La Fiscal¨ªa pretende que Mas reintegre los 5,12 millones que cost¨® la consulta ilegal del 9-N

La Fiscal¨ªa pretende que el expresidente de la Generalitat de Catalu?a Artur Mas y los exconsejeros auton¨®micos Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega reintegren al tesoro p¨²blico los 5,12 millones de euros que cost¨® la celebraci¨®n de la consulta ilegal de autodeterminaci¨®n del 9 de noviembre de 2014. El ministerio p¨²blico ha informado a favor de que el Tribunal de Cuentas ¨Cm¨¢ximo ¨®rgano fiscalizador del Estado- abra una investigaci¨®n por supuesta ¡°malversaci¨®n contable¡± ¨Cno penal¨C contra los cuatro pol¨ªticos, como hab¨ªan reclamado el pasado 18 de mayo las asociaciones Sociedad Civil Catalana, Associaci¨® Civica y Cultural y Abogados Catalanes por la Constituci¨®n.

Al igual que otros hitos del proceso independentista encabezado por la Generalitat, la consulta del 9-N fue expresamente prohibida por el Tribunal Constitucional. Los cuatro pol¨ªticos han sido condenados por desobediencia por el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a ¨CMas, Ortega y Rigau- y el Tribunal Supremo ¨CHoms- por permitir que se llevara a cabo. En la v¨ªa penal, la Fiscal¨ªa no present¨® contra ellos acusaci¨®n de malversaci¨®n, un delito que implica, en caso de quedar probado y no haberse devuelto los fondos, penas de prisi¨®n y multa. En ambas sentencias, sin embargo, se recog¨ªa el detalle de los pagos efectuados con dinero p¨²blico, bajo responsabilidad de Mas y sus consejeros, para poner las urnas de aquel pseudo-refer¨¦ndum vetado por el Constitucional. La partida m¨¢s cuantiosa -2,8 millones de euros- se destin¨® a la compra de ordenadores port¨¢tiles para los centros de votaci¨®n, seguido de 1,1 millones de euros en labores de soporte inform¨¢tico para la consulta.

Las asociaciones denunciantes se basaban en estas sentencias penales para actuar contra los cuatro pol¨ªticos en la jurisdicci¨®n contable. En un escrito notificado este viernes, el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel ?ngel Torres Morato, considera que el empleo de fondos p¨²blicos para celebrar una consulta expresamente prohibida en la Constituci¨®n puede ser ¡°constitutivo de responsabilidad contable¡±. Seg¨²n su informe, ¡°los gastos generados han sido destinados a un fin radicalmente ajeno a la funci¨®n p¨²blica, por tanto carentes de justificaci¨®n¡±.

El escrito del fiscal Torres explica que en la jurisdicci¨®n contable ¨Cel Tribunal de Cuentas- ¡°se contempla un concepto propio de malversaci¨®n, al que se denomina malversaci¨®n contable, independiente del acu?ado en el ¨¢mbito penal. Y subraya que la Ley de Finanzas P¨²blicas de Catalu?a determina que quienes sean condenados por alcance contable tienen la ¡°obligaci¨®n de indemnizar¡± a la Hacienda de la Generalitat. Las sentencias del Tribunal de Cuentas son recurribles ante la Sala Tercera (Contencioso-Administrativo) del Tribunal Supremo.

El alto tribunal, en una sentencia de 2012 citada por el fiscal Torres, sostiene que el Tribunal de Cuentas es competente para investigar las responsabilidades de quienes ¡°teniendo a su cargo el manejo de caudales p¨²blicos e interviniendo dolo, culpa o negligencia grave¡± originan ¡°menoscabos en los mismos a consecuencia de acciones u omisiones contrarias a las Leyes¡±.

La "malversaci¨®n de caudales", en su concepto contable, ¡°nada altera el hecho de que la Jurisdicci¨®n Penal sentencie que no ha existido el delito de malversaci¨®n¡±, recordaba el Supremo en aquella sentencia de 2012. Y a?ade: ¡°Si no se justifica el saldo deudor de la cuenta, que es lo que importa, subsiste la obligaci¨®n del reintegro con intereses¡±.

En su informe, el fiscal solicita a la Comisi¨®n de Gobierno el nombramiento de un Delegado Instructor. Una vez nombrado, este, seg¨²n el art¨ªculo 47 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, deber¨¢ requerir a los presuntos responsables que "depositen o afiancen", en cualquiera de las formas legalmente admitidas, el importe provisional del alcance. En caso de no hacerlo, el delegado instructor de la investigaci¨®n podr¨¢ embargarles los bienes.

Mas, expresidente de la Generalitat, junto a la exvicepresidenta Ortega y la exconsejera de Ense?anza Rigau, fueron condenados a la inhabilitaci¨®n para ejercer cargos p¨²blicos por el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) el pasado 13 de marzo por los delitos de desobediencia, pero fueron absueltos del de prevaricaci¨®n. Francesc Homs, que por ser diputado fue juzgado por el Tribunal Supremo, tambi¨¦n recibi¨® una sentencia que le inhabilita durante un a?o y un mes.