La p¨®liza de Mato no cubrir¨¢ los medicamentos de los sin papeles

La v¨ªa abierta ideada por el Ministerio de Sanidad para permitir que los inmigrantes en situaci¨®n irregular, previo pago de una p¨®liza, puedan acceder de nuevo a la red p¨²blica sin que se les facture la atenci¨®n consiste en una cobertura de segunda categor¨ªa. La oferta se limita a la cartera b¨¢sica de servicios, lo que deja fuera el transporte sanitario o las pr¨®tesis externas (sillas de ruedas, cors¨¦s). Pero tambi¨¦n cualquier tipo de ayuda en la compra de medicamentos: quienes se acojan a esta opci¨®n deber¨¢n pagar el 100% de su coste.

Esta puerta de atr¨¢s es la f¨®rmula que el Gobierno pretende ofrecer para que puedan volver a ser atendidos todos aquellos inmigrantes sin papeles que, desde este mes, han perdido el derecho a contar con su tarjeta sanitaria debido a la reforma impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado mes de abril. Uno de los aspectos m¨¢s relevantes de esta medida es la restricci¨®n al acceso de la sanidad a los extranjeros sin permiso de residencia (excepto las urgencias, el parto y la atenci¨®n pedi¨¢trica). El nombre de esta repesca a la baja es Convenio especial de prestaci¨®n de asistencia sanitaria a personas que no tengan condici¨®n de aseguradas ni beneficiarias del sistema nacional de salud, y est¨¢ previsto que su ¨²ltimo borrador, al que ha accedido este diario, se apruebe en la reuni¨®n del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se reunir¨¢ el pr¨®ximo mi¨¦rcoles 3 de octubre.

El mecanismo descrito en este documento es similar al de un seguro sanitario privado. Mediante el pago de una p¨®liza de 710 euros anuales para las personas hasta 64 a?os (59,2 mensuales) y 1.864,8 euros a partir de los 65 a?os (155,4 al mes) se reconoce el acceso a ¡°las prestaciones de la cartera com¨²n b¨¢sica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud¡±. El Ministerio define este paquete b¨¢sico de la atenci¨®n sanitaria como todas aquellas actividades de prevenci¨®n, diagn¨®stico, tratamiento y rehabilitaci¨®n que tienen lugar en los centros sanitarios y sociosanitarios; adem¨¢s del transporte sanitario urgente.

Ello supone que, a pesar de abonar las cuotas mensuales, las personas que se acojan a esta posibilidad deber¨¢n pagar el coste ¨ªntegro de los servicios incluidos en la cartera suplementaria y de los servicios accesorios sanitarios. A la primera categor¨ªa pertenecen las prestaciones farmac¨¦uticas extrahospitalarias, as¨ª como las pr¨®tesis externas, los productos diet¨¦ticos y el transporte sanitario no urgente. En todos estos casos, Sanidad ha revisado el copago (como es el caso de los medicamentos) o tiene pendiente hacerlo. Nada de ello afectar¨¢ a los inmigrantes que suscriban el convenio ya que no se les conceder¨¢ ning¨²n tipo de subvenci¨®n. Ni siquiera la menor, que comporta asumir el 60% del precio. Lo mismo suceder¨¢ con los servicios accesorios: rehabilitaci¨®n, psicoterapia y todos aquellos que se prestan para mejorar una enfemedad cr¨®nica.

Para acogerse al convenio se requerir¨¢ al usuario no tener la condici¨®n de asegurado ni beneficiario del Sistema Nacional de Salud, as¨ª como estar inscrito en el padr¨®n de alg¨²n municipio espa?ol un a?o antes de la fecha de solicitud.

Esta soluci¨®n restrictiva formulada por el Ministerio de Sanidad llega mientras la mayor parte de las autonom¨ªas gobernadas por el PP (Madrid, Comunidad Valenciana, Arag¨®n, Baleares, Castilla y Le¨®n) est¨¢n facturando o se disponen a facturar cada acto sanitario que presten a los inmigrantes en situaci¨®n irregular. La p¨®liza ser¨ªa la ¨²nica forma de evitar recibir una reclamaci¨®n de cobro por cada acto sanitario en la red p¨²blica. Sin embargo, no parece una medida a la altura de la capacidad adquisitiva de la poblaci¨®n a la que se dirige. La mayor¨ªa de los inmigrantes sin papeles apenas cuentan con ingresos (si tuvieran un contrato podr¨ªan acceder a un permiso de residencia, regularizarse y acceder a la tarjeta sanitaria). Por ello, a Josep Basora, presidente de la Sociedad Espa?ola de Medicina Familiar y Comunitaria, le parece ¡°una barbaridad¡± solicitar estos m¨¢s de 700 euros anuales (como m¨ªnimo).

Basora recuerda que la primera intenci¨®n de Sanidad fue contar con ellos y las organizaciones no gubernamentales para encargarles la asistencia sanitaria a la poblaci¨®n excluida por las medidas del Gobierno. Aquella especie de C¨¢ritas sanitaria, a la que se negaron tanto m¨¦dicos como ONG, ha acabado siendo un modelo de sanidad descafe¨ªnada. Y eso para los que puedan pagar.