Los abogados ven inconstitucional negar la asistencia al inmigrante

La Constituci¨®n espa?ola consagra el ¡°derecho a la protecci¨®n de la salud¡±. Varios estatutos auton¨®micos van m¨¢s all¨¢ y establecen la sanidad ¡°universal¡± o ¡°para todas las personas¡±. Tratados internacionales suscritos por Espa?a completan esa visi¨®n de la sanidad como un derecho humano, universal e igualitario. Este es el argumento con el que los colegios de abogados dieron ayer motivos para un posible recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto de Medidas Urgentes para la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que restringe la cobertura m¨¦dica a los inmigrantes en situaci¨®n irregular.

Ese punto colisiona directamente, seg¨²n el Consejo General de la Abogac¨ªa (que agrupa a todos los colegios) con la Carta Magna y con los Estatutos de Autonom¨ªa de Arag¨®n, Catalu?a, Pa¨ªs Vasco y Andaluc¨ªa. El Gobierno de esta ¨²ltima comunidad y tambi¨¦n el PSOE estudian la reforma sanitaria para determinar si invade competencias auton¨®micas y si incurre en inconstitucionalidad. No descartan recurrirla. El Ministerio de Sanidad, sin embargo, asegura que la ley est¨¢ muy estudiada y que no choca en absoluto con la Carta Magna.

El real decreto presenta varios problemas, seg¨²n el Consejo General de la Abogac¨ªa. El Gobierno tiene, seg¨²n la Constituci¨®n, potestad para aprobar normas con rango de ley ¡ªcomo la publicada la semana pasada en el BOE¡ª por razones de necesidad urgente. Sin embargo, esa potestad no permite afectar derechos fundamentales, como el derecho a la salud. ¡°Tampoco los estatutos de autonom¨ªa pueden ser modificados por un real decreto aludiendo a esa v¨ªa urgente¡±, explica Pascual Aguelo, presidente de la subcomisi¨®n de extranjer¨ªa del Consejo General de la Abogac¨ªa, que agrupa a 162.000 abogados.

Y alude a estatutos como el de Arag¨®n, que recoge en su art¨ªculo 14 que ¡°todas las personas tienen derecho a acceder a los servicios p¨²blicos de salud, en condiciones de igualdad, universalidad y calidad¡±.

El derecho a la salud est¨¢ recogido tambi¨¦n de manera expresa en el Estatuto de autonom¨ªa de Catalu?a, que tiene rango de ley org¨¢nica y que fue aprobado en 2006. El art¨ªculo 23 del Estatut se refiere expresamente a los ¡°derechos en el ¨¢mbito de la salud¡± y el primer p¨¢rrafo es muy claro cuando dice que ¡°todas las personas tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad y gratuidad a los servicios sanitarios de responsabilidad p¨²blica en los t¨¦rminos que establezcan las leyes¡±, informa Pere R¨ªos.

"El Estado tiene capacidad para alejar a una persona en situaci¨®n irregular pero si est¨¢ no puede desasistirle", dice un experto

En el Pa¨ªs Vasco concurre, adem¨¢s, el hecho de su especial sistema de financiaci¨®n, explica Juanjo ?lvarez, catedr¨¢tico de la Universidad del Pa¨ªs Vasco. ?lvarez, catedr¨¢tico de Derecho Internacional de la Universidad del Pa¨ªs Vasco, cree que en la manera de tramitar las reformas del Gobierno hay un ¡°menosprecio al valor normativo¡±. Este experto admite que el t¨ªtulo VIII de la Constituci¨®n permite al Ejecutivo legislar a base de decretos leyes, ya que le autoriza a modificar la legislaci¨®n b¨¢sica. Pero ?lvarez indica que esto es ¡°un se?uelo¡±, porque el propio Gobierno decide qu¨¦ es b¨¢sico, informa Emilio de Benito.

Ante esta ¡°clar¨ªsima intromisi¨®n en las competencias auton¨®micas¡±, a las comunidades solo les queda la posibilidad del recurso al Constitucional. ¡°No s¨¦ si el Gobierno central es consciente del alcance de la medida. A lo mejor aqu¨ª se decide que la sanidad y la educaci¨®n son prioritarias. El tema de la atenci¨®n a inmigrantes no se siente como un problema, y el real decreto restringe unilateralmente la capacidad normativa¡±, dice ?lvarez. Los estatutos ¡°hablan de ¡®todas las personas¡¯ y no todos los aragoneses o los catalanes...¡±, explica Aguelo, que recuerda que en el derecho a la salud no cabe la discriminaci¨®n. ¡°Cualquier persona que se encuentre en territorio espa?ol tiene derecho a la atenci¨®n sanitaria en id¨¦nticas condiciones. Otra cosa es hasta donde podemos llegar en esa atenci¨®n y m¨¢s ahora con una complicada situaci¨®n econ¨®mica. El Estado tiene capacidad para alejar a una persona en situaci¨®n irregular pero si est¨¢n en territorio espa?ol lo que no puede hacer es dejar de atenderle, desasistirle¡±, a?ade.

El PSOE y la Junta de Andaluc¨ªa estudia el decreto y no descartan recurrirlo al TC

El Consejo General de la Abogac¨ªa cree que la medida puede provocar, adem¨¢s, situaciones muy complicadas. ¡°Se est¨¢ condenando a la muerte a muchas personas, y si se produce cualquier situaci¨®n de ese tipo por falta de asistencia, el Estado responder¨¢ patrimonialmente y saldr¨¢ m¨¢s caro el remedio y la enfermedad. Existe el derecho a reclamar esa atenci¨®n m¨¦dica¡±, afirma el presidente de la subcomisi¨®n de Extranjer¨ªa del Consejo.

Sanidad, no obstante, asegura que la reforma no incurre en inconstitucionalidad. ¡°Respetamos todas las opiniones, pero este real decreto, como todas las normas que elabora el Gobierno, es sometido a los criterios de abogados del Estado y a la secretar¨ªa general t¨¦cnica que analizan el contenido de la ley¡±, dice la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas. ¡°En este caso han intervenido varios ministerios, como Presidencia, Sanidad y Justicia, que han analizado con detalle su contenido y dieron su visto bueno¡±, asegura.

El PSOE comparte la opini¨®n del Consejo de la Abogac¨ªa y cree que hay indicios de que el decreto ley incurre en inconstitucionalidad. ¡°Tambi¨¦n creemos que invade competencias jur¨ªdicas de las comunidades y de derechos universales¡±, explica Jos¨¦ Mart¨ªnez Olmos, portavoz de Sanidad de este partido. Por eso est¨¢ estudiando la reforma para determinar si cabe alg¨²n recurso. ¡°Estamos hablando de sanidad, una de las prestaciones m¨¢s importantes que tienen los ciudadanos¡±, dice Olmos, que asegura que el real decreto no solo invade competencias sino que tiene tambi¨¦n muchos agujeros pr¨¢cticos que perjudicar¨¢ a los ciudadanos. ¡°?Qu¨¦ pasar¨¢, por ejemplo, con el transporte sanitario urgente por avi¨®n entre las islas y la pen¨ªnsula?¡±.