Las f¨®rmulas ¡®imaginativas¡¯ de juramento son v¨¢lidas si respetan el acatamiento de la Constituci¨®n

Las f¨®rmulas empleadas este martes por los diputados de la reci¨¦n estrenada XIII Legislatura para acatar la Constituci¨®n, requisito para acceder a la condici¨®n plena de parlamentario nacional, pueden ser m¨¢s o menos imaginativas, coloridas o pintorescas ¡ªo incluso ofensivas para algunos¡ª, pero desde el punto de vista constitucional son perfectamente v¨¢lidas. El Tribunal Constitucional, presidido entonces por Francisco Tom¨¢s y Valiente, estableci¨® en 1990 que prohibir a los parlamentarios a?adir coletillas al juramento o promesa supone ¡°anteponer un formalismo r¨ªgido¡± que ¡°violenta¡± el derecho fundamental de participaci¨®n pol¨ªtica que la misma Constituci¨®n protege. Eso s¨ª, para que estos a?adidos sean admisibles no pueden ¡°condicionar ni limitar¡± el acatamiento de la Ley Fundamental de 1978, que debe ser inequ¨ªvoco.

A la pregunta de la nueva presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de ¡°?jur¨¢is o promet¨¦is acatar la Constituci¨®n?¡±, los diputados han hecho el mayor alarde de imaginaci¨®n en 42 a?os de democracia. Los 24 diputados de Vox, que se estrenaban en el Congreso, han jurado ¡°por Espa?a¡±. Parlamentarios de Podemos han prometido ¡°por la democracia y los derechos sociales¡±. Alberto Garz¨®n, de IU, lo ha hecho ¡°por la democracia y la rep¨²blica¡±. El diputado ecologista Juan L¨®pez de Uralde ha invocado a ¡°todo el planeta¡±.

Los diputados nacionalistas catalanes en prisi¨®n provisional, entre pataleos de la derecha para intentar acallar su voz, han prometido ¡°por compromiso republicano¡± y ¡°como preso pol¨ªtico¡± (Oriol Junqueras); y ¡°por lealtad al mandato democr¨¢tico del 1 de octubre y al pueblo de Catalu?a¡± (Josep Rull, Jordi Turull y Jordi S¨¤nchez). Los cuatro han prometido en catal¨¢n y han manifestado su acatamiento a la Constituci¨®n por el ya cl¨¢sico ¡°imperativo legal¡±, acu?ado en 1989 por los parlamentarios de la ilegalizada Herri Batasuna, avalado por el Constitucional.

La f¨®rmula elegida por los diputados acusados de rebeli¨®n por el oto?o independentista de 2017 le ha servido al l¨ªder de Ciudadanos, Albert Rivera, para buscar desde el primer minuto de la legislatura el liderazgo de la derecha y el t¨ªtulo de azote del independentismo. Rivera ha solicitado a Batet que ¡°act¨²e¡± ante ¡°el pisoteo a la dignidad de Espa?a¡± que supone, en su opini¨®n, que los secesionistas se presenten como ¡°presos pol¨ªticos¡±. Rivera invoc¨® el art¨ªculo 103.1 del Reglamento del Congreso, que obliga a llamar al orden a los diputados y oradores ¡°cuando profirieren palabras o vertieren conceptos ofensivos al decoro de la C¨¢mara o de sus miembros, de las instituciones del Estado o de cualquiera otra persona o entidad¡±.

Posteriormente, el PP solicit¨® a la Mesa del Congreso que revise "una a una" todas las f¨®rmulas utilizadas por los diputados presos al entender que las expresiones utilizadas por estos "limitan la eficacia" del acatamiento y lo "vician de nulidad". "El acatamiento no se ha producido de forma clara e inequ¨ªvoca, sino que, al contrario, con tales f¨®rmulas lo que se ha pretendido es limitar, condicionar o eludir el juramento o promesa de acatar la Constituci¨®n", afirmaba el escrito presentado tras el pleno por el partido de Pablo Casado.

Batet, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra, estaba preparada para su primera pol¨¦mica. Aunque Rivera solicitaba una llamada al orden, la nueva presidenta del Congreso ha interpretado que el l¨ªder de Ciudadanos le ped¨ªa que no considerara v¨¢lida la forma de acatamiento, lo que supondr¨ªa denegar a los presos el acceso a la condici¨®n plena de diputados.

"No se ha mermado la esencia del acatamiento, que es el compromiso de respeto a la Constituci¨®n, y esta presidencia ser¨¢ ejercida para que en todo momento haya respeto a la Constituci¨®n", remarc¨® Batet. La presidenta cit¨® la sentencia 119/1990 del Tribunal Constitucional, que dio validez al acatamiento por ¡°imperativo legal¡± que realizaron en noviembre y diciembre de 1989 los diputados de la ilegalizada Herri Batasuna Jon Idigoras, Itziar Aizpurua y ?ngel Alcalde, a los que se hab¨ªa denegado la condici¨®n de diputados.

Esta sentencia, de la que fue ponente Francisco Rubio Llorente, afirmaba lo siguiente: ¡°En un Estado democr¨¢tico que relativiza las creencias y protege la libertad ideol¨®gica; que entroniza como uno de sus valores superiores el pluralismo pol¨ªtico; que impone el respeto a los representantes elegidos por sufragio universal (¡­) no resulta congruente una interpretaci¨®n de la obligaci¨®n de prestar acatamiento a la Constituci¨®n que antepone un formalismo r¨ªgido a toda otra consideraci¨®n¡±. Negar a un parlamentario la condici¨®n de diputado por no ce?irse a la f¨®rmula ¡°s¨ª, juro¡± o ¡°s¨ª, prometo¡± supone ¡°hacer prevalecer una interpretaci¨®n de la Constituci¨®n excluyente frente a otra integradora¡±.

Otra sentencia del a?o siguiente, sobre el acatamiento por ¡°imperativo legal¡± del senador de HB Jos¨¦ Luis ?lvarez Emparanza profundizaba en la cuesti¨®n. ¡°Lo decisivo es que el acatamiento a la Constituci¨®n haya sido incondicional y pleno¡±, sosten¨ªa. El tribunal recordaba que ¡°la tradici¨®n parlamentaria espa?ola (¡­) gener¨® un aut¨¦ntico uso de manifestar reservas o explicaciones de distinta naturaleza a la emisi¨®n del juramento o promesa¡±. En el caso de la f¨®rmula ¡°por imperativo legal¡±, el Constitucional estim¨® que ¡°debe necesariamente ser entendido como un acatamiento, o sea, como una respuesta afirmativa a la pregunta formulada por el presidente de la C¨¢mara¡±.