?Y si no pudiera ejecutarse el 155?

¡°Ha sido dif¨ªcil anunciar el 155, pero ejecutarlo es imposible¡±. La confidencia de un alto funcionario del Estado resume la incertidumbre de Mariano Rajoy respecto a la eficacia de esta medida de coerci¨®n constitucional. Nunca se hab¨ªa utilizado en nuestra democracia. Y no est¨¢ claro que funcione cuando el Senado otorgue el pl¨¢cet para activarlo, tanto por la resistencia ¡ªactiva o pasiva¡ª que va a oponer la Generalitat de Catalu?a como por la falta de tiempo ¡ªen principio, seis meses¡ª y la precariedad misma del Estado espa?ol en el territorio hostil donde ha de consumarse la restauraci¨®n de la legalidad.

1. La resistencia activa. Ser¨¢ m¨¢s o menos pintoresca la resistencia teatral que ofrezcan Carles Puigdemont y sus consejeros. Pueden hacer del palacio de la Generalitat una parodia de Masad¨¢, pero relevarlos de sus cargos es bastante sencillo, como va a serlo sustituirlos por otros. El problema consiste en la obstrucci¨®n que puedan oponer los dem¨¢s funcionarios, tanto de alta graduaci¨®n como de menos galones. Ya han anunciado los periodistas de TV3, de Catalu?a R¨¤dio y de la Agencia Catalana de Noticias que no acatar¨¢n la intervenci¨®n de los nuevos gestores. Y les han secundado la gran mayor¨ªa de Ayuntamientos, los estamentos educativos ¡ªel sindicato mayoritario USTEC rechaza el 155 y renegar¨¢ de los nuevos interlocutores¡ª y hasta el cuerpo de bomberos, reacio por completo a reconocer la legitimidad de un ¡°Estado invasor¡±. Queda pendiente de aclararse la posici¨®n de los 17.000 Mossos d¡¯Esquadra. No cabe la desobediencia en un cuerpo policial y casi todos los sindicatos apuntan a que ser¨¢n leales al nuevo mando que designe Madrid, pero el antecedente del 1-O contradice el optimismo, sin olvidar hasta qu¨¦ extremos se han enrarecido las relaciones del cuerpo auton¨®mico con la Polic¨ªa Nacional y la Guardia Civil.

2. La resistencia pasiva. No hacen falta grandes movilizaciones ni revueltas para sabotear los planes del 155. Catalu?a ha consolidado una Administraci¨®n propia que re¨²ne 200.000 funcionarios y que lleva cuatro d¨¦cadas progresando en un r¨¦gimen de autosuficiencia. Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa anunci¨® que ser¨ªan cesados o expedientados los empleados p¨²blicos desobedientes, pero hay maneras de paralizar el funcionamiento de la comunidad sin incurrir en delitos flagrantes, del mismo modo que es imposible organizar un escarmiento masivo. No ya porque la Administraci¨®n catalana se paralizar¨ªa en un periodo de convulsi¨®n, sino porque no hay medios humanos para sustituir los extremos de una plantilla expl¨ªcita o impl¨ªcitamente desleal. El 155 naufragar¨ªa en un territorio hostil.

3. El tiempo. Las presiones del PSOE y de Ciudadanos resultaron determinantes para que Rajoy se comprometiera a resolver el 155 en seis meses. Era la manera de enfatizar una situaci¨®n de interinidad breve y de tranquilizar a la opini¨®n p¨²blica catalana ¡ªy la espa?ola¡ª, pero semejante compromiso temporal hace todav¨ªa menos viable la capacidad de construir una suerte de Administraci¨®n paralela o inducida. La propia sustituci¨®n de altos funcionarios requerir¨ªa unos tr¨¢mites administrativos complejos, en tiempo y en filibusterismo. Quiere decirse que la ¨²nica manera de ejecutar el 155 en seis meses camino de unas elecciones consistir¨ªa en que el Gobierno central encontrara en Catalu?a una Administraci¨®n leal y engrasada para la novedad. Y el escenario real es exactamente el contrario.

4. La inexistencia del Estado de Catalu?a. El principal inconveniente de los planes de Rajoy radica en la pr¨¢ctica inexistencia del Estado espa?ol en Catalu?a. Pudo observarse en el fallido plan de neutralizaci¨®n del refer¨¦ndum del 1 de octubre, aunque no se trata de una gesti¨®n concreta, sino de un problema estructural. ?nicamente el 9% de los empleados p¨²blicos de Catalu?a proviene de la Administraci¨®n central. La cifra es superior en la Comunidad Valenciana (16%) y en Andaluc¨ªa (19%), mientras que en la Comunidad de Madrid alcanza el 39%. Ya explicaba en este peri¨®dico el profesor Andr¨¦s Betancor (Universidad Pompeu Fabra) que la presencia del Estado ¡°es puramente residual, testimonial¡± y circunscrita a los cometidos de la Hacienda p¨²blica y de la Seguridad Social.

No teniendo m¨²sculo el Estado en Catalu?a ¡ª842 jueces, 5.900 efectivos de los cuerpos de seguridad¡ª, la crisis ha puesto en juego la emergencia de los refuerzos, pero tambi¨¦n la precariedad con que se desenvuelven, resumida en el transatl¨¢ntico del Piol¨ªn.

5. La precariedad del Estado mismo. El poder, el peso, del Estado espa?ol tiene m¨¢s que ver con una visi¨®n m¨ªtica que con una realidad operativa. M¨¢s all¨¢ de la crisis catalana, el Estado se halla expuesto a una crisis de autoridad y de funcionamiento. Tanto por las sucesivas transferencias realizadas a las comunidades aut¨®nomas como por la pol¨ªtica de privatizaciones ¡ªel Estado no lleva a casa el tel¨¦fono ni el gas ni la luz¡ª y la circunstancia de una plantilla de funcionarios ¡°anal¨®gica¡±, desmotivada y tentada por el sector privado. Es la perspectiva desde la que el propio Estado no podr¨ªa emprender un plan de ¡°socorro¡± en Catalu?a sin que terminara resinti¨¦ndose el resto del territorio y la propia eficacia de la Administraci¨®n, aunque el despliegue de refuerzos policiales no pone en peligro la seguridad el territorio.