¡°No se atiende igual a personas con la misma dependencia¡±

C¨¦sar Ant¨®n (Palencia, 1957) ha sido cocinero antes que fraile: de su etapa como consejero en Castilla y Le¨®n conoce el proceder de las comunidades y ahora, como nuevo director del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), tambi¨¦n el del Gobierno. Y en la implantaci¨®n de la Ley de Dependencia la relaci¨®n entre ambas Administraciones ha sido un constante tira y afloja. El objetivo del Gobierno, explica, es que, a igual grado de dependencia, dos personas reciban el mismo servicio en cualquier lugar de Espa?a. Quiere unificar los criterios para el copago del usuario, fijar indicadores comunes para determinar lo que cuesta la dependencia en cada comunidad y primar la prestaci¨®n de servicios.

Pregunta. ?Se prev¨¦n recortes en dependencia y servicios sociales?

Respuesta. Las prestaciones sociales seguir¨¢n siendo la prioridad del Gobierno.

P. ?Por qu¨¦ est¨¢ paralizada la Ley de Dependencia?

R. Hay ritmos distintos por comunidades, cada una lo ha adaptado a sus circunstancias, pero, con respeto hacia ellas, han dado mejores resultados aquellas que han canalizado el desarrollo de la ley a trav¨¦s del sistema de servicios sociales. Sin embargo, hay diferencias en la aplicaci¨®n.

P. Esas diferencias permiten que haya ciudadanos de primera y de segunda a la hora de percibir las ayudas. ?Es tolerable?

R. Los ciudadanos tiene que ser iguales ante la ley. Hay que analizar c¨®mo se ha puesto en marcha la norma y la evaluaci¨®n de resultados y c¨®mo se reconduce en el futuro. Agua pasada no mueve molinos. Es verdad que hay sitios donde los procedimientos se alargan por causas achacables a las Administraciones. Hay que dar un impulso, reordenar el procedimiento, entre todos.

P. ?Y c¨®mo se reconduce?

R. Nuestro objetivo es que ante situaciones iguales de dependencia se d¨¦ un tratamiento igual en todo el territorio, porque a igual grado no se est¨¢ atendiendo de la misma forma. Tenemos, tambi¨¦n, que acordar c¨®mo se mide la capacidad econ¨®mica del usuario y unificar su aportaci¨®n econ¨®mica, que tampoco es igual.

P. ?Por qu¨¦ las comunidades siguen sin dar datos reales de lo que les cuesta la dependencia?

R. No hay una valoraci¨®n del coste porque no hemos fijado indicadores comunes para calcular esos costes. La ministra ha ofrecido la posibilidad de que se llegue a un acuerdo sobre la forma de medir la capacidad econ¨®mica del usuario y su aportaci¨®n al sistema para el conjunto del territorio. Y tambi¨¦n para determinar el coste de los servicios. Luego sabremos qui¨¦n aporta y cu¨¢nto. En los Presupuestos Generales del Estado se determina claramente la partida para la dependencia (nivel m¨ªnimo y nivel acordado, seguridad social, etc¨¦tera). ?Acaso existe ese detalle en los presupuestos de las comunidades aut¨®nomas?

¡°Hay sitios donde los procedimientos se alargan por las Administraciones¡±

P. Trascendi¨® la intenci¨®n del Gobierno de financiar a las comunidades seg¨²n el coste del servicio al ciudadano, y no de su grado de dependencia, como ahora.

R. El reparto de los cr¨¦ditos de los presupuestos del Estado debiera hacerse primando a las comunidades que prestan servicios frente a las que dan prestaciones econ¨®micas, porque es el esp¨ªritu de la ley. Hoy, para repartir los recursos se tienen en cuenta otras variables, como la extensi¨®n del territorio, pero lo m¨¢s importante deben ser los servicios que se presten y las personas atendidas. No puede ser que la poblaci¨®n pese m¨¢s en este reparto; en todo caso debe pesar la poblaci¨®n dependiente, la forma de atenderla y las personas atendidas.

P. ?Van a simplificar el baremo, el examen que fija el grado de dependencia de los ciudadanos?

R. No hay nada predeterminado,pero hay que reflexionar sobre su eficacia.

P. ?Ese baremo permite que entren en el sistema m¨¢s grandes dependientes de media que los que tienen otros pa¨ªses?

R. En la ¨²nica estimaci¨®n que se hizo en Espa?a se calcul¨® que habr¨ªa 205.000 personas con el mayor grado de dependencia y estamos en m¨¢s de 425.000, m¨¢s del doble. Las estimaciones nunca aciertan del todo, pero parece que estamos por encima de la media de la UE.

P. En el otro extremo est¨¢n los dependientes moderados, cuya atenci¨®n ha sido aplazada un a?o por el Gobierno. ?Cree que todos los dependientes moderados deben entrar bajo el paraguas de la dependencia?

¡°No hay valoraci¨®n del coste porque faltan indicadores para calcularlo¡±

R. Debi¨¦ramos hacer un an¨¢lisis entre todos para ver si muchas de esas personas no est¨¢n siendo atendidas ya de forma muy similar por los servicios sociales, porque antes de la ley ya se atend¨ªan esas necesidades.

P. Si se les saca de la ley, su atenci¨®n quedar¨¢ al arbitrio de las comunidades aut¨®nomas, porque una ayuda de los servicios sociales no se adquiere por derecho, ya que est¨¢n sujetas a la disponibilidad presupuestaria.

R. Yo no conozco que se haya dejado de atender a alguien que haya entrado a ser atendido en los servicios sociales. Las nuevas leyes de servicios sociales de las comunidades tambi¨¦n garantizan esa atenci¨®n por derecho.

P. Pero apenas hay tres comunidades con esas nuevas leyes.

R. Yo creo que cuatro o m¨¢s.

P. Pero se trata del acceso a las ayudas. ?C¨®mo se va a garantizar que tengan prestaciones en los servicios sociales cuando en algunos casos no se garantizan ni las ayudas que se conceden por la Ley de Dependencia?

R. No es solo el acceso, y siguen accediendo personas a los servicios sociales, sino tambi¨¦n las que ya est¨¢n atendidas. En Espa?a hay 451.366 usuarios de ayuda a domicilio, 165.294 plazas p¨²blicas de residencia de un total de 344.000. Aunque ha habido recortes presupuestarios, las comunidades y los Ayuntamientos han priorizado sus servicios sociales.

P. Un informe encargado por el Gobierno anterior determin¨® que el Imserso serv¨ªa de poco tal cual estaba. ?Para qu¨¦ sirve?

R. Ha sido siempre un referente en pol¨ªtica social y de mayores. Est¨¢ totalmente justificado para dar cohesi¨®n, como ocurre en sanidad

P. Pero la cohesi¨®n sanitaria existe sin un Imserso.

R. Porque se hizo una ley para ello... Pero el Imserso, entre otras cosas, se hace cargo de las pensiones no contributivas, por ejemplo. Es el responsable de garantizar que todos los meses se cobren esas pensiones.