Uruguay, cuarto pa¨ªs latinoamericano que legaliza el aborto

La decisi¨®n del senado uruguayo de permitir el aborto en las 12 primeras semanas de gestaci¨®n convierte al pa¨ªs en el cuarto de Latinoam¨¦rica que lo despenaliza sin que la mujer tenga que alegar ning¨²n supuesto. Antes lo hab¨ªan hecho Cuba (en 1965), Guyana (1995) y, en M¨¦xico, el Distrito Federal. En Puerto Rico la ley te¨®ricamente proh¨ªbe el aborto que no est¨¦ indicado por un m¨¦dico para proteger la salud de la embarazada. Sin embargo, esa ley contraviene un dictamen del Tribunal Supremo de EE UU que es de aplicaci¨®n tambi¨¦n en la isla al afectar a derechos fundamentales, con lo cual el aborto de facto est¨¢ legalizado.

Para que la iniciativa se convierta en ley en Uruguay solo falta ahora la ratificaci¨®n del presidente M¨²jica, que dijo que no se opondr¨ªa a su promulgaci¨®n si el legislativo lo aceptaba. Sin embargo, aunque ese es el titular, cuando una mujer quiera abortar en el pa¨ªs suramericano tiene que comparecer ante un tribunal integrado por un ginec¨®logo, un experto en salud mental, un especialista en el ¨¢rea social, explicar los motivos que la llevan a interrumpir el embarazo, reflexionar cinco d¨ªas, y volver a comparecer para explicar su decisi¨®n.

Mucho m¨¢s restrictiva es la legislaci¨®n en la vecina Argentina. Desde 1920 el c¨®digo penal permite interrupciones voluntarias del embarazo en caso de peligro para la vida o salud de la madre o si el embarazo proviene de una violaci¨®n. Hasta el pasado marzo, las embarazadas por una violaci¨®n o con alguna discapacidad mental o las menores de edad deb¨ªan pedir permiso a la justicia, pero desde entonces la Corte Suprema determin¨® que no era necesario el tr¨¢mite.

En M¨¦xico cada Estado cuenta con su C¨®digo Penal y todos permiten el aborto en caso de violaci¨®n. En 2007 la Asamblea de la capital aprob¨® que las mujeres puedan abortar en cualquier supuesto hasta la duod¨¦cima semana de gestaci¨®n y puedan acceder al servicio gratuito en hospitales de la secretar¨ªa de Salud.

En Colombia el Congreso se ha mostrado dividido frente a la sentencia de la Corte Suprema que en 2006 declar¨® no punibles los abortos, en caso de que el embarazo sea por violaci¨®n, que el feto presente malformaciones o que la vida de la embarazada o del feto corran peligro. Los opositores de la interrupci¨®n del embarazo en el Legislativo promueven actualmente una campa?a de recolecci¨®n de firmas para que por medio de referendo los colombianos decidan si la pr¨¢ctica debe ser penalizada, mientras, los defensores del aborto buscan que la Constituci¨®n lo reconozca como un derecho en casos autorizados.

En Bolivia, el C¨®digo Penal sanciona con c¨¢rcel de dos a seis a?os a quien practique el aborto sin consentimiento de la mujer o a una menor de 16 a?os, y de uno a tres a?os si existe la autorizaci¨®n. Sin embargo, las leyes bolivianas permiten que el embarazo sea interrumpido en casos de violaci¨®n, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto o cuando la vida de la mujer est¨¢ en peligro, aunque en todos los casos hace falta una autorizaci¨®n judicial.

En Paraguay, Per¨², Venezuela y Ecuador el aborto es ilegal a excepci¨®n de casos en los que el embarazo ponga en peligro la vida o la salud de la mujer, mientras que en otras situaciones la ley castiga con prisi¨®n tanto a las mujeres como a los m¨¦dicos que incurran en esta pr¨¢ctica.

Chile, junto a Surinam, son los ¨²nicos pa¨ªses suramericanos que castigan la interrupci¨®n del embarazo en todos los casos, y durante 2012 el Senado chileno ha rechazado tres proyectos de ley que buscaban reponer el aborto terap¨¦utico, suprimido en 1989, en los ¨²ltimos d¨ªas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). A ellos se suman pa¨ªses centroamericanos y del Caribe donde el veto es total: El Salvador, Hait¨ª, Honduras, Nicaragua y Rep¨²blica Dominicana.