicado informaciones sobre una supuesta situaci¨®n de quiebra del Teatro Real. ¡°La imputaci¨®n afectaba a la reputaci¨®n institucional y a su imagen ante sus patrocinadores privados, que constituyen su primera fuente de financiaci¨®n¡±, a?ade la portavoz.

La Intervenci¨®n General del Estado consider¨® que el contrato entraba en conflicto con las competencias de la Oficina Nacional de Auditor¨ªa, y por eso su responsable, ?ngel Manuel ?lvarez Cap¨®n, solicit¨® ¡ªreiteradamente, seg¨²n el Teatro Real, y tras alg¨²n intento fallido¡ª la apertura del expediente a la Oficina de Conflictos de Inter¨¦s. ?lvarez Cap¨®n fue noticia recientemente por una denuncia del sindicato de t¨¦cnicos de Hacienda, Gestha, en la que subrayaba era consejero de Acuamed al tiempo que encargado de vigilar desde Hacienda las posibles irregularidades en dicha empresa, que no detectaron.

Gregorio Mara?¨®n, presidente del Teatro Real, subraya que el informe de Deloitte no cost¨® un solo euro a las arcas de la instituci¨®n y que el director general se limit¨® a formalizar el acuerdo al que hab¨ªa llegado la comisi¨®n ejecutiva. ¡°No se ha producido absolutamente ning¨²n perjuicio a la instituci¨®n¡±, repite. Y a?ade que el servicio contratado no fue una auditor¨ªa, que corresponde a la intervenci¨®n del Estado, sino un simple informe sobre el estado de las cuentas, un "estudio de alcance".

El expediente, seg¨²n las fuentes consultadas, se encuentra moment¨¢neamente suspendido a la espera de que el Tribunal de Cuentas emita el informe que le ha solicitado la Oficina.

"Este expediente no tiene ning¨²n recorrido y tengo la certeza absoluta de que se va a archivar¡±, asegura el afectado

Ignacio Garc¨ªa-Belenguer est¨¢ convencido de que el expediente no llegar¨¢ a ninguna parte. En conversaci¨®n telef¨®nica con EL PA?S, apunt¨® adem¨¢s a que la Abogac¨ªa del Estado respald¨® la celebraci¨®n del contrato con Deloitte. Tambi¨¦n los servicios jur¨ªdicos del Teatro Real lo consideraron legal. ¡°Estoy absolutamente tranquilo. Este expediente no tiene ning¨²n recorrido y tengo la certeza absoluta de que se va a archivar¡±, se?al¨®.

Garc¨ªa-Belenguer es director general del Teatro Real desde abril de 2012, cuando sustituy¨® a Miguel Mu?iz en el cargo. Con anterioridad fue director de Coordinaci¨®n del Patrimonio Nacional y secretario general de la Agencia Espa?ola de Protecci¨®n de Datos.

Deloitte es uno de los patrocinadores del Teatro Real, al que aporta 70.000 euros al a?o. Seg¨²n esta instituci¨®n, su principal fuente de financiaci¨®n son los mecenas y patrocinadores, lo que motiv¨® que quisiera contar con un "documento fiable que demostrara lo infundado de unas noticias aparecidas en diarios digitales".

La Oficina de Conflictos de Intereses, que dirige Flor Mar¨ªa L¨®pez Laguna, se cre¨® en 2006 para velar por el cumplimiento del r¨¦gimen de incompatibilidades de los altos cargos. Puede incoar procedimientos sancionadores en virtud de la Ley 3/2015, que regula el ejercicio del alto cargo de la Administraci¨®n General del Estado, y tambi¨¦n de la 19/2013, de transparencia, acceso a la informaci¨®n p¨²blica y buen gobierno.

En el caso del director del Teatro Real, su expediente se basa en la segunda normativa, que adem¨¢s de velar por el derecho a la informaci¨®n de la ciudadan¨ªa, regula lo que debe ser el "buen gobierno" y a quienes lo ejercen, entre ellos los altos cargos de la Administraci¨®n. El t¨ªtulo II de la norma incluye infracciones muy graves en materia de gesti¨®n econ¨®mico-presupuestaria.

Expediente a Ar¨ªstegui

Durante los primeros seis meses de este a?o la Oficina de Conflictos de Inter¨¦s solo ha abierto otro procedimiento sancionador, el de Gustavo de Ar¨ªstegui y San Rom¨¢n, exembajador de Espa?a en India que est¨¢ siendo investigado en la Audiencia Nacional como el presunto l¨ªder de una trama de comisiones ilegales en la que tambi¨¦n participaba el exdiputado del PP Pedro G¨®mez de la Serna.

Los procedimientos sancionadores suelen estar envueltos en el m¨¢ximo secreto, puesto que no se desvela ni la actuaci¨®n que motiva su apertura. La Ley 3/2015 del ejercicio del alto cargo de la Administraci¨®n General del Estado establece que para asegurar la transparencia del control del r¨¦gimen de incompatibilidades, la Oficina de Conflictos de Intereses elevar¨¢ al Gobierno cada seis meses, para su remisi¨®n al Congreso de los Diputados, un informe, con datos personalizados, sobre el cumplimiento de las obligaciones de declarar de los altos cargos, adem¨¢s de las infracciones y las sanciones. Sin embargo, ni siquiera en los informes dirigidos al Congreso se especifica el motivo.

Tampoco cuando se resuelve un expediente, cosa que ha sucedido en tres ocasiones en los primeros seis meses del a?o, se informa al Congreso de nada m¨¢s que eso, la resoluci¨®n. El ¨²ltimo informe de la Oficina recoge que los expedientes de Luis Hern¨¢ndez Ferrero, inspector general de Sanidad de la Defensa, Almudena Mu?oz, exdirectora de Casa del Mediterr¨¢neo, y de Marta Plana, exconsejera de la Comisi¨®n del Mercado de las Telecomunicaciones, ya se han cerrado.

Cuando se considera que han cometido una infracci¨®n, parte de la sanci¨®n consiste en que se publique en el Bolet¨ªn Oficial del Estado. Ferrero, por ejemplo, cometi¨® una infracci¨®n muy grave y otra grave del r¨¦gimen de incompatibilidades. Se public¨® en el BOE el pasado mes de abril. La sanci¨®n tambi¨¦n consiste en que no pueda ser nombrado para ocupar ning¨²n cargo p¨²blico durante siete a?os.

En el caso de Mu?oz, el Ministerio de Hacienda y Administraciones P¨²blicas consider¨® que la infracci¨®n cometida era grave, y solo supuso la publicaci¨®n en el BOE en mayo pasado.

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