Espa?a desoye las advertencias anticorrupci¨®n del Consejo de Europa
El pa¨ªs incumple todas las recomendaciones sobre independencia judicial y buenas pr¨¢cticas parlamentarias
Espa?a incumple todas las recomendaciones del Consejo de Europa sobre independencia judicial y prevenci¨®n de la corrupci¨®n en el Parlamento. Cuatro a?os despu¨¦s de lanzar las primeras advertencias, el organismo europeo que vela por los derechos humanos y la democracia en el continente constata que Espa?a exhibe pocos progresos. El sistema de nombramientos de jueces y fiscales y el acceso de los lobistas a diputados y senadores figuran entre las principales deficiencias recogidas en un informe divulgado este mi¨¦rcoles.
No es habitual que un pa¨ªs suspenda durante a?os todas las recomendaciones que le dirige el Consejo de Europa. Pero la par¨¢lisis institucional en Espa?a ¡ªprimero por la repetici¨®n de elecciones generales; despu¨¦s por la crisis catalana¡ª y la falta de voluntad pol¨ªtica han debilitado los esfuerzos contra la corrupci¨®n. ¡°El informe habla por s¨ª mismo. Cuatro a?os y medio despu¨¦s de publicar las 11 recomendaciones, ninguna se ha cumplido del todo. Tenemos un peque?o problema¡±, avisa Gianluca Esposito, secretario ejecutivo del grupo de Estados contra la corrupci¨®n (Greco, por sus siglas en ingl¨¦s), dependiente del Consejo de Europa. El documento atribuye a Espa?a un cumplimiento ¡°globalmente insatisfactorio¡±, aunque en siete de los 11 ep¨ªgrafes se registran algunos progresos.
El funcionamiento de la justicia ocupa buena parte del an¨¢lisis del organismo con sede en Estrasburgo. Pese a admitir que el vac¨ªo de poder que se produjo en Espa?a entre 2015 y 2016 ha retrasado las reformas judiciales, los autores del texto no dudan en lamentar ¡°la falta de medidas m¨¢s decisivas¡±. Entre las tareas pendientes citan el sistema de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ¡ª¨®rgano de gobierno de los jueces¡ª y de los presidentes de tribunales (provinciales, auton¨®micos, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo). El grupo Greco, integrado por 48 pa¨ªses europeos y por Estados Unidos, echa en falta ¡°criterios objetivos y requerimientos de evaluaci¨®n¡± para esos cargos, aunque deja clara su confianza en la calidad del sistema judicial espa?ol.
Los guardianes de la lucha contra la corrupci¨®n en Estrasburgo celebran que el Partido Popular acordara con Ciudadanos modificar el sistema para que 12 de los 20 miembros del CGPJ fueran designados por los jueces, no por Congreso y Senado, que eligen a todos. Tambi¨¦n aplauden el compromiso de impedir que los parlamentos auton¨®micos propongan a los presidentes de los tribunales provinciales, pero instan a aplicar el mismo rasero de independencia a los nombramientos en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
Los expertos del Consejo de Europa apelan a la credibilidad de las instituciones para urgir a Espa?a a aplicar estas medidas. ¡°Hace falta un cambio de marchas. Hay m¨¢s posibilidades de evitar la corrupci¨®n si mejoran las medidas preventivas. Eso es particularmente relevante en Espa?a; desde 2013 se se?ala la necesidad de que los ciudadanos recuperen la confianza en los poderes pol¨ªticos¡±, reflexiona Esposito en conversaci¨®n telef¨®nica.
La independencia del fiscal general del Estado tambi¨¦n merece la atenci¨®n del grupo Greco. El documento insta a repensar el sistema de selecci¨®n y la duraci¨®n del mandato de esta figura ¡ªdesignada por el Gobierno tras o¨ªr al CGPJ¡ª para darle m¨¢s autonom¨ªa. Los expertos creen que hay que garantizar la transparencia en las comunicaciones entre el Gobierno y el fiscal, que deben ser siempre por escrito y publicadas ¡°de forma adecuada¡±.
Tambi¨¦n lastra los esfuerzos anticorrupci¨®n el escaso plazo que se da para resolver los expedientes disciplinarios abiertos a jueces y fiscales. La ley fija seis meses de margen. Transcurrido ese periodo, las posibles irregularidades prescriben. El Consejo de Europa destaca que en el caso de otros funcionarios judiciales (como los secretarios), el plazo de prescripci¨®n es de un a?o.
Inmuebles, intereses y regalos
Aunque m¨¢s breve que el apartado judicial, la prevenci¨®n de la corrupci¨®n en sede parlamentaria ocupa la primera parte del informe. La instituci¨®n europea pide crear un c¨®digo de conducta para diputados y senadores que dirima posibles conflictos de inter¨¦s y establezca protocolos para la aceptaci¨®n de regalos y comunicaci¨®n de intereses econ¨®micos, entre otros elementos. Respecto a la declaraci¨®n de intereses, Greco reconoce los avances, pero pide medidas adicionales, como informar del valor de mercado de los inmuebles que poseen los diputados, detallar los intereses abonados por los pr¨¦stamos o consignar los regalos y los viajes patrocinados que han disfrutado.
Adem¨¢s, Greco exige un marco para regular los contactos con los llamados grupos de inter¨¦s (por ejemplo, representantes de empresas que visitan a los parlamentarios para trasladarles sus preferencias legislativas).
Ante la resistencia espa?ola a aplicar estas recomendaciones, el Consejo de Europa ha abierto un procedimiento que eleva la presi¨®n pol¨ªtica para lograr resultados. El primer paso ha sido el env¨ªo de una carta del presidente de Greco a la jefa de la delegaci¨®n espa?ola en este grupo de Estados.
El Gobierno esgrime el bloqueo pol¨ªtico para justificar la falta de avances
El Gobierno espa?ol tiene el ¡°prop¨®sito de avanzar hacia el cumplimiento pleno de las recomendaciones del grupo Greco¡±, se?alan fuentes del Ejecutivo. El bloqueo pol¨ªtico experimentado entre 2015 y 2016 ¡ªargumentan estas fuentes¡ª dificult¨® la adopci¨®n de reformas efectivas.
M¨¢s all¨¢ de esas consideraciones generales, el Ejecutivo se muestra bastante esc¨¦ptico respecto a una de las recomendaciones del Consejo de Europa: mejorar la transparencia sobre la declaraci¨®n de intereses que presentan diputados y senadores. Espa?a alega que estos representantes ya tienen obligaci¨®n de dar cuenta de sus bienes y supedita cualquier cambio a reunir ¡°amplios consensos de todos los parlamentarios¡±.
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