Evitar el choque

Sin duda, una de las tareas m¨¢s complejas del juez ante dos intereses en conflicto es determinar cu¨¢l de ellos ha de prevalecer y, en su caso, dictar la regla de acuerdo con la cual ambos intereses han de quedar conjugados. Esta tarea adquiere un grado superior de dificultad cuando se trata de un inter¨¦s particular y otro de car¨¢cter general.

Plantear el caso como la prevalencia de un modelo general de educaci¨®n sobre el inter¨¦s singular de un ciudadano menor de edad o al contrario puede resultar f¨¢cilmente expuesto desde los medios de comunicaci¨®n. Sin embargo, este no puede plantearse como el caso de ¡°un menor versus la pol¨ªtica ling¨¹¨ªstica de la Generalitat¡±. Ni menos al contario.

Ha de componerse una regla que evite el choque. Y esto es lo que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a: reconocer el derecho singular a elegir la lengua vehicular de educaci¨®n de un menor distinta a la establecida con car¨¢cter general, pero siempre y cuando se aleguen por los ciudadanos motivos serios y leg¨ªtimos, valorados por el tribunal como aceptar la excepci¨®n.

La soluci¨®n cabe entenderla equilibrada. Desde luego, obliga a cada ciudadano a comparecer ante los tribunales y alegar los motivos en base a los que pide ser sujeto de excepci¨®n. Sin embargo, obliga a algo m¨¢s y es a que el legislador sea sensible a la situaci¨®n, reaccione con celeridad y articule las normas legales oportunas en las que se prevean las causas con base en las cuales se pueda solicitar por los padres o tutores de los menores que su educaci¨®n sea en castellano, atendido su car¨¢cter de lengua cooficial del Estado. Es de esperar que la Administraci¨®n y el legislador sean sensibles y reaccionen para evitar que los ciudadanos tengan que sufrir un proceso judicial para hacer valer sus derechos.

Lorenzo Prats es catedr¨¢tico de Derecho Civil de la Universidad Aut¨®noma de Barcelona.