Jueces para la Democracia critica que el Supremo paralice la exhumaci¨®n de Franco
La asociaci¨®n judicial progresista rechaza el ¡°abandono del Estado¡± a las v¨ªctimas de la dictadura
Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha lamentado este mi¨¦rcoles la decisi¨®n del Tribunal Supremo de paralizar de manera cautelar la exhumaci¨®n del dictador Francisco Franco de su tumba en el Valle de los Ca¨ªdos y su traslado al cementerio de Mingorrubio-El Pardo, que el Gobierno hab¨ªa acordado realizar el pr¨®ximo 10 de junio. La asociaci¨®n judicial progresista considera que la resoluci¨®n de la Secci¨®n Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, tomada por unanimidad de sus cinco magistrados, ¡°confirma la incapacidad de la justicia espa?ola para perseguir los cr¨ªmenes de la dictadura y reparar a las v¨ªctimas¡±. El Supremo tiene que decidir todav¨ªa sobre el fondo de la cuesti¨®n, es decir, sobre si acepta o rechaza la demanda de la familia del dictador contra el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 15 de marzo que dio luz verde a la exhumaci¨®n.
En un comunicado, JJpD tacha de ¡°ins¨®lita¡± e ¡°incomprensible¡± la argumentaci¨®n de los magistrados del Supremo, que suspendieron de manera temporal el desenterramiento mientras no haya sentencia firme al entender que podr¨ªa ser "extraordinariamente perjudicial¡± no solo para la familia del antiguo jefe del Estado, fallecido en 1975, ¡°sino tambi¨¦n para el inter¨¦s p¨²blico¡±. ¡°Los restos del dictador se encuentran enterrados en un inmueble de titularidad estatal, lo que lo convierte en asunto esencialmente p¨²blico¡±, afirman los jueces progresistas en su nota.
¡°Parece un sarcasmo la protecci¨®n cautelar y urgente del inter¨¦s familiar del dictador frente al desentendimiento y abandono del Estado a los familiares de tantas v¨ªctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, que todav¨ªa esperan justicia y reparaci¨®n¡±, se?ala la asociaci¨®n progresista, a la que est¨¢n asociados 476 de los 5.377 jueces y magistrados de toda Espa?a.
JJpD califica tambi¨¦n de ¡°ins¨®lito¡± que el Supremo considere a Franco jefe del Estado ¡°sin otra connotaci¨®n¡± desde el 1 de octubre de 1936, tres meses despu¨¦s del golpe de Estado del 18 de julio de ese a?o que dio inicio a la Guerra Civil y dos a?os y medio antes del fin de la contienda. La asociaci¨®n recuerda que en esa fecha Franco era el m¨¢ximo dirigente ¡°de un aparato estatal de facto, surgido de la violencia, no sometido a la legalidad y no homologado en la comunidad internacional de su ¨¦poca¡± y que referirse a ¨¦l como jefe del Estado supone una ¡°falta de sensibilidad y de respeto hacia el principio democr¨¢tico y el principio de legalidad¡±.
Queja formal por la afirmaci¨®n de que Franco era jefe del Estado en 1936
La Asociaci¨®n para la Recuperaci¨®n de la Memoria Hist¨®rica (ARMH) ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial contra el auto del Tribunal Supremo que paraliza la exhumaci¨®n de Franco y en el que se describe al dictador como "jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936", es decir, durante la Guerra Civil.
En el escrito, aseguran que ese relato "la sala da legitimidad al golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y considera a un grupo de militares fascistas con capacidad para elegir qui¨¦n era el Jefe del Estado cuando en ese momento en Espa?a era presidente del Gobierno Manuel Aza?a, elegido democr¨¢ticamente el 11 de mayo de 1936". Emilio Silva Barrera, presidente de la ARMH. solicita asimismo informaci¨®n sobre el origen de esa afirmaci¨®n incluida en el auto y en concreto para saber si "est¨¢ recogida en el escrito presentado por el abogado representante de la familia Franco".
"Hacer esa afirmaci¨®n es como decir que el golpista Tejero fue durante unas horas presidente del Congreso de los DIputados o del Gobierno", denuncia la ARMH. Junto a la queja, Silva ha adjuntado el informe del relator de Naciones Unidas Pablo de Greiff sobre la situaci¨®n de las v¨ªctimas del franquismo en el que se resalta la falta de formaci¨®n de la judicatura espa?ola en materia de derechos humanos y memoria hist¨®rica.
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