Investigan la fortuna de funcionarios del Ayuntamiento del l¨ªder del PP de Almer¨ªa
Una constructora pag¨® m¨¢s de dos millones en sobornos a tres empleados de Roquetas de Mar
El Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Almer¨ªa investiga el presunto enriquecimiento de tres funcionarios del ¨¢rea de urbanismo del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, cuya vara de mando dirige desde 1995 el l¨ªder regional del PP y presidente de la Diputaci¨®n, Gabriel Amat. La magistrada Ana Bel¨¦n Vico ha pedido al Consistorio informaci¨®n sobre ?ngel M., Alfonso S. y Manuel B, que ocuparon entre 2000 y 2009 los puestos de jefe de planeamiento, ingeniero t¨¦cnico y t¨¦cnico, respectivamente.
La constructora Hispano Almer¨ªa pag¨® supuestamente a estos trabajadores m¨¢s de dos millones de euros en sobornos durante este periodo, seg¨²n un informe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Polic¨ªa Nacional. Los investigadores apuntan a un presunto delito de cohecho (soborno).
La juez quiere conocer tambi¨¦n la n¨®mina de estos empleados y sus declaraciones de IRPF, seg¨²n una resoluci¨®n a la que ha tenido acceso EL PA?S.
Hispano Almer¨ªa lleg¨® a manejar una contabilidad secreta con las presuntas d¨¢divas. Sus libretas incluyan conceptos como ¡°liquidaci¨®n 4 %¡±. Unas notas que figuraban junto a los empleados municipales. Los investigadores sospechan que el 4 % era la tarifa de los t¨¦cnicos de urbanismo por favorecer a la constructora.
La juez Vico ha pedido tambi¨¦n a Roquetas de Mar que aporte la relaci¨®n de obras adjudicadas a Hispano Almer¨ªa entre 2001 y 2010. El Consistorio presidido por Amat concedi¨® 50 millones de euros en contratos a esta firma, que ten¨ªa en el municipio a su principal cliente.
Hispano Almer¨ªa lleg¨® a embolsarse 15 millones de euros por levantar un teatro en Roquetas de Mar. La obra, sin embargo, se hab¨ªa presupuestado en menos de la mitad.
En sus pesquisas, la juez ha solicitado tambi¨¦n los expedientes de contrataci¨®n de Roquetas de Mar con Hispano Almer¨ªa. Tambi¨¦n ha pedido los informes del secretario y del interventor municipal sobre la legalidad de estas adjudicaciones. La magistrada quiere conocer incluso el sistema de financiaci¨®n empleado para levantar las pol¨¦micas obras.
Por otra parte, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Roquetas de Mar (Almer¨ªa) ha ordenado investigar 25 empresas vinculadas a Amat que recibieron presuntamente desde 2003 decenas de contratos del Consistorio que el mismo preside.
Este peri¨®dico ha intentado sin ¨¦xito contactar con Gabriel Amat, que el pasado mayo fue reelegido como l¨ªder del PP en Almer¨ªa con un 98,99 % de los votos.
Un exdiputado del PP que fue juez y parte en el urbanismo
Los presuntos manejos urban¨ªsticos del exdiputado y exalcalde de La Mojonera (Almer¨ªa), Jos¨¦ Cara, est¨¢n bajo sospecha. Un juzgado ha pedido a este Consistorio de 8.704 habitantes los expedientes de cuatro operaciones inmobiliarias por valor de 2,5 millones de euros que beneficiaron a Cara. Un pol¨ªtico que presuntamente fue juez y parte en el urbanismo de su municipio.
Y es que el regidor ten¨ªa 72.000 euros en acciones de Gesponiente, filial de la constructora Hispano Almer¨ªa, cuando esta firma se benefici¨® de tres compraventas y una permuta de La Mojonera entre 2005 y 2006. Gesponiente lleg¨® a ganar en cada operaci¨®n hasta un 300 %, seg¨²n un informe del Grupo III de Blanqueo de la Polic¨ªa Nacional. El documento apunta a que Cara pudo cometer un posible delito de negociaciones prohibidas.
La Polic¨ªa considera que los citados manejos produjeron ¡°un menoscabo¡± en las arcas municipales. Y pone como ejemplo una permuta de junio de 2005 por la que Gesponiente transfiri¨® dos parcelas al municipio por 840.000 euros que un a?o antes hab¨ªa adquirido por 240.000.
La titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Almer¨ªa, Ana Bel¨¦n Vico, quiere conocer c¨®mo se elaboraron los informes sobre estas operaciones.
Los concejales del PSOE de La Mojonera presentaron en 2015 una querella contra Cara por estos hechos por los presuntos delitos de prevaricaci¨®n, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios p¨²blicos y falsedad documental.
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