?Oportunidad de todos o beneficio para pocos?
Nadie duda de que la administraci¨®n de nuestro litoral exige mejoras sustanciales. Los resultados de una m¨¢s que desafortunada gesti¨®n p¨²blica han provocado la p¨¦rdida de casi la mitad del capital natural que suponen unos ecosistemas saludables. Y estos constituyen, no lo olvidemos, la base f¨ªsica de una parte importante de nuestra econom¨ªa. Por esta raz¨®n, y porque se trata de bienes y de asuntos de naturaleza p¨²blica, cualquier modificaci¨®n de la vigente Ley de Costas, o nuevas aportaciones de la anunciada ley de Protecci¨®n y Uso Sostenible del Litoral, genera justificadas expectativas. Es l¨®gico, por tanto, que interese, y mucho, el borrador del anteproyecto de ley que el Ministerio de Agricultura, Alimentaci¨®n y Medio Ambiente ha dado a conocer hace unos d¨ªas. De todas formas, no estoy seguro de que una crisis econ¨®mica como la que atravesamos sea el mejor contexto para abordar una iniciativa de este tipo. En cualquier caso, despu¨¦s de varias y atentas lecturas me surgen algunos comentarios de ¨ªndole ambiental, social, econ¨®mica y de gobernanza.
En primer lugar, y exceptuando las facultades atribuidas al delegado del Gobierno para intervenir ante actuaciones que amenacen la integridad del Dominio P¨²blico Mar¨ªtimo Terrestre (DPMT), el texto no destaca por medidas innovadoras, o ambiciosas, en lo que concierne a la protecci¨®n, conservaci¨®n y recuperaci¨®n de ecosistemas litorales. Hay temas que deber¨ªan ser tratados e incomprensiblemente fueron ignorados. La ejecuci¨®n de las demoliciones de miles de segundas residencias ilegales en el DPMT, o en la Zona de Servidumbre de Protecci¨®n (ZSP), por ejemplo, reclama actuaciones decididas por parte del legislador. Igual que criterios e incentivos para recuperar o restaurar parte, al menos, del litoral perdido o degradado en las ¨²ltimas d¨¦cadas. Tampoco entiendo que las consecuencias previsibles del cambio clim¨¢tico hayan sido ignoradas de forma absoluta.
Las concesiones a 75 a?os parecen una privatizaci¨®n de hecho del dominio p¨²blico
Desde una perspectiva social, claro que estoy de acuerdo con aumentar la seguridad de las relaciones jur¨ªdicas entre personas e instituciones; y en este objetivo, el control de los Registros de la Propiedad desempe?a un trascendental papel. La transparencia y la informaci¨®n a los usuarios de estas relaciones son mecanismos que aplaudo. Pero no tengo tan clara la bondad de los nuevos criterios aportados para delimitar el deslinde del DPMT. Da la impresi¨®n de que el texto ha sido redactado para favorecer solo a unos determinados grupos de inter¨¦s, y no para reforzar la protecci¨®n y el uso p¨²blico de los bienes del DPMT.
Respecto a la dimensi¨®n econ¨®mica, no hay duda del especial trato dado en el texto de la reforma. Solo el hecho de que las concesiones sean otorgadas por 75 a?os, es decir, a tres generaciones vista, es buena muestra de su perfil e intenci¨®n. Este plazo es, a todas luces, un exceso, y se parece bastante a una privatizaci¨®n de hecho del DPMT. Por cierto, una vez que sean aplicados los nuevos criterios para el deslinde del DPMT y sean excluidas bastantes instalaciones y edificios, ?qui¨¦n pagar¨¢ las obras de su defensa costera?, ?y qui¨¦n pagar¨¢ los da?os ocasionados por el mar a esas mismas edificaciones?
Por otro lado, resulta preocupante un hecho en particular: en el borrador tampoco se trata la gobernanza de un ¨¢mbito tan conflictivo. Porque conviene recordarlo: el litoral es antes que nada un espacio geogr¨¢fico donde las tres escalas de la Administraci¨®n p¨²blica, local, auton¨®mica y estatal, est¨¢n implicadas debido a que las competencias se encuentran repartidas. Y tampoco el litoral coincide con los l¨ªmites del DPMT, aunque este sea su columna vertebral. Si por algo se caracterizan las modernas leyes de gesti¨®n integrada de ¨¢reas litorales (GIAL) es porque se centran en la organizaci¨®n, coordinaci¨®n y cooperaci¨®n de instituciones.
Por eso tenemos que pensar cu¨¢l es la manera m¨¢s adecuada de relacionar, sobre todo, a la Administraci¨®n general del Estado y a las comunidades aut¨®nomas. No puede olvidarse que algunas (Catalu?a y Andaluc¨ªa, por ejemplo) ya ostentan competencias trascendentales del DPMT. Y porque no sobran, m¨¢s bien todo lo contrario, foros o lugares de encuentro para el di¨¢logo y la b¨²squeda de consensos. Tambi¨¦n estoy convencido de que la norma de gesti¨®n del litoral deber¨ªa tener presente los instrumentos m¨¢s apropiados para una gesti¨®n p¨²blica moderna y eficiente. En otros pa¨ªses es absolutamente normal contar con pol¨ªticas expl¨ªcitas, instituciones apropiadas, estrategias acordadas, planes y programas de gesti¨®n integrada del litoral, etc¨¦tera (v¨¦anse, por ejemplo, los casos de Francia, EE UU, Canad¨¢, Australia, Nueva Zelanda, Sud¨¢frica, etc¨¦tera). Lo anterior no puede olvidar que la informaci¨®n y la participaci¨®n p¨²blica son prueba fehaciente de una administraci¨®n democr¨¢tica, moderna y transparente. Para esta tarea, de nuevo conviene inspirarnos en pa¨ªses con mucha m¨¢s trayectoria que la nuestra en este tipo de instrumentos. ?O es que vamos a seguir gestionando el litoral de Espa?a sin pol¨ªtica espec¨ªfica, sin espacios de encuentro institucional, sin instrumentos de gu¨ªa, sin instituciones apropiadas y sin participaci¨®n de los agentes sociales como hasta la fecha?
Si el borrador propuesto finalmente marca la estructura y el contenido de una futura ley para la gesti¨®n del litoral, presumo que esta no mejorar¨¢ la protecci¨®n y recuperaci¨®n de los ecosistemas litorales, no tendr¨¢ capacidad para afrontar temas nuevos o esenciales, no facilitar¨¢ la gobernanza en un ¨¢mbito tan problem¨¢tico y no modernizar¨¢ nuestro obsoleto, pero sobre todo ineficaz, modelo de gesti¨®n p¨²blica. L¨¢stima que no se haya inspirado en el Protocolo para la Gesti¨®n Integrada de Zonas Costeras del Mediterr¨¢neo, ratificado en 2010 por nuestro Rey y en vigor en Espa?a desde hace m¨¢s de un a?o (BOE 70 del 23 de marzo de 2011).
Por los argumentos expuestos, creo que la futura ley del litoral, adem¨¢s de preocuparse por la propiedad e inter¨¦s privado y las facilidades para la actividad econ¨®mica de algunos grupos favorecidos, deber¨ªa poner m¨¢s ¨¦nfasis en procurar f¨®rmulas para un uso racional y p¨²blico del patrimonio com¨²n. En caso contrario, ser¨ªa una oportunidad perdida para todos aunque beneficiara solo a unos pocos.
Juan M. Barrag¨¢n Mu?oz es catedr¨¢tico de Gesti¨®n Integrada de ?reas Litorales de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales de la Universidad de C¨¢diz.
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