La Junta de Andaluc¨ªa pide el archivo del caso contra Gri?¨¢n y Chaves
El PP se suma a las tesis de Anticorrupci¨®n y acusa a los expresidentes en los ERE
La instrucci¨®n de la pieza del caso de los ERE en la que est¨¢n involucrados los expresidentes de la Junta de Andaluc¨ªa Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, as¨ª como?otros 24 ex altos cargos de la Administraci¨®n auton¨®mica, llega a su fin despu¨¦s de que la Junta de Andaluc¨ªa y el PP, como acusaciones particulares, hayan agotado el plazo para la presentaci¨®n de sus conclusiones. El Gobierno andaluz ha pedido el archivo de esta pieza al entender que no hubo trama organizada de corrupci¨®n, que los procedimientos eran legales y que los fraudes se circunscriben a casos particulares que se investigan en otras diligencias. El PP, por el contrario, se suma a las tesis de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y se?ala como responsables a los expresidentes y sus exconsejeros.
La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ya ha adelantado su escrito de acusaci¨®n, en el que ha pedido seis a?os de prisi¨®n y 30 de inhabilitaci¨®n para el expresidente socialista andaluz Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n por un delito continuado de malversaci¨®n y otro de prevaricaci¨®n. Para Manuel Chaves solicita 10 a?os de inhabilitaci¨®n por prevaricaci¨®n. Adem¨¢s, reclama entre seis y ocho a?os de prisi¨®n para los exconsejeros Jos¨¦ Antonio Viera, Antonio Fern¨¢ndez, Francisco Vallejo y Carmen Mart¨ªnez Aguayo.
Anticorrupci¨®n sostiene que 26 cargos de la Junta de Andaluc¨ªa mantuvieron un sistema de ayudas que permiti¨® la concesi¨®n de subvenciones a personas o entidades que no ten¨ªan derecho a ellas (los conocidos como intrusos) y que se pagaron sobrecomisiones de las que se beneficiaron otras empresas y responsables pol¨ªticos. Este modelo se mantuvo pese a que la fiscalizaci¨®n de la Intervenci¨®n General advirti¨® del descontrol en la concesi¨®n de ayudas del fondo para empresas en crisis, dotado con 855 millones entre 2000 y 2010.
El PP defiende que este procedimiento de subvenciones no solo fue permitido, sino que fue articulado desde la Junta de Andaluc¨ªa, por lo que mantiene su petici¨®n de penas para los anteriores responsables del Gobierno andaluz.
Por el contrario, la Junta de Andaluc¨ªa niega que est¨¦ acreditada la existencia, durante una d¨¦cada, de una trama criminal. El Gobierno limita los fraudes a casos particulares que se est¨¢n investigando en distintas piezas y en las que se centrar¨¢ su acusaci¨®n para reclamar las cantidades que se demuestren que fueron objeto de fraude.
"No existen pruebas que avalen el presunto conocimiento que los encausados pudieran tener de las irregularidades que se ven¨ªan cometiendo en la concesi¨®n de las ayudas, y aun en la hip¨®tesis de que hubiesen tenido ese conocimiento, este elemento por s¨ª solo no ampara una calificaci¨®n propia del delito de prevaricaci¨®n, pues deber¨ªa ir acompa?ado del dictado de resoluciones administrativas injustas, a¨²n en su modalidad omisiva", afirma la Junta.
Adem¨¢s, el Ejecutivo auton¨®mico rechaza que en esta pieza se pueda juzgar a los responsables pol¨ªticos de malversaci¨®n al entender que ser¨ªa necesario un ¨¢nimo de lucro del que, en su opini¨®n, no existe prueba alguna.
El escrito de acusaci¨®n cuestiona incluso la prueba pericial en la que se fundamenta el auto de procesamiento al considerar que "ha ca¨ªdo en clamorosas fallas jur¨ªdicas que cuestionan severamente su validez". "La existencia de una trama criminal, que no consideramos acreditada de acuerdo con las diligencias de prueba acordadas en las actuaciones, implicar¨ªa, durante m¨¢s de diez a?os, la concertaci¨®n por centenares de personas intervinientes en procedimientos, procesos y decisiones distintos, y sin relaci¨®n entre s¨ª, para la asignaci¨®n arbitraria de fondos p¨²blicos, de los que se han seleccionado, no sabemos seg¨²n qu¨¦ criterios, menos de una treintena de personas".
Esta tesis de ausencia de trama general coincide con la esgrimida recientemente por la juez Mar¨ªa N¨²?ez Bola?os en el archivo de la causa por el ERE de Azucareras Reunidas de Ja¨¦n en 2006. Seg¨²n la magistrada, entre los 57 trabajadores beneficiados no se hallaron "intrusos". "Durante una d¨¦cada y a trav¨¦s de un procedimiento cuestionado se han concedido numerosas ayudas, pero no todas carecen de causa justificada. Es evidente que el procedimiento es el mismo en todas, pero, m¨¢s all¨¢ de esa coincidencia, la casu¨ªstica es numerosa y dispar. Una correcta instrucci¨®n requiere de un an¨¢lisis pormenorizado de cada una de las ayudas y una respuesta ajustada a derecho en cada caso y en relaci¨®n con cada persona", apunta. "La posici¨®n contraria nos llevar¨ªa a afirmar que todos los actos de concesi¨®n de las ayudas son constitutivos de delito y, en consecuencia, todos los trabajadores que han percibido estas ayudas, al menos unos 6.000 trabajadores, deber¨ªan devolverlas tray¨¦ndolos al procedimiento, al menos, como beneficiarios a t¨ªtulo lucrativo, lo cual hasta ahora no se ha verificado, ni creo que se deba hacer, salvo superior criterio", a?ade la magistrada.
El PP acusa a D¨ªaz de devolver el favor a los expresidentes
El portavoz del PP-A, El¨ªas Bendodo, ha afirmado que el PSOE andaluz "est¨¢ manchado por la corrupci¨®n y que las responsabilidades pol¨ªticas en el caso de los ERE "siguen estando ah¨ª". El dirigente populara ha acusado a la presidenta de la Junta de Andaluc¨ªa, Susana D¨ªaz, de haber "devuelto el favor" a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n al solicitar su Gobierno el archivo de la pieza que les ata?e junto a otros 24 ex altos cargos de la Administraci¨®n andaluza.
Bendod ha rechazado el argumento de la Junta sobre la actuaci¨®n en las piezas que investigan las distintas ayudas concedidas. En su opini¨®n, al pedir el archivo, el Gobierno auton¨®mico "no estar¨¢ presente en el juicio a pesar de ser la principal interesada en aclarar y recuperar todo lo que haya que recuperar del dinero de los andaluces".
Bendodo ha afirmado que la petici¨®n de archivo "deja en evidencia a Susana D¨ªaz", a, en su opini¨®n, "se le cae toda la credibilidad en su lucha contra la corrupci¨®n".
Por su parte, la secretaria general de Podemos en Andaluc¨ªa, Teresa Rodr¨ªguez, ha dicho que, al margen de las decisiones judiciales, los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n y la presidenta actual, Susana D¨ªaz, tienen "responsabilidades pol¨ªticas" por el da?o "imperdonable" de los ERE.
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