La Junta lleva al juzgado documentos sobre los ERE hallados en tres cajas fuertes ¡°ocultas¡±

El caso de los ERE no ha acabado con la sentencia que ha condenado a 19 ex altos cargos de la Junta de Andaluc¨ªa, entre ellos los expresidentes socialistas Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n y seis exconsejeros. El Gobierno andaluz presidido por el popular Juan Manuel Moreno ha informado este martes de que ha enviado al Juzgado de Instrucci¨®n 6 de Sevilla un convenio firmado el 30 de diciembre de 1998 en el que la Junta, gobernada entonces por el PSOE, se compromete a no reclamar las ayudas ilegales declaradas por la Uni¨®n Europea a una empresa c¨¢rnica de Ja¨¦n.

La documentaci¨®n fue hallada en ¡°sobres lacrados en tres cajas fuertes de un metro¡± de altura en la sede de la Agencia andaluza IDEA, seg¨²n ha detallado el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno, El¨ªas Bendodo, quien ha advertido que ¡°pr¨®ximamente vendr¨¢n m¨¢s¡± entregas. Seg¨²n su versi¨®n, esas cajas fuertes ¡°est¨¢n llenas de papeles de los ERE¡±, una documentaci¨®n ¡°que en vez de aportarla al juez la guardaban en cajas fuertes¡±.

Bendodo ha asegurado que fue ¡°personal¡± de IDEA el que advirti¨® a finales de la semana pasada de las cajas ¡°ocultas¡± y lo puso en conocimiento del director general de la agencia p¨²blica.

La informaci¨®n que ha trasladado al juzgado afecta a dos ¡°convenios privados¡± suscritos en la misma fecha, el 30 de diciembre de 1998, ambos ¡°sin membrete oficial y sin pasar por la Intervenci¨®n de la Junta de Andaluc¨ªa¡±, ha destacado Bendodo.

Uno de ellos est¨¢ firmado por el entonces consejero de la Presidencia, Gaspar Zarr¨ªas, y el vicepresidente de la c¨¢rnica Campofr¨ªo. En ¨¦l se asegura que Campofr¨ªo, a trav¨¦s de su filial Campocarne, se compromete a invertir 4.000 millones de pesetas en cuatro a?os y la creaci¨®n de 300 puestos de trabajo en la antigua empresa Hermanos de Andr¨¦s Molina, declarada en suspensi¨®n de pagos en 1995. Esta empresa recibi¨® 8.000 millones de pesetas de la Junta (48,01 millones de euros) que la Comisi¨®n Europea declar¨® ilegales y con la obligaci¨®n de devolver el importe m¨¢s los intereses.

La Junta, por su parte, se compromete a dar dos subvenciones por un importe total de 4,4 millones de euros. La efectividad del convenio est¨¢ sujeta a que lo apruebe el Consejo de Gobierno. En el acuerdo figura que ¡°la Junta no dirigir¨¢ acci¨®n alguna de reclamaci¨®n¡± a la c¨¢rnica de las ayudas que la Uni¨®n Europea consider¨® ilegales por considerarlas competencia desleal.

El mismo d¨ªa de la firma de ese convenio, el 30 de diciembre de 1998, se produce tambi¨¦n la compra-venta por parte de Campofr¨ªo de la empresa c¨¢rnica Hijos de Andr¨¦s Molina, participada por la Junta a trav¨¦s del Instituto de Fomento de Andaluc¨ªa (IFA), sociedad que luego se denomin¨® IDEA. En ese documento se pacta el compromiso de no reclamar las ayudas consideradas ilegales a Campofr¨ªo, al entender que como sociedad compradora ¡°no ha obtenido beneficio alguno como consecuencia de tales ayudas¡±.

En la documentaci¨®n facilitada por el Gobierno andaluz a los medios de comunicaci¨®n se hace constar que los documentos han sido ¡°archivados en la caja fuerte¡± del IFA.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andaluc¨ªa presidido por Manuel Chaves acab¨® otorgando el 9 de noviembre de 1999 un pr¨¦stamo por 5,8 millones de euros a Campocarne. Por esta ayuda, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n pidi¨® el pasado 3 de diciembre investigar a Manuel Chaves y Gaspar Zarr¨ªas por prevaricaci¨®n y malversaci¨®n. Ambos fueron condenados a nueve a?os de inhabilitaci¨®n por un delito de prevaricaci¨®n en el caso del juicio pol¨ªtico de los ERE.

¡°Bajo el paraguas formal de un pr¨¦stamo se decidi¨® realmente disponer arbitrariamente de los fondos p¨²blicos sin sujeci¨®n a procedimiento alguno ni control para beneficiar directamente a la empresa Campocarne, lo que podr¨ªa de manera inicial calificarse como delito de prevaricaci¨®n en concurso medial con malversaci¨®n¡±, asegura la Fiscal¨ªa.

En un informe enviado al Juzgado n¨²mero 6 de Sevilla, el fiscal estima que la supuesta malversaci¨®n por el ¡°pr¨¦stamo puente¡± concedido hace 20 a?os no estar¨ªa prescrita porque el cr¨¦dito ¡°se consuma¡± cuando deja de ser considerado un activo y pasa a ser una p¨¦rdida, y desconoce cu¨¢ndo ocurri¨®, ya que el periodo de carencia iba de 2002 a 2008.