20 ONG denuncian a Espa?a ante la ONU por el recorte de derechos
Aseguran que las medidas de austeridad derogan garant¨ªas legales de los derechos sociales
Una veintena de ONG han presentado hoy dos informes ante el Comit¨¦ de Derechos Econ¨®micos, Sociales y Culturales (Comit¨¦ DESC) de la ONU en los que se asegura que los derechos humanos se encuentran gravemente amenazados en Espa?a por las pol¨ªticas de recorte adoptadas en respuesta a la crisis econ¨®mica, adem¨¢s de alertar sobre la posible vulneraci¨®n de compromisos internacionales. Las ONG apuntan recomendaciones concretas orientadas a superar la actual situaci¨®n de crisis respetando estos compromisos.
El Comit¨¦ DESC, integrado por 19 expertos independientes, est¨¢ evaluando a Espa?a para ver si cumple con los compromisos adquiridos en el Pacto Internacional de Derechos Econ¨®micos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966, ratificado por el Estado espa?ol en 1977. En su examen, el organismo analizar¨¢ el informe de rendici¨®n de cuentas remitido por el Gobierno y estos dos alternativos presentados por las ONG, uno elaborado por Amnist¨ªa Internacional y el otro consensuado por una coalici¨®n de 19 organizaciones, como la Asociaci¨®n Espa?ola para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Coordinadora de ONG de desarrollo y el Centro por los Derechos Econ¨®micos y Sociales.
Las organizaciones destacan el deterioro en las condiciones de vida de la poblaci¨®n"
El informe elaborado por la coalici¨®n de ONG denuncia que el Estado espa?ol no est¨¢ protegiendo los derechos sociales. Seg¨²n el documento, las medidas de austeridad fiscal "no solo se limitan a la reducci¨®n de inversi¨®n social hasta extremos que afectan el contenido esencial de los derechos reconocidos en el pacto internacional, sino que para ajustarse al reducido margen presupuestario modifican y derogan garant¨ªas legales de los derechos sociales".
Las organizaciones destacan "el creciente deterioro en las condiciones de vida de gran parte de la poblaci¨®n y las importantes repercusiones que tendr¨¢n en el disfrute de los derechos humanos", la "elevada tasa de pobreza infantil" o "el enorme porcentaje de desempleo juvenil, de casi el 50%". Adem¨¢s, recuerdan el compromiso internacional de los estados de evitar los desalojos forzosos y, "en caso de que sea ineludible, la obligaci¨®n de los poderes p¨²blicos de garantizar un realojo adecuado".
En el mismo sentido se pronuncia Amnist¨ªa Internacional en su informe, en el que, adem¨¢s, "ve con preocupaci¨®n" los recortes en la sanidad p¨²blica, que, subraya, pueden "agravar la situaci¨®n y menoscabar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de la salud". As¨ª, recomienda al Ejecutivo que eval¨²e de forma "transparente" los efectos de los recortes en el disfrute del derecho a la salud, al tiempo que le pide que garantice que la Ley General de la Salud P¨²blica se aplica "plenamente" en todas las comunidades aut¨®nomas.
Respecto a la violencia machista, la organizaci¨®n asegura que desde que comenz¨® la crisis econ¨®mica, y especialmente en 2011, "determinadas" comunidades aut¨®nomas han limitado "considerablemente" la financiaci¨®n de los centros de mujer, los centros de urgencia residenciales y los refugios.
Por ello, insta al Gobierno a que las leyes que protegen a las v¨ªctimas se apliquen "plenamente" y que la crisis econ¨®mica no menoscabe ni esa garant¨ªa ni la disponibilidad de alojamiento seguro, rehabilitaci¨®n y otros servicios vitales.
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