La Universidad cuestionada

Tras el esc¨¢ndalo, llegaron las descalificaciones. ¡°El debate de fondo es si estamos en un pa¨ªs en el que hay universidades que conceden t¨ªtulos sin acreditar¡±, dijo el diputado Javier Maroto (PP). Rafael Hernando, portavoz del partido en el Congreso, remach¨®: ¡°Ser¨¢n los profesores y catedr¨¢ticos los que tendr¨¢n que explicar si un t¨ªtulo se obtiene yendo a clase o no. Los alumnos no tienen la culpa¡±. En el centro de la pol¨¦mica, un m¨¢ster plagado de irregularidades de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Y, tocada de lleno, la Universidad p¨²blica. Tres de cada cuatro espa?oles, seg¨²n una encuesta de Metroscopia para EL PA?S, creen que la imagen de la instituci¨®n ha quedado da?ada. Afectada por la consecuci¨®n de noticias de ama?os de actas y aprobados sin ex¨¢menes ni clases, como ha ocurrido tambi¨¦n en el caso del diputado popular Pablo Casado, que tiene un m¨¢ster tras presentar solo cuatro trabajos que suman 92 p¨¢ginas.

Los rectores de la Complutense, la Aut¨®noma de Madrid, de la Universidad de Barcelona o el organismo que aglutina a la mayor¨ªa, la CRUE, han salido en su defensa. Subrayan que el sistema universitario p¨²blico espa?ol es ¡°riguroso y de calidad¡± y el ¨²nico que garantiza el acceso en condiciones de igualdad a la educaci¨®n superior.

El Ministerio de Educaci¨®n prev¨¦ modificar el decreto que regula la acreditaci¨®n de t¨ªtulos

Otras voces han aprovechado para pedir que esta crisis sirva tambi¨¦n para revisar los males de la Universidad. Por ejemplo, Juan V¨¢zquez, exrector de Oviedo y expresidente de la CRUE, reclamaba en un duro art¨ªculo en el blog UniverS¨ªdad? ¡°acertar con medidas e iniciativas capaces de imponer las estrategias institucionales frente a las redes clientelares y los comportamientos corporativos¡±. Estas son algunas de las cuestiones que distintos expertos proponen revisar:

Las titulaciones. El ministro ??igo M¨¦ndez de Vigo ha enmarcado la pol¨¦mica ¡°en el ¨¢mbito universitario¡± y apel¨® a la ¡°autonom¨ªa¡± de los campus para investigar el caso, que ya est¨¢ en la Fiscal¨ªa, y para posibles cambios: ¡°A la vista de lo que veamos estos d¨ªas (...)?reflexionaremos sobre lo que hay que hacer en el futuro¡±. Una de las medidas previstas es modificar el decreto que regula la acreditaci¨®n de t¨ªtulos, seg¨²n fuentes del ministerio. En Espa?a se ofertan 3.540 m¨¢steres, casi 1.000 m¨¢s que en 2011 aunque el n¨²mero de posgrados en la p¨²blica cae desde hace dos cursos mientras crece en la privada. La revisi¨®n del decreto estaba ya prevista antes del esc¨¢ndalo pero se abordar¨¢ ¡°viendo qu¨¦ ha funcionado mal y c¨®mo cambiarlo¡±, seg¨²n las citadas fuentes.

¡°Con los m¨¢steres debemos de ser m¨¢s exigentes. Para empezar es una palabra desprestigiada porque los hay de muchas caracter¨ªsticas¡±, admite Pilar Aranda, rectora de la Universidad de Granada y miembro del comit¨¦ permanente de la CRUE. ¡°Est¨¢n los oficiales, con un nivel de exigencia muy alto y los propios, que son m¨¢s flexible y se adaptan m¨¢s a las necesidades de la sociedad y con los que debemos tener el mismo rigor¡±, a?ade. En su art¨ªculo, el exrector Juan V¨¢zquez pide ¡°repensar¡± los posgrados: ¡°Se hace imprescindible separar el grano de la paja y depurar una oferta incontrolada que mezcla sin la distinci¨®n debida lo excelente con lo irrelevante¡±.

¡°No ha habido cambios en la gesti¨®n desde 1983¡±, dice el presidente de la conferencia de consejos sociales

La gesti¨®n. El Tribunal de Cuentas, en un informe sobre Universidades P¨²blicas de 2015, solicit¨® simplificar la estructura de la Universidad, profesionalizar la toma de decisiones, ¡°cambios en el proceso electivo que evite corporativismos¡±, m¨¢s transparencia y rendici¨®n de cuentas.

¡°No se ha hecho nada desde ese informe¡±, se?ala Antonio Abril, presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades ¡ªque representan a la sociedad, con miembros de empresas, administraciones o sindicatos, entre otros¡ª. ¡°De hecho, no ha habido cambios importantes en la gesti¨®n desde la Ley Universitaria de 1983¡±. Abril lamenta que el debate de los cambios, que intentan impulsar desde hace a?os, se haya abierto a ra¨ªz del esc¨¢ndalo. Pide mejor financiaci¨®n para los campus y un ¨®rgano ¨²nico de gobierno en el que el rector sea elegido por concurso de m¨¦ritos. El sistema de elecci¨®n actual ¡ªcon voto ponderado entre profesores, personal de administraci¨®n y alumnos¡ª puede generar ¡°confusi¨®n entre los intereses generales y los de los que participan porque si te piden un voto, hay quien pregunta: ?qu¨¦ hay de lo m¨ªo?¡±.

Los institutos. El Tribunal de Cuentas detect¨® en su informe ¡°al menos¡± 574 entidades dependientes o vinculadas a las universidades, que ¡°no tienen un inventario actualizado de los entes en los que participan con la documentaci¨®n acreditativa adecuada de las aportaciones econ¨®micas o de los representantes de la universidad en los ¨®rganos de gobierno de dichos entes¡±. Con este caso, se ha conocido el funcionamiento irregular del instituto que dirig¨ªa el responsable del m¨¢ster de la presidenta, Enrique ?lvarez Conde. El Instituto de Derecho P¨²blico, del que ha sido apartado de forma cautelar, funcionaba con un CIF propio y sin rendir cuentas.

¡°Hay que depurar una oferta incontrolada que mezcla sin la distinci¨®n debida lo excelente con lo irrelevante¡±, dice un exrector sobre los m¨¢steres

¡°Hay que examinar el funcionamiento de los institutos de investigaci¨®n que pueden elaborar planes de estudios o contratar profesorado sin ce?irse a los requisitos de la universidad y que sin embargo pueden expedir t¨ªtulos con el sello de la universidad¡±, reclama Adela Mu?oz, catedr¨¢tica de Qu¨ªmica Inorg¨¢nica de la Universidad de Sevilla. ¡°Ese tema es delicado, porque es necesaria la captaci¨®n de fondos para que las universidades funcionen mejor. Pero no se puede llegar a que existan sospechas de que un organismo, al amparo de una universidad, venda t¨ªtulos como se ha dado con los polic¨ªas y el t¨ªtulo de criminolog¨ªa¡±, asegura la catedr¨¢tica, que reclamaba recientemente un papel m¨¢s decisivo de la CRUE en la pol¨¦mica en este art¨ªculo publicado en El Peri¨®dico.

¡°Los institutos deber¨ªan estar vinculados a la Universidad y con el mismo CIF¡±, a?ade la profesora Vera Sacrist¨¢n, miembro del Observatorio del Sistema Universitario y exvicerrectora de la Polit¨¦cnica de Catalunya. ¡°Este tipo de centros son una forma de escapar de la normativa universitaria m¨¢s estricta¡±, lamenta.

Los tribunales. El esc¨¢ndalo ha destapado tambi¨¦n el funcionamiento fraudulento de algunos tribunales que otorgan plazas de profesores y catedr¨¢ticos en la Universidad. ?lvarez Conde fue miembro del tribunal de su novia y del de algunas de sus colaboradoras m¨¢s cercanas. ¡°Aunque en los ¨²ltimos a?os se han introducido garant¨ªas, no me consta que haya medidas escritas que se?alen qui¨¦n tiene que abstenerse o qui¨¦n no¡±, reflexiona Vera Sacrist¨¢n. Las limitaciones est¨¢n recogidas ¡°de forma general¡± en la Ley de R¨¦gimen Jur¨ªdico del Sector P¨²blico. La exvicerrectora reclama una versi¨®n ¡°m¨¢s acad¨¦mica¡± que contemple conflictos de intereses propios del ¨¢mbito universitario, como si el miembro del tribunal y el aspirante han colaborado en alg¨²n art¨ªculo o si es su director de tesis. Mecanismos que evitar¨ªan, en parte, que siete de cada 10 universitarios acaben de docentes en la misma universidad en la que leyeron la tesis, la llamada endogamia universitaria.

¡°Las pr¨¢cticas de corrupci¨®n que sustentan este caso son bien conocidas por cualquier acad¨¦mico", seg¨²n un manifiesto de docentes

Pablo S¨¢nchez Le¨®n, investigador en la Universidad del Pa¨ªs Vasco, present¨® un recurso en el ¨²ltimo tribunal al que se present¨® para aspirar a una plaza de ayudante doctor en la Aut¨®noma de Madrid. Alegaba, entre otras cuestiones, que la aspirante que gan¨® y la presidenta de la comisi¨®n hab¨ªan colaborado ¡°en m¨¢s de 10 art¨ªculos escritos¡±. La universidad desestim¨® su petici¨®n al considerar que no hab¨ªa incompatibilidad porque las colaboraciones eran hasta 2009. Este docente considera que el caso Cifuentes no es un caso aislado. Firm¨® un manifiesto en eldiario.es con otros profesores y acad¨¦micos, Hartos de convivir con la corrupci¨®n acad¨¦mica, en el que denuncia que ¡°las pr¨¢cticas de corrupci¨®n y tr¨¢fico de influencias que sustentan este caso son bien conocidas por cualquier acad¨¦mico. No son una excepci¨®n sino pr¨¢cticas corrientes. Lo que sucede es que nadie habla de ellas en p¨²blico y muchos prefieren no admitir su proliferaci¨®n¡±.