Rezando contra el IBI

Los obispos espa?oles tienen motivos para estar alarmados. El Gobierno del Partido Popular est¨¢ de su parte, pero los Ayuntamientos han empezado a rebelarse contra el privilegio del que goza la Iglesia cat¨®lica y que supone una merma no peque?a para las arcas municipales y una injusticia flagrante en relaci¨®n con el resto de los ciudadanos que pagan sus impuestos, concretamente el IBI (impuesto de bienes inmuebles), por ejemplo, por las casas que habitan aunque obviamente en ellas no se realice ninguna actividad econ¨®mica lucrativa.

Protegida por los arcaicos lazos de connivencia con el poder terrenal, la Iglesia cat¨®lica est¨¢ exenta en Espa?a de pagar el IBI por hasta tres leyes diferentes: el acuerdo econ¨®mico firmado con el Vaticano en 1979, la Ley de Haciendas Locales y la Ley de Mecenazgo. En base a ellas, los incontables inmuebles adscritos a la Iglesia cat¨®lica, incluso aquellos en los que residen con tanto oropel muchos obispos, no pagan el IBI. Europa Laica estima que cada a?o los municipios dejan de recaudar 700 millones de euros de la Iglesia por este concepto en toda Espa?a; una cifra que la Conferencia Episcopal reduce a 100 millones, si bien esta instituci¨®n no se ha mostrado hasta ahora proclive ni a airear sus cuentas ni a contar toda la verdad ¡ªcuando no a retorcerla¡ª ni, menos a¨²n, a pagar.

El Ayuntamiento de Madrid, regido entonces por el actual ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallard¨®n, ya protest¨® en noviembre pasado por todo ese dinero que la Iglesia (y otras instituciones, de servicio p¨²blico, como cuarteles o c¨¢rceles) no ingresaba en las arcas municipales. Ahora, con la crisis en su momento ¨¢lgido, varios Ayuntamientos se han sumado a la rebeli¨®n: Zaragoza, Alcal¨¢ de Henares, San Sebasti¨¢n de los Reyes... Sin embargo, un peque?¨ªsimo municipio orensano, Amoeiro (2.300 habitantes), es el primero que le ha exigido formalmente el pago y amenaza con la v¨ªa ejecutiva. El obispado, por supuesto, ya ha dicho que no tiene intenci¨®n de aflojar el bolsillo.

Tienen raz¨®n los obispos en alegar que la ley est¨¢ de su parte. Por eso, es imprescindible cambiarla y no es de recibo que el PSOE intente ahora ponerse a la cabeza de la manifestaci¨®n cuando tuvo ocho a?os de Gobierno para hacerlo. No solo no recort¨® ninguno de los anacr¨®nicos privilegios de la Iglesia, sino que la compens¨® elevando el porcentaje del IRPF del que procede una parte sustancial de su presupuesto a cambio de tener que pagar el IVA, una exenci¨®n con la que termin¨® no el Gobierno socialista, sino la Comisi¨®n Europea.

La batalla del IBI debe seguir adelante. Es verdad que una parte de la Iglesia cat¨®lica realiza una actividad social encomiable, pero el nivel de privilegios y subvenciones p¨²blicas (6.000 millones anuales, seg¨²n diversos c¨¢lculos, de los cuales del IRPF provienen 248,3) es desmedido y contrario a lo que debe ser una instituci¨®n moderna basada en la fe y sustentada por sus fieles. No lo dicen los laicistas. Lo dice la propia Iglesia en ese mismo acuerdo de 1979 al que se acoge para no pagar: ¡°La Iglesia cat¨®lica declara su prop¨®sito de lograr por s¨ª misma los recursos suficientes para la atenci¨®n de sus necesidades¡±, momento a partir del cual, dec¨ªa el tratado, se cambiar¨ªa el sistema por el cual el Estado financia a la entidad.

Tres d¨¦cadas despu¨¦s, los obispos parecen haber desechado tal idea y, para colmo, utilizan argumentos falaces en la defensa de sus cuantiosas subvenciones. El presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio Mar¨ªa Rouco Varela, ha alegado en el debate del IBI que pagarlo ¡°ir¨ªa en detrimento de otras posibles acciones, como C¨¢ritas¡±. Se olvid¨® de mencionar que C¨¢ritas recibe el 35,11% de su subvenci¨®n tambi¨¦n del Estado, pero de manera independiente. De la Iglesia apenas si le llega el 2% de su presupuesto.

Intentar enga?ar no es propio de un cardenal y es una f¨®rmula infalible para seguir perdiendo adeptos.