Por la sostenibilidad del sistema

Han pasado tres a?os desde que se aprob¨® la Ley de Dependencia y es el momento de evaluar, de reflexionar y, a la vista de las necesidades que la realidad ha puesto de manifiesto, de proponer que se introduzcan mejoras y ajustes que vengan a garantizar la sostenibilidad del sistema de promoci¨®n de la autonom¨ªa personal y atenci¨®n a personas en situaci¨®n de dependencia. Esta demanda es un¨¢nime por parte de todas las comunidades aut¨®nomas y ha sido acogida con inter¨¦s por la ministra, Trinidad Jim¨¦nez, comprometi¨¦ndose a estudiarla en profundidad y en colaboraci¨®n con las distintas administraciones.

Todas las evaluaciones e informes que se est¨¢n llevando a cabo van en la misma direcci¨®n y, por ello, en la Generalitat Valenciana consideramos que ha llegado el momento de hacer un an¨¢lisis conjunto para que se aplique el sistema en toda su amplitud.

Las primeras conclusiones de los estudios ponen de manifiesto debilidades en la aplicaci¨®n de la ley y coinciden con lo que venimos afirmando desde hace tiempo: el modelo de financiaci¨®n actual es desigual e insostenible y hay que buscar nuevas v¨ªas que ofrezcan estabilidad.

Las comunidades aut¨®nomas soportan la mayor parte de la carga financiera, lejos del 50% establecido en la memoria econ¨®mica de la ley, fundamentalmente porque la financiaci¨®n del nivel m¨ªnimo garantizado por el Estado se realiza atendiendo al grado y nivel de la persona dependiente y no al servicio o prestaci¨®n recibida. Este punto requiere una revisi¨®n, ya que las comunidades aut¨®nomas que destinan m¨¢s servicios y menos prestaciones, reciben una menor financiaci¨®n en t¨¦rminos relativos puesto que el coste residencial, por ejemplo, es cuatro veces m¨¢s alto que la prestaci¨®n.

Estamos convencidos de la necesidad de que el Estado coordine y posibilite el establecimiento de criterios comunes en todas las comunidades, de manera que se evite la desigualdad social. Es necesario igualar en derechos a todos los ciudadanos con independencia del lugar en que residan.

Hacen falta garant¨ªas de una financiaci¨®n adecuada y estable, un pacto de Estado que d¨¦ lugar a una ley b¨¢sica, como las que garantizan la atenci¨®n sanitaria o la educaci¨®n o como ocurre en otros pa¨ªses europeos, como Francia o Alemania, donde existe un fondo finalista. Es necesario destinar m¨¢s recursos y sobre todo es necesario distribuirlos con criterios m¨¢s precisos.

En la Comunidad Valenciana exist¨ªa, antes de la entrada en vigor de la ley, una amplia red de servicios sociales con recursos domiciliarios, atenciones diurnas y residenciales, con unos niveles de calidad acordes con la aspiraci¨®n social y con el derecho que tiene el ciudadano a obtener el m¨¢ximo bienestar. Incluso, exist¨ªan algunas ayudas para quienes ten¨ªan personas dependientes a su cargo, sin embargo, entendemos que la ley era necesaria y en estos tres a?os, a pesar de las enormes dificultades que la aplicaci¨®n del sistema ha conllevado, hemos pasado de atender a 9.514 personas dependientes a las m¨¢s de 32.000 que estamos atendiendo en estos momentos. Nuestro objetivo es conseguir una mejor aplicaci¨®n de la Ley, una mayor celeridad y un servicio de mayor calidad.

El sistema tiene que alcanzar el fin pretendido, que es poner a disposici¨®n de cada persona con dependencia el recurso que requiera, con independencia del coste o modo de financiaci¨®n del mismo. Y para ello, debe ser sostenible, con una financiaci¨®n suficiente y adecuada.

La entrada en vigor de la Ley de Dependencia ha supuesto un gran avance en los derechos de las personas y un gran reto para los poderes p¨²blicos, que tenemos la obligaci¨®n pol¨ªtica y moral de actuar de forma coordinada para mejorar el bienestar de los ciudadanos. Y para ello, desde el Consell ofrecemos nuestra lealtad institucional, lo que no impide que continuemos reivindicando aquellos aspectos de la financiaci¨®n que no consideramos adecuados.

Ang¨¦lica Such es consejera de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana