Justicia asume ideas del PSOE para pactar la reforma penal

Rafael Catal¨¢ ya se ha reunido con todos los portavoces de Justicia de todos los partidos para pedirles apoyo a las reformas que pretende impulsar, especialmente, la de la nueva la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Parte con una ventaja: su interlocutor del PSOE, Juan Carlos Campo, fue secretario de Estado de Justicia con Francisco Caama?o como ministro del ¨²ltimo Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero y entonces se elabor¨® un proyecto de ley que Catal¨¢ quiere utilizar como base. No se aprob¨® por falta de tiempo, pero inclu¨ªa l¨ªneas generales que ahora el Gobierno de Mariano Rajoy pretende impulsar: el fiscal instruye bajo el control de un juez de garant¨ªas; se establece un plazo efectivo de 12 meses para la instrucci¨®n y se limita la acusaci¨®n popular.

El otro interlocutor b¨¢sico es Ciudadanos que en febrero firm¨® un acuerdo con el PSOE en el que se dec¨ªa textualmente: ¡°Aprobar con el mayor consenso una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que atribuya la direcci¨®n de la investigaci¨®n al Ministerio Fiscal y que cree la figura del juez de garant¨ªas¡±.

En 2013 el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, present¨® un texto similar elaborado por un grupo de expertos dirigidos por Manuel Marchena, hoy presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. De la s¨ªntesis de ambos textos pretende Catal¨¢ hacer una propuesta pactada para presentarla antes de verano.

La del PSOE de 2011 fue impulsada y defendida por el entonces fiscal general del Estado y hoy magistrado de la Sala Segunda del Supremo, C¨¢ndido Conde Pumpido. Es decir, esa idea de reforma tiene respaldo inicial de PP, PSOE y Ciudadanos y respaldo de personalidades destacadas de la c¨²pula judicial. El texto del PSOE, que hace suyo en sus l¨ªneas generales el actual Gobierno, establece que la responsabilidad de la instrucci¨®n sea del fiscal, de quien depender¨¢ la polic¨ªa judicial, bajo el control del juez de garant¨ªas, que actuar¨¢ como garante de los derechos de los investigados, para supervisar las diligencias decididas por el fiscal. Seg¨²n ese texto, el fiscal iniciar¨¢ la investigaci¨®n con un decreto, con posibilidad de tener a su cargo un equipo de fiscales en causas complejas y decidir el archivo del procedimiento si no aprecia indicios de delito.

Plazos de instrucci¨®n

Los proyectos del PSOE y del PP coinciden en establecer un plazo de 12 meses para investigar, salvo causas justificadas, y en limitar la acusaci¨®n popular, que no podr¨¢n ejercer las Administraciones p¨²blicas, partidos pol¨ªticos y sindicatos, ni podr¨¢ ejercerse en algunos tipos de delitos, ni oponerse a acuerdos de conformidad. La diferencia con el plazo actual de instrucci¨®n es que ahora lo decide el propio juez y en el futuro s¨ª ser¨ªa efectivo por estar controlado por el juez de garant¨ªas.

Catal¨¢ renunci¨® por falta de tiempo a la reforma total de la ley y lo dej¨® en cambios concretos, estableciendo plazos de seis meses ampliables a 18 para la instruci¨®n, pero decididos siempre por el mismo juez instructor.

Justicia a?ade ahora en su objetivo para la nueva ley la agilizaci¨®n del proceso penal eliminando recursos y dejando la pr¨¢ctica de algunas diligencias para la vista oral, entre otras.

La actual Ley de Enjuiciamiento Criminal procede del siglo XIX y ha sufrido innumerables reformas parciales que en ning¨²n caso han afectado al modelo de proceso penal. En este momento, no hay en ning¨²n pa¨ªs de Europa un proceso penal como el espa?ol, con una figura como la del fiscal espa?ol.