Menores con margen de error

Yusef ten¨ªa 16 a?os el 19 de agosto de 2009. ?O eran 18? ?O 17? A este extranjero reci¨¦n llegado a Espa?a se le hicieron tres pruebas ¨®seas en tres hospitales de tres provincias distintas entre finales de agosto y principios de septiembre de ese a?o. El hospital Torre C¨¢rdenas de Almer¨ªa determin¨® que era un menor de "aproximadamente 16 a?os"; un centro de Valencia asever¨® cinco d¨ªas m¨¢s tarde que su edad era de "aproximadamente 18 a?os" y un tercer centro de la ciudad de San Sebasti¨¢n afirm¨® que "el grado de madurez ¨®sea" era de 17 a?os. Es decir, fue considerado menor en dos comunidades aut¨®nomas y mayor de edad en una tercera en un lapso de 17 d¨ªas.

La edad es determinante para el futuro de un inmigrante que llega a Espa?a: si es mayor y no tiene papeles ser¨¢ expulsado; si es menor debe ser protegido por el Estado, que solo podr¨¢ repatriarlo a su pa¨ªs de origen si se cumplen ciertas garant¨ªas y si tiene un entorno seguro y estable al que regresar. Por otro lado, en los casos en los que la persona haya cometido un delito, si es mayor se le aplicar¨¢ el c¨®digo penal de adultos, m¨¢s duro y con penas de prisi¨®n; si no, podr¨¢ beneficiarse de la ley de responsabilidad penal del menor, con medidas m¨¢s cortas y encaminadas mucho m¨¢s directamente a la reinserci¨®n social.

El caso de Yusef refleja el monumental caos que existe en torno a la determinaci¨®n de la edad de los extranjeros que llegan a Espa?a y que ha sido analizado en el informe presentado ayer por la Defensora del Pueblo, Mar¨ªa Luisa Cava de Llano, ?Menores o adultos? Procedimiento para la determinaci¨®n de la edad, que denuncia que el sistema no funciona. Las pruebas ¨®seas y dentales no son fiables y presentan grandes m¨¢rgenes de error que no siempre son tenidos en cuenta; los que aducen ser menores no tienen derecho a asistencia jur¨ªdica gratuita; el registro nacional de menores no acompa?ados est¨¢ incompleto, de forma que cuando un menor pasa de una comunidad aut¨®noma a otra, si no est¨¢ registrado, puede ser sometido de nuevo a las mismas pruebas -muchas veces con resultados distintos-; autonom¨ªas y fiscal¨ªas aplican la ley de forma distinta y la descoordinaci¨®n entre las regiones es absoluta. En ocasiones, incluso dentro de una misma comunidad aut¨®noma se aplican criterios diversos.

Los ejemplos de pr¨¢cticas disfuncionales son m¨²ltiples. Un informe emitido por un hospital de Granada el 11 de agosto de 2011 fijaba la edad de la persona estudiada como de "18 a?os seg¨²n los criterios establecidos por Greulich y Pyle [un est¨¢ndar de determinaci¨®n de edad] para varones de raza blanca en la costa este de EE UU". El problema es que el paciente ni era var¨®n, ni era de raza blanca, ni era americano: se trataba de una mujer nigeriana de raza negra llamada Gladys que aseguraba ser menor de edad y que fue expulsada poco despu¨¦s en virtud de este informe.

A un chico le atribuyeron 16, 17 y 18 a?os en tres ciudades distintas. El mayor de edad sin papeles puede ser expulsado; el menor, no

La escasa fiabilidad de las pruebas ¨®seas es tal que ha ocurrido que a un menor lo consideren mayor de edad al llegar a Espa?a y dos a?os m¨¢s tarde, cuando en teor¨ªa deber¨ªa tener ya al menos 20 a?os, otra prueba distinta establezca que es menor. A otro chico le dijeron que ten¨ªa 13 a?os en 2008 y le atribuyeron 19 en 2010, seg¨²n consta en el informe del Defensor del Pueblo.

Otras veces los ex¨¢menes m¨¦dicos directamente no cumplen con los est¨¢ndares m¨ªnimos exigidos por los expertos y se limitan a se?alar, sin m¨¢s datos, que la "edad ¨®sea es de 18 a?os". Son informes de media l¨ªnea en los que el m¨¦dico no explica por qu¨¦ ha llegado a esa conclusi¨®n ni el margen de error ni la horquilla de edades entre las que puede estar la persona.

Los problemas est¨¢n claros, pero, ?qu¨¦ puede hacerse para garantizar la seguridad jur¨ªdica del menor en estos casos y que a la vez el Estado pueda confirmar que no hay fraudes? En primer lugar, seg¨²n las consideraciones del Defensor del Pueblo, debe partirse de la base de que las pruebas ¨®seas y de mineralizaci¨®n dental tienen m¨¢rgenes de error y tratar de minimizarlos. No hay un m¨¦todo cient¨ªfico seguro y fiable al 100%.

"La radiograf¨ªa de la mu?eca no es suficiente para determinar la edad", indica Rafael Ba?¨®n, m¨¦dico forense y director del Instituto de Medicina Legal de Murcia. "Hace falta una exploraci¨®n completa del menor, una radiograf¨ªa de la boca y, en algunos casos, una radiograf¨ªa de la clav¨ªcula. Con todo esto se podr¨ªa tener una certeza en algunos casos. En otros, ni siquiera con estas pruebas se habr¨¢ llegado a un resultado concluyente y seguir¨¢ habiendo margen de error. Entonces tendr¨¢n que ser los fiscales los que decidan con otros elementos no cient¨ªficos como declaraciones de testigos".

Otro de los problemas detectados por el Defensor es que en ocasiones son los propios fiscales los que derivan directamente al menor a un centro m¨¦dico y el que dice qu¨¦ pruebas concretas deben hacerse para fijar su edad cuando debe ser ¨²nicamente un m¨¦dico especialista en la materia el que determine el c¨®mo y el qu¨¦ se debe hacer.

El manual de buenas pr¨¢cticas en esta materia que han establecido los expertos deber¨ªa generalizarse. Y los menores tendr¨ªan que tener derecho a verificar que as¨ª se ha hecho y a recurrir ante los tribunales cuando no se haya seguido, seg¨²n el informe del Defensor del Pueblo. Una de sus recomendaciones es que se reforme la Ley de Extranjer¨ªa para garantizar el derecho del menor a estar asistido por un abogado en este proceso.

El informe hace 41 recomendaciones a las autoridades. Pide que se garanticen servicios especializados; un protocolo de actuaci¨®n que sea seguido por todas las administraciones; y que se corrija el funcionamiento del Registro de Menores Extranjeros para que las distintas puedan compartir sus datos y no se repitan una y otra vez las mismas pruebas ni se someta a radiaci¨®n a un mismo ni?o hasta cuatro y cinco veces. "Hay menores que durante meses han estado en un centro sin que se haya comunicado a la Polic¨ªa Nacional ni conste en el registro", se?al¨® ayer Cava de Llano.

La mayor¨ªa de los inmigrantes sometidos a este tipo de pruebas -3.054 en 2010, seg¨²n datos de la Fiscal¨ªa General del Estado- son hombres. Apenas entran chicas a Espa?a sin documentaci¨®n que se identifiquen como menores, lo que hace temer a las asociaciones y al Defensor del Pueblo que haya una realidad oculta: v¨ªctimas de trata menores en situaci¨®n de extrema vulnerabilidad que no son detectadas por las autoridades y que despu¨¦s acaban en clubes en los que acaban siendo invisibles para siempre.