?Y qui¨¦n me paga a m¨ª los destrozos de la Guardia Civil en mi barco?

A los agentes de la Guardia Civil les llam¨® la atenci¨®n que, justo al acercarse a 30 millas de la costa, el capit¨¢n del Merbey desconectase el AIS del buque (sistema de ayuda a la navegaci¨®n) e iniciase una "trayectoria err¨¢tica".? Antes de abordarlo tambi¨¦n sopesaron los aparentes nexos del buque "con compa?¨ªas vinculadas al tr¨¢fico de hach¨ªs". Esos fueron los argumentos que expuso el juzgado de la Audiencia Nacional que supervis¨® la operaci¨®n, el central n¨²mero 5, para ordenar el bloqueo de la nave y su traslado al puerto de Algeciras.

El buque proced¨ªa de Guinea Bissau y se dirig¨ªa a Malta. Oficialmente, con toneladas de grano para la agricultura. Nadie se lo crey¨®. Al contrario, las autoridades acariciaban la idea de estar ante uno de los alijos de droga m¨¢s espectaculares del a?o. Lo cifraban en toneladas.

La operaci¨®n fue un desastre cuyas consecuencias a¨²n hoy se ventilan en los tribunales espa?oles. Tras varios e infructuosos d¨ªas taladrando el mobiliario del buque, los agentes desistieron: all¨ª no hab¨ªa ning¨²n alijo de droga. Cuando se apercibieron del error ya era tarde, determinadas partes del buque se parec¨ªan a un queso gruyere.

Aunque no se hall¨® nada, la autoridad portuaria decidi¨® retener el barco hasta que se solventasen unas deficiencias t¨¦cnicas y burocr¨¢ticas descubiertas durante una inspecci¨®n paralela al registro judicial. En Algeciras estuvo atracado el Merbey hasta el 24 de marzo del a?o siguiente, m¨¢s de tres meses, ante la desolaci¨®n de la tripulaci¨®n, nueve marinos procedentes de Ghana, Colombia, Senegal, Togo y Ruman¨ªa y un espa?ol. Con el argumento de que el buque no produc¨ªa, el armador les baj¨® el sueldo. De vez en cuando les enviaba viandas y algo de dinero para que subsistieran. Pero la tensi¨®n creci¨® entre ellos. Hubo hasta un intento de mot¨ªn. Echaron al capit¨¢n la culpa de sus males.

Los due?os del barco tuvieron que repatriar al capit¨¢n ¡ªdel que nada m¨¢s se ha vuelto a saber en Algeciras¡ª y sustituirlo por otro para apaciguar los ¨¢nimos. ¡°Lo pasaron realmente mal, era v¨ªspera de Navidad; algunos no aguantaron y se marcharon a sus pa¨ªses; no hab¨ªa ning¨²n cargo judicial contra ellos¡±, evoca Marco Antonio de Felipe, el abogado de la sociedad due?a del buque, Barchester Holdindig Limited, radicada en Gibraltar pero residenciada en Comores.

El buque fue sometido a dos infructuosos registros con apenas? 40 d¨ªas de diferencia. Los agentes no hallaron nada

El 11 de enero de 2016, se produjo otro hecho curioso. La Guardia Civil inform¨® al juez de que hab¨ªa recibido un chivatazo sobre el Merbey de la Oficina para la Represi¨®n del Tr¨¢fico de Estupefacientes de Francia. Los agentes pidieron al juez realizar un registro m¨¢s exhaustivo en el buque, pero ya sin limitaciones, que incluyera hasta los camarotes. Adujeron que Francia les hab¨ªa enviado un informe en el que ya no hablaba de toneladas de hach¨ªs, pero s¨ª de que se ocultaban en el barco 300 kilos de coca¨ªna. El juez accedi¨®. La coca¨ªna es de las drogas m¨¢s duras. La tripulaci¨®n estuvo siempre bajo vigilancia. Para salir del puerto antes ten¨ªan que franquear la aduana y eran cacheados.

La Guardia Civil volvi¨® al barco con los taladros y las brocas el 19 de enero. Fue el segundo registro. Pusieron el barco patas arriba: horadaron armarios y chapas, destrozaron la refrigeraci¨®n, levantaron paneles en busca de zulos, rajaron botes salvavidas...? Pero all¨ª segu¨ªa sin haber nada. El juez Jos¨¦ de la Mata decidi¨® entonces archivar el asunto.

Resuelto el problema burocr¨¢tico, el barco se entreg¨® finalmente a sus due?os el 24 de marzo, dos meses, pero tal y como lo dej¨® la Guardia Civil. Destrozaron hasta una lavadora que ten¨ªa la tripulaci¨®n para limpiar la ropa (valorada en 500 euros por los peritos). ¡°Todo fue un error desde el principio, se equivocaron de barco¡±, remacha De Felipe.

Desde entonces, el abogado est¨¢ intentando que alguien se haga cargo de los da?os causados a la nave, casi 15.000 euros en destrozos, seg¨²n el informe sobre da?os hecho por peritos contratados por la sociedad Barchester. ¡°No hemos querido exagerar los da?os, no se ha inflado nada". Barchester ha pedido una indemnizaci¨®n al Estado espa?ol.

Todo el mundo se ha desentendido de los da?os, empezando por el Ministerio de Justicia, que en una resoluci¨®n del pasado 29 de abril a la que ha tenido acceso EL PA?S se niega a indemnizar. Alega que, al tratarse de una investigaci¨®n judicial, los due?os del barco "han de soportar" de sus propios bolsillos los gastos ocasionados por la fallida intervenci¨®n de la Guardia Civil.

Los due?os del buque no dan cr¨¦dito a esta resoluci¨®n: ¡°Un Estado democr¨¢tico que se equivoca debe tener la sensatez de resarcir el da?o ocasionado¡±, a?ade el letrado. ¡°Porque los da?os est¨¢n ah¨ª, nadie del barco fue acusado de nada, ?qui¨¦n paga los da?os de los destrozos?".?

El Ministerio de Justicia es el que responde econ¨®micamente de las operaciones judiciales fallidas que generan graves perjuicios a inocentes. Pero es muy restrictivo a la hora de indemnizar.? Y la norma que regula la responsabilidad patrimonial del Estado parece escrita para esquivar las indemnizaciones.

Un ejemplo es que hay muchas personas que son encarceladas preventivamente y luego absueltas y Justicia rechaza indemnizarles porque existe el criterio de que un absuelto por presunci¨®n de inocencia est¨¢ obligado a soportar los efectos de una acci¨®n judicial equivocada, lo que ha sucedido en el caso del Merbey.

investigacion@elpais

Recurso contra la negativa de Justicia a pagar

El abogado del buque destrozado no acepta la negativa del Ministerio de Justicia a indemnizar los da?os sufridos. Y asegura que no cejara en el empe?o... Anuncia que va a interponer un recurso ante los tribunales de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional para que los jueces revoquen la resoluci¨®n del Ministerio de Justicia y obliguen al Estado a resarcir los casi 15.000 euros en da?os tasados por los peritos.

El barco fue entregado a sus due?os con una larga lista de da?os: balsas salvavidas rajadas, mobiliario del puente de mando forzado, el bote de rescate pinchado; la bodega de carga de popa acab¨® inundada; tambi¨¦n fueron forzadas las tapas de escotilla de las bodegas de carga de proa y popa; y hubo perforaciones en el hormig¨®n de la bodega de carga de proa, agujeros en conductos de ventilaci¨®n...

La compa?¨ªa present¨® una demanda ante el Ministerio de Justicia y este, antes de tomar una decisi¨®n, pidi¨® informes al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo de Estado para ver si deb¨ªa indemnizar. El Poder Judicial dictamin¨® que no se hab¨ªa producido ning¨²n funcionamiento anormal de la Administraci¨®n de Justicia (lo que s¨ª habr¨ªa abierto la puerta a una indemnizaci¨®n del Estado). El argumento es que los guardias civiles actuaron en cumplimiento de una orden judicial. Y que en esos casos, el armador est¨¢ obligado a afrontar los perjuicios aunque no hubiera droga y sea inocente.

Lo explica as¨ª el Consejo: "(...) Las medidas acordadas por un ¨®rgano judicial tendentes al esclarecimiento de los hechos en el curso de un procedimiento penal (...) constituyen una consecuencia del propio proceso que han de soportar aquel o aquellos frente a los que se dirige". El Consejo de Estado, en su informe, pr¨¢cticamente viene a decir lo mismo que el Poder Judicial. Y el Ministerio de Justicia, en el suyo, en el mismo sentido. No hay responsabilidad patrimonial del Estado porque todo se ha hecho bajo mandato judicial.