La fiscal¨ªa exige todos los datos a las empresas contratadas para la secesi¨®n

Las empresas contratadas por la Generalitat para poner en marcha dos de las principales ¡°estructuras de Estado¡± ¡ªalgunas de ellas de gran tama?o y punteras en su sector¡ª disponen de ocho d¨ªas para entregar a la Guardia Civil toda la informaci¨®n de que dispongan sobre estas adjudicaciones. En caso de no hacerlo en tiempo y forma, se les advierte de que pueden incurrir en delitos de desobediencia y de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos.

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A finales de marzo de 2016, el entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, abri¨® dos investigaciones sobre los pasos administrativos dados por la Generalitat para poner en pie los servicios de inteligencia (la ¡°Agencia Nacional de Seguridad¡±) y la Agencia Tributaria de una hipot¨¦tica Catalu?a independiente.

La investigaci¨®n, prorrogada por el actual fiscal general del Estado, Jos¨¦ Manuel Maza, al cumplirse un a?o de su inicio, tiene dos objetivos, seg¨²n fuentes que la conocen. El primero es indagar si se ha producido un perjuicio a las arcas p¨²blicas y si se han desobedecido las diferentes resoluciones del Tribunal Constitucional que proh¨ªben el proceso secesionista catal¨¢n. El segundo objetivo, no declarado, es impedir que si la Generalitat y el Parlamento catalanes aprueban las leyes de ¡°desconexi¨®n¡±, la subsiguiente declaraci¨®n de independencia no cuente con los instrumentos necesarios para hacerse efectiva.

Espionaje y Hacienda

El pasado 8 de marzo, la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional, dirigida ya por Jes¨²s Alonso, dirigi¨® la investigaci¨®n hacia las empresas de los sectores tecnol¨®gico, de la consultor¨ªa y la ciberseguridad, supuestamente contratadas por la Generalitat para construir los servicios de espionaje y la agencia tributaria catalanes. El ministerio p¨²blico, en uno de los requerimientos de informaci¨®n, a los que ha tenido acceso EL PA?S, exige a estas empresas documentos, datos e informaci¨®n sumamente detallada sobre los contratos con la Generalitat.

El pasado viernes 31, agentes del Servicio de Informaci¨®n y de la Comandancia de Barcelona de la Guardia Civil acudieron de manera simult¨¢nea a las sedes de las empresas tanto en Madrid como en la capital catalana con el escrito de la Fiscal¨ªa. Las compa?¨ªas deber¨¢n entregar, en el plazo de ocho d¨ªas, los expedientes completos de cada contrato. Tambi¨¦n deber¨¢n explicar el procedimiento de contrataci¨®n, el importe de las aplicaciones inform¨¢ticas desarrolladas y la forma de pago por parte de la Generalitat.

Los escritos est¨¢n dirigidos a los administradores ¨²nicos, presidentes, directores generales o apoderados de las empresas tecnol¨®gicas y consultoras. La Fiscal¨ªa les conmina tambi¨¦n a identificar a cada una de las personas de sus compa?¨ªas involucradas en cada fase de los proyectos, as¨ª como al responsable de la Generalitat que ¡°contrat¨®, supervis¨® y mantuvo los contactos¡± con los jefes de proyecto o miembros de los equipos encargados de desarrollar los servicios contratados. Tambi¨¦n se quiere saber si los trabajos se realizaron en la sede de la empresa privada o en departamentos de la Generalitat, y en ese caso que se especifique en cu¨¢les.

Para poner cifra a una posible malversaci¨®n de fondos p¨²blicos, la Fiscal¨ªa reclama a las empresas que concreten los costes iniciales, finales y de puesta en marcha de las aplicaciones inform¨¢ticas o informes de consultor¨ªa contratados por el Gobierno presidido por Carles Puigdemont.

El ministerio p¨²blico se interesa tambi¨¦n por si las empresas contratadas estuvieron supervisadas por alg¨²n empleado o funcionario de la Generalitat y por si los t¨¦cnicos que desarrollaron los programas o elaboraron los informes ¡°tuvieron que firmar alg¨²n contrato de exclusividad o confidencialidad¡±.

Los posibles ensayos de estas aplicaciones inform¨¢ticas preocupan tambi¨¦n a la Fiscal¨ªa. El requerimiento exige a las empresas contratistas que, en caso de que los programas hayan sido ya instalados en la Generalitat y est¨¦n funcionando, que identifiquen ¡°al empleado de la empresa encargado de su activaci¨®n¡±, as¨ª como ¡°al funcionario de la Generalitat al que se le entreg¨® e instruy¨® sobre su funcionamiento¡±. Tambi¨¦n exigen a las compa?¨ªas que aporten a la Fiscal¨ªa ¡°las contrase?as necesarias para poder activar cada una de las aplicaciones inform¨¢ticas aportadas¡±.

El denominado Consejo Asesor para la Transici¨®n Nacional (CATN), ¨®rgano encargado de asesorar a la Generalitat en el proceso de secesi¨®n y cuyos miembros, en su mayor¨ªa juristas, son nombrados por el presidente auton¨®mico, ha identificado una serie de ¡°estructuras de Estado¡± necesarias para garantizar el funcionamiento de una hipot¨¦tica Catalu?a independiente. Entre estas instituciones troncales cuyo nacimiento han previsto los asesores del proceso independentista figuran un poder judicial y un ej¨¦rcito propios, organismos de control del abastecimiento de agua y energ¨ªa, autoridades reguladoras de los mercados y un banco central.