El kil¨®metro cero del caso Juana Rivas

¡°El 22 de noviembre de 2017 se recibi¨® en esta unidad escrito procedente del Ministerio de Justicia italiano por el que se informaba de que la documentaci¨®n hab¨ªa sido debidamente remitida al tribunal italiano competente, a saber, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari¡±. Esta es la ¨²ltima referencia oficial a la denuncia por violencia de g¨¦nero que Juana Rivas present¨® el 12 de julio de 2016 en el puesto de la Guardia Civil de Maracena (Granada). El Defensor del Pueblo andaluz indag¨® y descubri¨® que la denuncia estaba en Italia, en Cagliari. Poco m¨¢s. Desde entonces, nada se ha movido respecto a esta querella que est¨¢ en el origen del caso Juana Rivas, la madre condenada a cinco a?os de c¨¢rcel y seis sin patria potestad por no entregar sus hijos a su expareja, Francesco Arcuri, al que acusa de maltrato.

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No es que unos y otros no hayan buscado la demanda. Jos¨¦ Estanislao L¨®pez, abogado de Rivas, reconoce que cada cierto tiempo pide a los letrados que la representan en Italia que la localicen e intenten activarla. ¡°Imposible, siempre me dicen que all¨ª las cosas van as¨ª¡±, dice con desesperaci¨®n.

Estos ocho meses no son el ¨²nico momento ciego de la denuncia. En ocasiones ha aparecido y, en muchas m¨¢s, ha desaparecido.

El 12 de julio de 2016, Rivas declar¨® ante la Guardia Civil de su pueblo que el padre de sus hijos la controla, amenaza y agrede. El asunto pasa al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Granada. El 20 de julio tiene respuesta: que ese juzgado no tiene jurisdicci¨®n para hechos ocurridos en Italia y que debe interponer la denuncia all¨ª. Rivas, segura de no volver a Italia, obvia esa recomendaci¨®n. Adem¨¢s, las leyes est¨¢n de su parte porque se puede interponer la querella en Espa?a y que el propio sistema judicial lo traslade. Para ello, Francisca Granados, asesora de Rivas, le pide a la Fiscal¨ªa de Granada que inste al juzgado a aceptarla y enviarla a la autoridad italiana competente.

Correo postal

Pero no se puede mandar una denuncia en espa?ol. Hay que traducirla. Seg¨²n el Defensor del Pueblo andaluz, el juzgado envi¨® la denuncia por correo postal. El membrete llevaba la fecha del 15 de marzo de 2017. La empresa encargada de la traducci¨®n asegura que nunca la recibi¨® y que, por contrato, nunca tardan m¨¢s de siete d¨ªas en traducir. Tambi¨¦n dice que el juzgado no reclam¨®.

El 26 de julio del a?o pasado, cuando Rivas no se presenta a entregar a sus hijos, alguien pregunta a la empresa por la denuncia traducida. Nada. El 2 de agosto se env¨ªa la denuncia en espa?ol de nuevo y el 3 ya est¨¢ de vuelta, traducida y enviada por el juzgado, camino de Italia. El 7 iba ya camino de un juzgado de Cagliari. Cinco d¨ªas fueron suficientes para un tr¨¢mite que se resisti¨® cuatro meses y medio.

Pero, desde noviembre, hay unos folios en la mesa de alg¨²n juzgado de Cagliari que nadie ha visto ¡ªel abogado de Rivas dice que no ha sido notificado y que ha dado ¨®rdenes de buscarlos, sin ¨¦xito¡ª ni investigado. Sin embargo, el juez ha determinado, con pruebas periciales de otros juicios de Rivas, que ¡°no es cre¨ªble la certeza de los hechos contenidos en esta denuncia, porque ning¨²n juzgado ha declarado la veracidad de los mismos¡±. La duda es doble ahora: ?se investigar¨¢, finalmente, la denuncia? ?Qu¨¦ pasar¨¢ entonces con la condena de Rivas? ?Y con sus hijos?