Los jueces deniegan el 21% de las ¨®rdenes de protecci¨®n pedidas por maltratadas, seg¨²n AI

Amnist¨ªa Internacional (AI) ha denunciado hoy, en un informe basado en testimonios de decenas de v¨ªctimas de violencia de g¨¦nero en Espa?a, 20 obst¨¢culos que a¨²n afrontan estas mujeres debido a la falta de apoyo en el ¨¢mbito asistencial, judicial y policial para escapar del agresor, proteger su vida y rehacerla. Uno de los principales problemas est¨¢ en las ¨®rdenes de protecci¨®n. El 21% de las medidas de este tipo solicitadas por mujeres maltratadas es denegada por los jueces. La ONG critica adem¨¢s la casi total ausencia de control en el cumplimiento de estas ¨®rdenes y la "permisividad" policial cuando se quebrantan. A pesar de la aprobaci¨®n de la Ley Integral contra la Violencia de G¨¦nero, AI considera que los recursos destinados son muy inferiores a los que requiere la norma, al tiempo que pone de manifiesto la mayor desprotecci¨®n que sufren colectivos como inmigrantes indocumentadas, gitanas, discapacitadas o mujeres con alguna enfermedad mental o con alg¨²n tipo de adicci¨®n.

La ONG calcula que hay dos millones de maltratadas en Espa?a y que s¨®lo el 5% denuncia

El informe se ha presentado hoy en todo el mundo y se enmarca dentro de la campa?a mundial iniciada por Amnist¨ªa en marzo de 2004 sobre violencia de g¨¦nero, que incluye la movilizaci¨®n de dos millones de activistas de esta ONG para pedir al Gobierno espa?ol que cumpla con sus compromisos internacionales, "no s¨®lo sobre el papel sino en la pr¨¢ctica". El director de la secci¨®n espa?ola de AI, Esteban Beltr¨¢n, y la responsable del ¨¢rea de mujer, Mar¨ªa Naredo, han explicado que la elecci¨®n de Espa?a obedece a que registra un "aumento sostenido" de esa violencia, a que existe una "preocupaci¨®n internacional" por este pa¨ªs y a que se est¨¢ en fase de elaboraci¨®n del Reglamento de la Ley Integral contra la Violencia de G¨¦nero.

En 2004, el Comit¨¦ para la Eliminaci¨®n de la Discriminaci¨®n contra la Mujer de la ONU alert¨® a Espa?a de la prevalencia del problema de la violencia contra la mujer y sobre el aumento de los asesinatos (en los tres ¨²ltimos a?os han muerto casi 200 y en 2005 suman ya 19); una preocupaci¨®n compartida por el Consejo de Europa. Seg¨²n Beltr¨¢n, en Espa?a hay m¨¢s de dos millones de mujeres que sufren violencia de g¨¦nero y s¨®lo un 5% denuncia. El informe, titulado Espa?a: m¨¢s all¨¢ del papel. Hacer la realidad la pr¨¢ctica y la justicia para las mujeres ante la violencia de g¨¦nero en el ¨¢mbito familiar, se basa en una investigaci¨®n realizada por AI durante a?o y medio para analizar el recorrido de las v¨ªctimas en busca de ayuda.

La ayuda de 300 euros no se recibe

Entre las barreras que afrontan estas mujeres, Beltr¨¢n y Naredo han citado la dificultad de acceder a centros de acogida por la escasez de plazas, de modo que en ocasiones son derivadas a pensiones o centros de indigentes. Es a¨²n m¨¢s complicado lograr plaza sin denuncia previa, si la mujer tiene un hijo var¨®n de 12 o m¨¢s a?os (no se acepta su entrada, s¨ª en el caso de las ni?as), cuando arrastra un problema de adicci¨®n o si es una inmigrante en situaci¨®n irregular. Seg¨²n los responsables de AI, acompa?ados por una portavoz de la asociaci¨®n Miriadas, Alicia Narciso, "no todas las mujeres reciben la ayuda de 300 euros mensuales fijada en la orden de protecci¨®n" y, cinco meses despu¨¦s de aprobarse la Ley Integral, "las facilidades de empleo y vivienda siguen s¨®lo sobre el papel".

Beltr¨¢n ha considerado "incre¨ªble" que en el 80% de los procesos judiciales en esta materia "las mujeres no tengan abogado". Otro obst¨¢culo "muy preocupante" es el rechazo que est¨¢n registrando las mujeres que piden ¨®rdenes de protecci¨®n, que la ONG cifra en el 21% del total de ¨®rdenes solicitadas. Esta cifra asciende al 31% en el Pa¨ªs Vasco, en Andaluc¨ªa se deniega el 17,5%, mientras que en Catalu?a el 19,2% y en Castilla y Le¨®n el 23,5%. Pero una vez lograda la orden, tampoco garantiza mucho. Seg¨²n la ONG, se produce una casi ausencia de control en el cumplimiento de las ¨®rdenes de alejamiento y la "permisividad" de cuerpos y fuerzas de seguridad cuando la medida es quebrantada (en 2004 murieron diez mujeres con Orden de Protecci¨®n).

Beltr¨¢n, Naredo y Narciso han considerado contraproducente que la v¨ªctima declare en presencia de su agresor en la misma sala del juzgado -queda al arbitrio del juez- y han criticado que la Ley Integral no haya introducido la protecci¨®n de testigos. En el ¨¢mbito judicial, Amnist¨ªa considera que la celebraci¨®n de juicios r¨¢pidos en estos casos no permite, por falta de tiempo, establecer las pruebas o demostrar la existencia de "violencia psicol¨®gica". A ello se a?ade "el prejuicio" de algunos jueces, que han desestimado demandas "por el aspecto f¨ªsico de la denunciante", y la actitud a veces poco diligente de los cuerpos y fuerzas de seguridad en el momento en el que una mujer pone la denuncia.