El sistema de dependencia ha perdido 4.800 usuarios

Los datos de agosto sobre dependencia enviados por las comunidades aut¨®nomas al Gobierno no dejan lugar a dudas: el sistema sigue retrocediendo, es decir, cada vez hay menos dependientes atendidos. El mes pasado se han perdido 4.811 personas, cuando normalmente la estad¨ªstica siempre crec¨ªa, bien que lentamente. Todas las comunidades, menos dos, Galicia y Extremadura, registran una ca¨ªda en sus cifras.

Que haya casi 5.000 personas menos registradas significa que el sistema est¨¢ parado, la gente va muriendo y esas bajas no se cubren. Pero no es por falta de demanda, porque a¨²n hay 239.000 personas con derecho a una ayuda, la que sea, que siguen esperando a que les sea concedida. Esa lista de espera, lo que se ha dado en llamar el limbo de la dependencia, preocupa desde hace a?os porque estaba estancada, siempre cercana a las 250.000 personas. Ahora, sin embargo, est¨¢ bajando: el mes de julio hab¨ªa 242.349 personas esperando; en agosto, 3.252 menos. Pero este dato, que deber¨ªa ser una buena noticia, tiene una interpretaci¨®n m¨¢s amarga. Adolece del mismo mal que el resto del sistema, la par¨¢lisis: si las comunidades no tienen capacidad de gesti¨®n, los muchos ancianos que aguardan por una ayuda se van muriendo sin que esta llegue. Cabe pensar que ah¨ª radica ese descenso del limbo.

El ahogo econ¨®mico al que se ven sometidas las comunidades tras los ¨²ltimos decretos anticrisis y los presupuestos estatales, que han retra¨ªdo cerca de 1.000 millones de euros al sistema, es lo que le faltaba a una ley que ya andaba sorteando zancadillas o sufr¨ªa la mala gesti¨®n de algunos territorios. Pero ahora el deterioro se agudiza, porque comunidades como Castilla y Le¨®n o La Rioja o el Pa¨ªs Vasco, siempre con las mejores calificaciones por el n¨²mero de personas atendidas y la agilidad de sus tr¨¢mites, salen muy perjudicadas con las ¨²ltimas medidas tomadas. Las tres registran un ingreso de dependientes negativo.

Los retoques que el Gobierno ha hecho a la ley, v¨ªa decreto, permit¨ªan aventurar unas cifras como las que ahora se presentan. Las comunidades tienen dos a?os para resolver el expediente de los usuarios, cuando antes se penalizaba que sobrepasaran los seis meses. Es tanto como paralizar legalmente el desarrollo de la ley.