El follet¨ªn de la exhumaci¨®n de Franco
Los planes del Gobierno se retrasan meses por la oposici¨®n de un abad que pone en peligro el acuerdo Iglesia-Estado
El follet¨ªn de la exhumaci¨®n de Franco a¨²n durar¨¢ varios meses m¨¢s. Al menos hasta abril. La disputa entre el Gobierno de Pedro S¨¢nchez y la familia del dictador se ha enconado sin atisbos de cesi¨®n por ning¨²n bando. La determinaci¨®n del Gobierno es total y cuenta a su favor con innumerables instrumentos del Estado y un amplio abanico de planes alternativos y sucesivos si falla el oficial ya puesto en marcha. Planes que van, en ¨²ltima instancia, desde recurrir al Vaticano para lograr el permiso de entrada en la bas¨ªlica del Valle de los Ca¨ªdos hasta forzar la retirada de la orden benedictina que se asienta en el templo o denunciar finalmente los acuerdos con la Iglesia. La f¨¦rrea estrategia jur¨ªdica de los Franco se asienta en que al final el Gobierno y la justicia tendr¨¢n que asumir que, con el concordato actual firmado en 1976 y revisado en 1979 (art¨ªculo 1, punto 5), el templo es inviolable y para entrar en ¨¦l se requiere obligatoriamente la autorizaci¨®n de sus responsables.
¡°Es verdad que con el concordato vigente entre el Estado y la Iglesia los espacios religiosos gozan de inviolabilidad y para entrar en la bas¨ªlica se requiere la autorizaci¨®n de sus responsables, pero al final no har¨¢ falta llegar hasta el l¨ªmite de denunciar esos acuerdos porque todo ser¨¢ m¨¢s sencillo¡±, concede con optimismo uno de los responsables gubernamentales al frente de esta compleja negociaci¨®n que se ha demorado mucho m¨¢s de lo que Pedro S¨¢nchez pudo imaginar cuando nada m¨¢s llegar a La Moncloa anunci¨® que los restos mortales de Franco ser¨ªan retirados ¡°en breve¡± del monumento levantado en la dictadura por presos republicanos en Cuelgamuros.
Todo se ha complicado hasta extremos no previstos porque los siete nietos de Franco que representan los intereses de la familia, adem¨¢s, se han enquistado en su oposici¨®n al traslado ¡°porque se han sentido perseguidos y maltratados y no est¨¢n dispuestos a que se juegue con el cad¨¢ver de su abuelo¡±, seg¨²n ha transmitido su albacea en su defensa. La familia Franco esgrime solo razones de ¡°cari?o¡± en el trasfondo de su rechazo frente a los que les acusan de moverse por intereses ideol¨®gicos o incluso econ¨®micos.
El Gobierno no ha establecido ninguna negociaci¨®n con la familia Franco pero s¨ª ha hecho llegar el mensaje de que la exhumaci¨®n es irrenunciable. Y cuando los primeros intentos fracasaron tambi¨¦n convino al m¨¢s alto nivel con los m¨¢ximos responsables del Arzobispado de Madrid, Carlos Osoro, y de la Conferencia Episcopal, Ricardo Bl¨¢zquez, que se asegurar¨ªa de buscar otro lugar para el sepulcro del dictador con las mayores garant¨ªas. Esos mandatarios oficiales de la Iglesia, desde entonces, han trasladado, en p¨²blico y m¨¢s en privado, que no se oponen a la exhumaci¨®n si esta se realiza cumpliendo todos los pasos legales y, sobre todo, si se logra el consenso de los familiares. Ese punto no es posible ni ahora imaginable. El Gobierno lo sabe y tambi¨¦n que la importancia de la presunta presi¨®n de las autoridades eclesi¨¢sticas sobre el responsable del templo, el abad en funciones Santiago Cantera, es m¨¢s moral que ejecutiva.
El Vaticano volvi¨® a reiterar ayer que no tiene nada que se?alar acerca de la exhumaci¨®n de Franco despu¨¦s de que el superior de la bas¨ªlica se haya negado a facilitar el acceso, informa Lorena Pacho desde Roma.
El Gobierno reactivar¨¢ ahora los contactos con esos superiores de Cantera y espera conseguir su remoci¨®n del cargo (en el que creen que sigue no por casualidad en funciones desde 2014) o la imprescindible autorizaci¨®n de sus jefes para llegar al recinto y proceder a la exhumaci¨®n. Si ese permiso superior llega, se efectuar¨¢ inmediatamente la retirada de los restos mortales del dictador al margen de lo que opine el abad en funciones. Mientras tanto, se continuar¨¢ con el expediente abierto por el real decreto ley aprobado en verano, retocado varias veces y refrendado en el Congreso con la abstenci¨®n solo de PP y Ciudadanos. A partir de la semana que viene se oficializar¨¢ el pertinente plazo de alegaciones para los afectados. Solventado ese tr¨¢mite, y obtenidos ya los informes del Ayuntamiento de El Escorial y la Comunidad de Madrid, a finales de enero o comienzos de febrero el Consejo de Ministros aprobar¨¢ la exhumaci¨®n definitiva.
En el Ejecutivo sostienen que tienen una estrategia bien armada jur¨ªdicamente pero cuentan con el recurso inmediato del albacea de los Franco ante el Tribunal Supremo pidiendo incluso medidas cautelares que pudieran paralizar la retirada de la tumba. Y calculan que el Supremo podr¨ªa tardar dos semanas en pronunciarse sobre ese aspecto formal, como hizo estas Navidades ante otro recurso similar, y dejar para dentro de seis o m¨¢s meses su sentencia sobre el fondo. No esperar¨ªan a ese momento para abrir el sepulcro y llevar los restos del dictador a otro lugar, que todav¨ªa no ha sido determinado pero que en ning¨²n caso ser¨ªa la cripta familiar en la catedral de La Almudena, esgrimiendo incluso razones de seguridad.
Luis Felipe Utrera-Molina, el abogado de los Franco, no piensa sin embargo precipitarse. Se agarra a la ley de lo contencioso administrativo para estimar que tendr¨¢ y agotar¨¢ los dos meses para registrar el recurso ante el Supremo y eso le lleva hasta abril, ya en plena precampa?a de las elecciones de mayo. Tambi¨¦n conf¨ªa en vencer en esta batalla con sus argumentos jur¨ªdicos pero, sobre todo, en el reconocimiento desde el Gobierno de que pase lo que pase incluso en el Supremo al final se precisa una autorizaci¨®n de la Iglesia para llegar a la tumba por la inviolabilidad del templo.
Llegados a ese punto no se puede descartar nada. Fuentes del Gobierno recuerdan que se podr¨ªa intentar hasta sacar a la orden benedictina del valle (en el que est¨¢n por un acuerdo firmado en plena dictadura en 1955 tras solicitar el permiso a la abad¨ªa de Santo Domingo de Silos) y revocarlo o cuestionar el concordato, algo que form¨® en el pasado parte de las amenazas program¨¢ticas de algunos candidatos socialistas y que nunca se ha plasmado en los hechos.
El plan b consiste en que sus jefes desautoricen al abad
¡°El plan A sigue en marcha, cumpliendo todos los pasos y tr¨¢mites del expediente de exhumaci¨®n escrupulosamente, pero hay plan B y hasta G si hace falta¡±, advierten desde el Ejecutivo para subrayar por un lado que no hay marcha atr¨¢s y que desde el Gobierno se dispone de muchos resortes del Estado. Tras comprobar que el abad en funciones rechazaba esta Navidad, como se preve¨ªa, el acceso al recinto que le reclam¨® formalmente la ministra de Justicia, Dolores Delgado, el Gobierno ya alert¨® inmediatamente de que proceder¨ªa a elevar sus gestiones a las autoridades eclesi¨¢sticas por encima de Santiago Cantera. Pero ese paso, en el que se conf¨ªa, no es nada claro.
Santiago Cantera funciona en la pr¨¢ctica, se presenta y opera en la Bas¨ªlica del Valle como abad en funciones desde la jubilaci¨®n del anterior abad titular. Las ¨®rdenes benedictinas no tienen prior pero en la nota facilitada el 20 de septiembre de 2014 se explicaba que el padre Cantera hab¨ªa sido nombrado Prior Administrador de la Abad¨ªa Santa Cruz, quedando como superior al frente de la misma, despu¨¦s de la renuncia de Anselmo ?lvarez Navarrete, que sigue conservando a d¨ªa de hoy la condici¨®n de abad em¨¦rito. Aquel nombramiento fue efectuado por Philippe Dupont, Abad-Presidente de la Congregaci¨®n de Solesmes (Francia), al que podr¨ªa considerarse su jefe directo, aunque los Benedictinos tienen un general en el Vaticano que es el se relaciona directamente con el Papa.
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