Absuelto el exministro de Guatemala Carlos Vielmann de la ejecuci¨®n de 10 presos
La Audiencia Nacional considera que no ha quedado acreditado que autorizara las muertes
La Audiencia Nacional absolvi¨® ayer a Carlos Vielmann, ministro de Gobernaci¨®n (Interior) de Guatemala entre julio de 2004 y marzo de 2007 del asesinato sin juicio de diez presos que trataron de fugarse o amotinarse en dos prisiones del pa¨ªs centroamericano en los a?os 2005 y 2006. El fallo, que cuenta con un voto discrepante, considera que no ha quedado probado que Vielmann ordenara, autorizara o respaldara las ejecuciones extrajudiciales de los reclusos.
Carlos Vielmann, ministro de Gobernaci¨®n en el Ejecutivo guatemalteco presidido por ?scar Berger, ten¨ªa bajo su mando a la el sistema penitenciario y la Polic¨ªa Nacional Civil. El 25 de septiembre de 2006, las fuerzas policiales y el ej¨¦rcito del pa¨ªs centroamericano pusieron en marcha el Plan Pavo Real, que ten¨ªa como objetivo declarado que el Estado recuperara el control de la granja penal El Pav¨®n. Esta prisi¨®n estaba dirigida de hecho por un grupo de reclusos autodenominado ¡°Comit¨¦ de Orden y Disciplina¡±, que desde all¨ª controlaban el tr¨¢fico de drogas, la falsificaci¨®n de documentos y otras actividades delictivas.
El juez De Prada: "Debi¨® ser condenado"
El magistrado Jos¨¦ Ricardo de Prada volvi¨® a quedarse solo frente a la mayor¨ªa conservadora del tribunal. El magistrado progresista emiti¨® un voto particular en el que entiende que Carlos Vielmann debi¨® ser condenado por las diez ejecuciones extrajudiciales de presos.
Seg¨²n el magistrado progresista, no es veros¨ªmil que el ministro de Gobernaci¨®n no se estuviese enterando de lo que suced¨ªa en el penal Pav¨®n un recinto cerrado, "cuyo interior estuvo recorriendo a pie y lo sobrevol¨® y en el que se llevaron a cabo acciones parapoliciales evidentes por personas disfrazadas de swat [unidades policiales de ¨¦lite] con pasamonta?as y armas espectaculares que nada ten¨ªan que ver con el armamento oficial".
De Prada rechaza la ¡°minimizaci¨®n¡± que hacen sus compa?eros del tribunal en la sentencia de los testimonios ofrecidos en el juicio por expertos en las condiciones de vida en las prisiones guatemaltecas.
El magistrado discrepante se sorprende en su voto particular de que la sentencia no haga referencia a mandos policiales intervinientes ni la forma como se produjeron las muertes, ¡°simulando meros enfrentamientos con la polic¨ªa que en realidad no existieron¡±.
En la madrugada de ese d¨ªa, 3.000 polic¨ªas apoyados por tanquetas militares tomaron el penal por la fuerza. En ese acto, siete reclusos pertenecientes al Comit¨¦ de Orden y Disciplina fueron asesinados por efectivos policiales ¡ªo paramilitares¡ª encapuchados y sin distintivos que permitieran su identificaci¨®n. Las v¨ªctimas no ofrecieron resistencia. Seg¨²n la fiscal¨ªa, que ped¨ªa 160 a?os de prisi¨®n para Vielmann como m¨¢ximo responsable de la operaci¨®n, el ¡°objetivo paralelo y oculto del Plan Pavo Real¡± era matar a los l¨ªderes de la insurgencia dentro del penal.
Once meses antes, en octubre de 2005, 19 reclusos de la c¨¢rcel El Infiernito, ubicada en el departamento de Escuintla, lograron darse a la fuga. Para su recaptura, el ministerio de Gobernaci¨®n puso en marcha el denominado Plan Gavil¨¢n, que inclu¨ªa ofrecer recompensas a quienes dieran informaci¨®n que permitiera localizar a los huidos.
As¨ª, el 3 de noviembre de ese a?o, el preso Edwin Santacruz, fue localizado gracias a un confidente y ejecutado sin juicio con un disparo en la nuca en una vivienda en la que se hab¨ªa refugiado. Los supuestos asesinos colocaron el cad¨¢ver en el asiento del copiloto de un coche que previamente hab¨ªan estrellado y pusieron a la v¨ªctima un rev¨®lver entre las piernas para simular una refriega que no se produjo.
Otros dos reclusos de El Infiernito Juli¨¢n Morales Blanco y Jos¨¦ Mar¨ªa Maldonado Sosa, fueron tambi¨¦n localizados gracias a la informaci¨®n de un confidente, y muertos por miembros de las fuerzas de seguridad el 1 de diciembre de 2005. La Fiscal¨ªa no present¨® acusaci¨®n por estos dos fallecidos, aunque s¨ª lo hizo la acusaci¨®n popular.
El ministerio p¨²blico solicitaba una pena de 160 a?os de c¨¢rcel para Vielmann, ciudadano espa?ol desde 2009, por ocho asesinatos. Por su parte, la acusaci¨®n popular reclamaba una condena de 300 a?os de prisi¨®n por diez delitos de lesa humanidad. Las solicitudes han sido desestimadas por la Secci¨®n Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional.
En el caso de la toma de la granja penal Pav¨®n, el grupo mayoritario del tribunal considera que no se ha acreditado que Vielmann ¡°participase en la ejecuci¨®n de los reclusos, ni orden¨¢ndola, ni autoriz¨¢ndola, ni manifestando su respaldo o aquiescencia, ni que conociese o tuviese razones para conocer o prever que pod¨ªa producirse¡±.
La jerarqu¨ªa no supone responsabilidad
Seg¨²n el ponente de la sentencia, el magistrado Juan Pablo Gonz¨¢lez, el mero hecho de que Vielmann fuera el superior jer¨¢rquico de los autores de los cr¨ªmenes no determina que ordenara o autorizara que se cometieran. ¡°Si fuera as¨ª habr¨ªa que entender que todos los integrantes del Gabinete de Seguridad que aprob¨® el operativo para la toma de control del Centro Penitenciario, incluidos el Presidente y Vicepresidente de la Rep¨²blica ser¨ªan tan responsables de los hechos delictivos cometidos en el desarrollo de la operaci¨®n como el propio Ministro de la Gobernaci¨®n, pues la relaci¨®n de jerarqu¨ªa y subordinaci¨®n, incluso, la relaci¨®n de confianza presenta id¨¦nticos caracteres¡±, se?ala la sentencia.
Respecto a la ejecuci¨®n extrajudicial de tres de los fugados de El Infiernito, la sentencia se expresa en t¨¦rminos parecidos. Para el tribunal ¡°no ha quedado acreditado¡± que Carlos Vielmann tuviera conocimiento de las circunstancias reales en que se produjo la captura y muerte de los presos huidos, m¨¢s all¨¢ de los reportes que de tales acontecimientos iba recibiendo por los canales oficiales.
El tribunal desestima la tesis de que los asesinatos extrajudiciales encajen en el delito de lesa humanidad. Aun aceptando el argumento de que se tratara de actos de ¡°limpieza social¡±, los jueces se?alan que ser¨ªa preciso que los hechos formaran parte de un ataque generalizado y sistem¨¢tico, lo que no sucede en este caso. ¡°Nos encontramos ante hechos muy graves, pero aislados y en los que se aprecia una importante dosis de improvisaci¨®n¡±, afirman los jueces.
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