Dos de los ¨²ltimos acusados de matar a sus parejas ten¨ªan orden de alejamiento

Marta ten¨ªa miedo. Los ¨²ltimos cuatro d¨ªas de su vida durmi¨® en la casa en la que trabajaba como empleada dom¨¦stica, no en el piso del distrito madrile?o de Tetu¨¢n que compart¨ªa con su presunto asesino. Una amiga que pide anonimato relata que el jueves se volvi¨® pensando que no lo encontrar¨ªa. Y ¨¦l la mat¨®.

Esta mujer paraguaya de 47 a?os no era una desconocida para el sistema de protecci¨®n, como s¨ª ocurre en la mayoria de los casos ¡ªel 77% de las asesinadas en 2018?no hab¨ªan denunciado, uno de los porcentajes m¨¢s altos desde que se empez¨® a contabilizar en 2006, aunque nunca ha bajado del 60%. 21 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de a?o¡ª.

En su caso, exist¨ªa denuncia previa, una condena por lesiones y una orden de alejamiento que su novio, el cubano Noel, se hab¨ªa saltado en varias ocasiones. Esa orden no inclu¨ªa, como en otros casos, una pulsera telem¨¢tica que avisa cuando el agresor est¨¢ demasiado cerca de la v¨ªctima. El caso estaba pendiente de una revisi¨®n del nivel de riesgo que determina el Ministerio del Interior despu¨¦s de que ¨¦l quebrara la orden de alejamiento, explica Pilar Mart¨ªn N¨¢jera, coordinadora de la Fiscal¨ªa de Violencia sobre la Mujer. La fiscal asegura que no dio tiempo a cerrar esa cita pero defiende que, ¡°aunque no haya servido, la respuesta judicial fue la adecuada¡± tanto con Marta como en el segundo caso, el de Cristina.

Cristina ten¨ªa 24 a?os y viv¨ªa en Lepe (Huelva). Su pareja y padre de sus dos hijas fue condenado por un delito de amenazas contra ella en junio. La juez del caso dict¨® una orden de alejamiento. La v¨ªctima, de nacionalidad rumana igual que el agresor, hab¨ªa sido atendida en un recurso de emergencia, el paso previo a ser enviada a una casa de acogida. Pero renunci¨® y pidi¨® marcharse, asegura Eva Salazar, coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en la provincia de Huelva: ¡°El sistema funciona para much¨ªsimas v¨ªctimas pero hay casos que, desgraciadamente, terminan as¨ª. Las mujeres pueden tomar sus propias decisiones y a veces no ven el peligro, necesitamos que se sometan a las directrices de nuestras profesionales¡±.

El IAM investigar¨¢ para conocer qu¨¦ medidas pudieron fallar y qu¨¦ se puede hacer diferente. Salazar da alguna idea relacionada con los agresores, aunque este es un aspecto en el que no hay consenso entre los especialistas: ¡°Este es de los pocos delitos en los que escondemos a las v¨ªctimas, sac¨¢ndolas de sus casas y de sus vidas. Deber¨ªamos poner en marcha medidas m¨¢s contundentes relacionadas con el agresor¡±.

Desde las organizaciones que tratan a diario con las v¨ªctimas subrayan el doble fracaso que supone que las mujeres den el paso pero las medidas de protecci¨®n previstas para ellas no funcionen. ¡°Cuando una mujer denuncia lo que hace es pedir ayuda. Si existe una orden de protecci¨®n, a la violencia se suma que no ha habido la respuesta necesaria del Estado de derecho¡±, subraya Altamira Gonzalo, vicepresidenta de la asociaci¨®n de mujeres juristas Themis. Entre las cuestiones que considera que hay que mejorar, critica que las evaluaciones de riesgo que realizan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son muy laxas y que faltan especialistas para detectar el verdadero peligro que sufren las mujeres.

Apenas el 0,4% de los casos evaluados por la polic¨ªa ¡ª210 de 54.796¡ª se consideraron de riesgo alto o extremo, seg¨²n el ¨²ltimo informe de Interior disponible. Marta estaba calificada con riesgo bajo pendiente de una revisi¨®n tras el quebrantamiento de la orden de alejamiento. Cristina, de riesgo medio. La portavoz de Themis reclama activar ya el Pacto de Estado contra la Violencia de G¨¦nero, el ¨²ltimo gran acuerdo contra el maltrato machista que se aprob¨® en septiembre pero que acaba de ser dotado con los primeros 200 millones de euros para nuevas medidas.

Evaluaciones de riesgo

Entre otras, prev¨¦ habilitar m¨¢s unidades de valoraci¨®n forense integral que mejorar¨ªan esas evaluaciones de riesgo y solicita estudios pormenorizados de cada caso para detectar fallos. La idea es similar a la que funciona desde hace un a?o en el Ayuntamiento de Madrid, que eval¨²a en un comit¨¦ de crisis cada asesinato. La intenci¨®n inicial es apoyar y dar respaldo a las familias de las v¨ªctimas. Y el principal objetivo, ¡°mejorar la intervenci¨®n y la manera de actuar¡±, explica la delegada de Pol¨ªticas de G¨¦nero, Celia Mayer. Cada comit¨¦ lleva el nombre de la victima y su apellido, una vez que se ha pedido permiso a su familia. El de Marta, de momento, no tiene apellido. El Consistorio no ha podido contactar a¨²n con sus dos hijos, un chico y una chica en edad de ir a la universidad. Los dos viven en Paraguay, donde Marta quer¨ªa regresar. Recibir¨¢n el cuerpo de su madre en los pr¨®ximos d¨ªas.

El n¨²mero de atenci¨®n a las v¨ªctimas de violencia de g¨¦nero, que no deja rastro en la factura del tel¨¦fono, es el 016.